El Ejército y la Guardia Fronteriza de Myanmar “han castigado colectivamente a los rohingya” desde el pasado 9 de octubre, cuando hombres armados atacaron tres puestos de la policía en la ciudad de Maungdaw, ubicada en el estado occidental de Rajine, y mataron a nueve agentes, denunció el jueves el jefe del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en Bangladés, John McKissick.
El funcionario de la ONU acusó a las fuerzas de seguridad birmanas de “matar a hombres y niños” rohingya, además de “violar a las mujeres, saquear y quemar las casa” de esta minoría y obligarlos a cruzar el río hacia el país vecino de Bangladés.
Aunque sea difícil para el Gobierno de Bangladés recoger grandes números (de rohingyas), me parece que no hay otra alternativa, ya que la otra opción (para los musulmanes) es la muerte y el sufrimiento”, advirtió el jefe del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en Bangladés, John McKissick.
El alto funcionario de la agencia internacional acusó al Gobierno de Myanmar de querer continuar con sus atrocidades y expulsar a los musulmanes rohingya “hasta que alcance su objetivo final de limpieza étnica de la minoría musulmana” en este país del sudeste asiático.
“Aunque sea difícil para el Gobierno de Bangladés recoger grandes números (de rohingyas), me parece que no hay otra alternativa, ya que la otra opción (para los musulmanes) es la muerte y el sufrimiento”, advirtió McKissick.
En la misma jornada de jueves, Amnistía Internacional (AI) denunció que en la última semana los guardafronteras de Bangladés han arrestado y obligado a retornar a centenares de musulmanes rohingya que huían de Myanmar por las operaciones del Ejército en el noroeste de ese país.
"Las autoridades bangladesíes han reprimido el flujo de refugiados rohingyas y buscadores de asilo de Myanmar. En la última semana, los Guardias de Fronteras de Bangladés han detenido y devuelto forzosamente a centenares" de ellos, reza el comunicado de AI.
El Ejército birmano y los budistas extremistas de ese país protagonizan sistemáticamente actos violentos contra los musulmanes, que son considerados como inmigrantes ilegales bengalíes y no pueden obtener el estatus de ciudadanía por las autoridades de Myanmar.
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