"La Sala IV utilizó para este fallo un doble estándar y pensamos por esta cuestión en la figura del prevaricato, por lo que evaluamos hacer una denuncia ante el Consejo de la Magistratura", dijo el presidente de esa asociación querellante en la causa, Luis Garay, en una entrevista que dio a Télam junto al abogado de la querella Pedro Orieta.
Garay explicó el "doble estándar" por el hecho de que en el fallo de ayer lunes la Sala IV resolvió separar a la jueza María Alicia Noli, cuando en el 2015 rechazó una recusación similar formulada en la misma causa por la defensa de uno de los acusados, el policía Roberto Díaz Cura, con idénticos argumentos.
La misma Sala IV recordó además que "en anteriores ocasiones y en el marco de otras causas ha mantenido la intervención de los señores jueces (José María) Pérez Villalobo y Noli en causas de lesa humanidad" cuando defensas de los imputados pidieron "su apartamiento" con argumentos del mismo tipo.
No obstante, en el fallo que también apartó al juez Juan María Ramos Padilla, esgrimió ahora un cambio de "circunstancias" que "comprometen la garantía de imparcialidad en lo que atañe a la integración global del tribunal, sin que ello se dirija de manera puntual contra ninguno de sus miembros", según adujeron en el fallo de ayer los camaristas Juan Carlos Gemignani, Gustavo M. Hornos y Mariano Hernán Borinsky.
“Lo que cambió es que Díaz Cura era un oficial de policía, por supuesto muy implicado como autor directo de crímenes de lesa humanidad, y ahora, cuando se trata de ex magistrados, la Sala IV falla en sentido contrario a como lo hizo el año pasado”, interpretó a su vez Garay.
El juicio oral y público de la Megacausa III por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura comenzó en agosto último con 14 acusados, entre ellos el ex juez federal Arturo Liendo Roca (fallecido) y el ex fiscal federal Santiago Olmedo de Arzuaga, además de militares, policías y represores civiles de la dictadura.
"Las defensas de los acusados no buscan imparcialidad sino impunidad. Sus intentos son recurrentes. Desde la elevación de la causa a juicio, en dos o tres años esto implicó al menos 55 incidentes, que se fueron resolviendo en un período de dos o tres años hasta llegar al juicio oral", describió.
Garay añadió que "la instrucción de esta causa llevó al menos 13 años y nosotros venimos desde hace 40 años reclamando justicia, junto a todos los familiares de desaparecidos y a todas las víctimas sobrevivientes" de la represión terrorista de Estado de la última dictadura.
Por su parte, el abogado Pedro Orieta dijo que la querella que representa trabajará "en dos líneas, una de denuncia, porque pensamos que hay prevaricato" y el juicio "no se debería haber interrumpido, en un fallo inédito en la historia de los juicios de lesa humanidad y en la historia procesal argentina".
"No se han ajustado los miembros de la Sala IV al Código Procesal Penal de la Nación, ni a su misma jurisprudencia", insistió Orieta, quien ayer por la tarde acudió junto a Garay a una audiencia de la Cámara Federal de Casación Penal en la que nadie les comunicó la destitución del Tribunal que juzgaba a los imputados de la
Megacausa III, resolución divulgada poco después por el sitio de información judicial CIJ.
En cuanto a la otra línea de acción, Orieta anunció que ya están "gestionando de manera urgente una audiencia con el Consejo de la Magistratura para manifestarle esta premura que tenemos de tener juicio, como lo venimos reiterando y lo dijimos en la audiencia que tuvimos ayer en la Casación". "En cualquier caso, nosotros no fuimos a la audiencia de ayer a defender al tribunal o a los jueces, sino a defender la necesidad de tener juicio", subrayó.
En el mismo sentido, Garay expresó que al Tribunal destituido por la Sala IV "lo designó la propia Cámara Federal de Casación Penal" y añadió: "Nosotros lo que pedimos
es que no se demore más el proceso judicial, que se conforme el tribunal a derecho y justicia, como lo venimos haciendo desde hace 40 años".
Entre otras críticas al fallo, dijo además que "no tiene en cuenta lo que implica volver un juicio a cero. Por más rápido que se elija un nuevo tribunal, implica volver a cero y ya se tomaron 15 testimonios de testigos víctimas, a los que se va a volver a revictimizar".
"Tampoco tuvieron en cuenta lo que significa todo esto para la declarada 'política de Estado' de continuar con los juicios de lesa humanidad, que fue ratificada en la reciente reunión de la Comisión Interpoderes" creada por la Corte Suprema para agilizar los juicios de lesa humanidad.
En este último aspecto, Orieta acotó que la sala IV "falló sin tener en cuenta la resolución de la Casación adoptada el 27 de septiembre de este año, en el marco de la reunión de la Comisión Interpoderes, en la que reconoce las demoras en los juicios y se adopta una serie de medidas para darles más celeridad".
Orieta dijo finalmente que la estrategia de demorar o impedir los juicios apunta a una "impunidad biológica o gerontológica", en las que los imputados "sigan muriendo en un situación de impunidad, no de inocencia".
De hecho, en septiembre de este año fallecieron sin sentencia dos de los imputados en la Megacausa III, el ex fiscal Liendo Roca, a los 80 años, y el oficial retirado del Ejército Cayetano Fiorini, a los 92".
