Con una movilización de aproximadamente 500 agentes policiacos y la activación de diversas divisiones de vigilancia aérea y marítima, las expresiones de repudio al ente fiscalizador, se llevaron a cabo en orden.
La Coalición Sindical —que representa a centenares de empleados públicos— denunció como antidemocrática, las circunstancias en las que se desarrolló la reunión de la Junta por no permitir la participación de la ciudadanía y por tratar de impedir cualquier manifestación de disidencia en su entorno.
Pedro Irene Maimí, presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT), declaró “la clase trabajadora puertorriqueña es la que a lo largo de estos años de debacle económica, ha tenido la mayor carga en el sostenimiento del aparato gubernamental mediante el pago de altas contribuciones e impuestos. No es justo que se cuadre esa caja de los bonistas a costa de los despidos, reducción de beneficios o mayores impuestos. No lo vamos a permitir, ya este pueblo ha sufrido por demasiados años esta crisis”.
El portavoz indicó “es un acto antidemocrático que la junta no permita la participación del pueblo en esa primera reunión que efectuó en Puerto Rico.
Contrario a lo que pasó en las dos reuniones previas de la Junta en Estados Unidos, aquí no permiten que la gente puede verle las caras. Nos les interesa conocer el sentir del pueblo. Hacer la reunión en la isla es un mero formalismo y ni siquiera permiten la expresiones de disidencia”, sostuvo Irene Maimí.
La Coalición exigió al superintendente de la Policía, José Caldero, que no impidiera el derecho democrático de libertad de expresión de quienes acudan a la manifestación.
“Caldero debe recordar que, precisamente, la Policía sigue bajo la supervisión de un monitor federal y establecer que la expresión pública se contenga en un lugar extremadamente distante del hotel de la reunión, es una violación a los derechos civiles de este pueblo”, señaló el de la Unión Independiente Auténtica (UIA).
