El Tribunal Oral Federal (TOF) de Jujuy resolvió posponer el comienzo de este debate tras un pedido de la defensa de los acusados para que se acumularan otras causas, la mayoría ya elevadas a juicio y dos en la etapa de instrucción, solicitud que hizo suya la fiscalía, informaron fuentes judiciales consultadas por Télam.
La acumulación pedida abarca tres causas por delitos de lesa humanidad de los que fueron víctimas trabajadores y vecinos del ingenio Ledesma (Burgos, Aredez y Bernard) pero también otras que comparten algunos imputados, entre otros aspectos comunes.
También la causa en etapa de instrucción contra el represor Juan Carlos Jones Tamayo, detenido en octubre de 2014 después de permanecer tres años prófugo y acusado por secuestros, torturas y desapariciones cometidas en Salta y Jujuy.
Otras causas a acumular son el tramo aún sin juzgar por crímenes de los que fueron víctimas trabajadores de mina Aguilar, un expediente por delitos cometidos contra la ex presa política Soledad López y otro, en instrucción, por abuso sexual contra víctimas del terrorismo de estado durante la última dictadura.
En cuando a las causas Burgos y Aredez, cuando en mayo de 2014 la Unidad fiscal para crímenes de lesa humanidad de Jujuy pidió su elevación a juicio, entre los imputados se encontraban el dueño del ingenio Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, y su ex administrador Alberto Lemos, además de represores miembros de fuerzas militares, de seguridad y penitenciarios, por los delitos de homicidio, privación ilegítima de la libertad y tormentos en perjuicio de 26 víctimas.
El juez de primera instancia y la Cámara Federal de Salta tuvieron por acreditado que Blaquier y Lemos proporcionaron a militares y policías jujeños camionetas con las que trasladaron a secuestrados.
No obstante, en marzo de 2015 la Sala IV de la Cámara Federal de Casación otorgó la falta de mérito al empresario y su ex administrador por considerar que no estaba acreditado que "los imputados se hubieran representado que los vehículos prestados serían utilizados por las fuerzas de seguridad para cometer las detenciones ilegales llevadas a cabo".
Sobre este sobreseimiento de la Sala IV recurrido por fiscalía y querellas aún debe pronunciarse la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
