La ministra de Interior británica, Amber Rudd, quedó este miércoles en el ojo del huracán y pidió que no se la llame "racista" luego de anunciar un polémico plan para exigir a las empresas publicar el número de trabajadores extranjeros que emplean en el Reino Unido, con el objetivo de que contraten más personal británico.
Rudd defendió su propuesta y negó que sea xenófoba, al tiempo que agregó que es sólo una más de las que están bajo consideración luego de que los británicos votaran en un referéndum en junio abandonar la Unión Europea (UE) en gran parte por el rechazo a la inmigración de ciudadanos del bloque comunitario.
La inmigración volvió a ser el tema clave en el día de clausura de la conferencia del gobernante Partido Conservador en Birmingham, en el centro de Inglaterra, donde Rudd anunció también nuevas restricciones a los estudiantes extranjeros, incluidas normas de visado en función de la calidad de la universidad o institución, así como un fondo de 140 millones de libras para el "control de los inmigrantes".
Las propuestas de la titular de interior del gobierno de la primera ministra Theresa May fueron cuestionadas por varios líderes empresariales de alto perfil, incluyendo las Cámaras de Comercio Británicas.
Josh Hardie, director general de la organización patronal británica (CBI), dijo que "en lugar de imponer más burocracia, el gobierno debería estar trabajando con las empresas. Tras el referéndum de la UE, necesitamos un enfoque de la inmigración que tanto apoya a la economía", apuntó.
"Las empresas no darán la bienvenida a nuevas restricciones a la inmigración altamente calificada de los socios comerciales más importantes de todo el mundo. Este es un momento en que necesitamos enlaces fuertes a nivel mundial para aprovechar las nuevas oportunidades después del referéndum", apuntó el líder empresarial.
Por su parte, Adam Marshall, director general la Cámara de Comercio Británica (BCC), según consigna The Guardian, dijo que ya que las empresas hacen mucho para capacitar a los trabajadores y buscar empleados locales: "No creo que deban ser penalizadas por la contratación en el extranjero cuando tienen habilidades y necesidades específicas".
El portavoz de Interior del Partido Laborista, Andy Burnham, atacó la propuesta al considerarla "divisoria, discriminatoria" y al crear "el riesgo" de generar "una verdadera hostilidad en los lugares de trabajo y en las comunidades".
