Al conocerse esta decisión, el beneficiario difundió una carta que le envió al ministro de Justicia, Germán Garavano, a quien le criticó que "cada vez que le es remitido un informe favorable a la reparación se niegue a concederla sin argumentos válidos, lo que casi es una obscenidad y falta de respeto por quienes sufrimos la persecución del Estado del que formamos parte".
"No quiero que un exiliado más tenga que dar tantas vueltas para recibir lo que le corresponde por derecho. Quiero que cada uno de ellos pueda ser reparado como dice la ley sin necesidad de tener un asesor letrado porque es oneroso para nuestra parte y ese servicio lo tendría que brindar el Ministerio de Justicia”, agregó.
El ingeniero químico Martín Solé (h), es hijo de un exiliado durante la última dictadura que luego fue director del Canal 3 de La Pampa y funcionario del Ministerio de Educación y de la Jefatura de Gabinete del presidente Carlos Menem. Tenía 4 años cuando su padre se exilió en Suecia y tiene actualmente 41.
En marzo pasado, la Sala V de la Cámara Federal Contencioso Administrativo reconoció su derecho al reclamar un resarcimiento por todo el tiempo que pasó fuera del país. Dicho fallo fue firmado por los jueces Pablo Gallegos Fedriani, Jorge Federico Alemany y Guillermo F. Treacy.
Solé regresó a la Argentina desde Suecia en 1984, cuando tenía 8 años, por integrar una familia que se vio obligada a dejar el país ante la existencia de un peligro real hacia la vida de su padre, sobre quien pesaba un pedido de captura por considerárselo miembro de Montoneros.
Este fallo fue apelado y pasó a la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, la Corte convalidó lo que dijeron los jueces de la Sala V de la Cámara Federal Contencioso Administrativo.
Solé forma parte de la Comisión de Exiliados Argentinos en Madrid (CEAM) y el jueves pasado le envió una nota al ministro Garavano:
“Quiero decirle que no es saludable para para nuestro pueblo que la Dirección de Asuntos Jurídicos a su cargo cada vez que le es remitido un informe favorable a la reparación se niegue a concederla sin argumentos validos, casi que es una obscenidad y falta de respeto por quienes sufrimos la persecución del estado del que formamos parte”, expreso con tono admonitor.
“Quiero advertirle esta situación como lo he hecho anteriormente porque las costas tendrán que erogarse del estado nacional como lo leerá en el fallo. Además, esto perjudica la agilización y el funcionamiento de los mecanismos instrumentados bajo la ley 24043 y por lo tanto corresponde acatarlas sin dilaciones innecesarias y onerosas que nos perjudican al conjunto”, reafirmó.
Finalmente, señaló que no quiere que “ni un exiliado más tenga que dar tantas vueltas para recibir lo que le corresponde por derecho”.
“Quiero que cada uno de ellos pueda ser reparado como dice la ley sin necesidad de tener un asesor letrado porque es oneroso para nuestra parte y ese servicio lo tendría que brindar el ministerio de Justicia. Los exiliados no vamos a desistir en recibir nuestra reparación por estos impedimentos con argumentos infundados emanados desde el abuso de autoridad”.
“Por esto lo convoco al dialogo con nosotros, necesitamos construir mecanismos amigables para resolver estas cuestiones de buena manera”, concluyó.
Solé vivió en Suecia entre los 4 y los 8 años. Sus padres, Miguel Solé y Cecilia Foltynek y dos hermanos, escaparon a Suecia al temer por su vida. El padre era empleado en Santa Rosa de la Casa de Gobierno provincial y en 1979 fue cesanteado porque, además de militar en el PJ, vendía en Santa Rosa una revista de temas políticos publicada en la Capital Federal.
El 10 de marzo de este año el fallo judicial encuadró su caso en la ley nacional que reconoce la condición de exiliado a aquellos argentinos que debieron alejarse del país durante la dictadura militar. Concebida originalmente para personas mayores de edad, la Corte Suprema hizo una lectura amplia de su texto y ahora incluye también a las personas que eran menores de edad al momento del exilio.
Actualmente Solé (h) está radicado en Turdera, partido de Lomas de Zamora, donde trabaja como perito judicial y para varias organizaciones no gubernamentales, especialmente aquellas que pelean contra el uso de agroquímicos tóxicos.
La ley 23.043 otorga una reparación patrimonial para las personas que hubieran sido puestas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional o por orden emanada de tribunales militares, durante la vigencia del estado de sitio entre el 6 de noviembre de 1974 y el 10 de diciembre de 1983, a los detenidos en Centros Clandestinos de Detención y a los que sufrieron libertad vigilada o arresto domiciliario. Asimismo, contempla un incremento para quienes hubieran muerto durante el cautiverio o sufrido lesiones gravísimas.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación realizó una interpretación “amplia” del término “detención” en la causa “Yofre de Vaca Narvaja” en la sentencia del 14 de octubre de 2004 y extendió el beneficio de la Ley 23.043 a “los hijos menores de edad de los perseguidos políticos que, como consecuencia de dicha persecución, hubieran debido exiliarse y ser criados en el exilio”.
Fue esta consideración la que le permitió a Martín Solé solicitar el acogimiento en los alcances de esa ley.
Fuentes: Telam, Perfil, La Arena y el Diario de La Pampa
