El martes funcionarios judiciales, acompañados por unos 50 gendarmes, desalojaron la sede de la seccional Corrientes del Sindicato Obrero Marítimos Unidos (SOMU) para concretar su intervención, dispuesta por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral.
La orden impartida por el titular del Juzgado Federal 6 de la Capital Federal fue ejecutada por el juez federal de Corrientes, Carlos Soto Ávila, en la sede del SOMU, ubicada en la calle Caá Guazú al 300 de la capital provincial.
La seccional de Corrientes era considerada “el último bastión del Caballo Suárez” luego de que en febrero de este año Canicoba Corral dispusiera la intervención del SOMU a nivel nacional en la causa iniciada en el 2014 por “entorpecimiento” del transporte marítimo y fluvial en favor de navieras presuntamente vinculadas al ex titular del sindicato.
El desalojo de la sede sindical y la obra social del SOMU se realizó sin resistencia gremial, del sector encabezado en Corrientes por el secretario general Juan Nicolás Fuentes. “Nos ajustamos a derecho y vamos a ser respetuosos de la Justicia”, dijo entonces Fuentes a Telam.
Ahora la sede correntina del SOMU está a cargo de los delegados Griselda Rios y Diego Francisco Macías, designados por la interventora Gladys González con autorización del juez Canicoba Corral.
Lo insólito es que el Juez le dio a Gonzalez, además de la posesión del gremio, la potestad sobre dos camionetas 4×4 del sindicato y hasta de un yate, de nombre “JAZMIN”, que es propiedad de la firma San Jorge Marítima, también investigada por supuestas irregularidades.
En Corrientes el SOMU registra unos 3.500 afiliados y otros 2.000 de los denominados “marineros golondrinas”, que no son tripulación permanente sino de temporada en los barcos.
“Esto perjudica a la familia marítima en el trabajo y en la salud, porque se registran inconvenientes en el rubro farmacia y desde el mismo 18 de febrero que se dictó la intervención comenzaron a llegar los telegramas de despidos”, dijo Fuentes.
Mientras tanto los dirigentes desplazados del SOMU, presentaron en Casación dos nuevos recursos, uno de ellos por la Obra Social y otro por el gremio. Los sindicalistas desplazados, ya sin el renunciado Suarez, piden la nulidad de la intervención, que se ajuste a derecho la situación y pase a manos del Ministerio de Trabajo, y que se reconozca a las autoridades asumidas el 14 de mayo, ya que esos comicios no fueron anulados.
