El paso de Gladys Gonzalez por el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) será recordado por buen tiempo. Es que en su estadía, que se inició con la promesa de normalizar la herramienta gremial, dejó innumerables episodios cargados de polémicas y aún cuando su salida ya es un hecho, sigue generando capítulos jugosos.
Ahora la Diputada Nacional e interventora judicial del gremio, deberá enfrentar una denuncia ante la Oficina Anticorrupción. La presentación se debe al último nombramiento de la dirigente del PRO frente a la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (A.CU.MA.R.), con lo que ya suma tres cargos públicos en forma simultánea.
“La flamante Presidenta de la A.CU.MA.R ya ha aceptado el cargo y se encuentra en funciones, pese a que la Lic. González debió aguardar a que la Honorable Cámara de Diputados de la Nación o bien acepte la renuncia presentada, o bien otorgue permiso para desempeñar funciones en otros poderes del Estado, habida cuenta la evidente incompatibilidad existente entre su desempeño como integrante del Poder Ejecutivo Nacional con cualquier otra función de naturaleza legislativa, judicial o ejecutiva. Así queda evidenciada una manifiesta incompatibilidad legal en el ejercicio de TRES FUNCIONES PUBLICAS simultáneas”, sostiene la denuncia que Mario Morato, en su condición de Secretario a cargo de la Secretaría General, le presentó a la oficina que lidera Laura Alonso.
En el texto el gremialista señala que Gonzalez incurre “de hecho, en abandono de su cargo como interventora judicial del gremio, situándolo al mismo en un estado de indefensión absoluta de sus derechos e intereses”.
La situación es tal que, según pudo saber InfoGremiales, en una de las tantas cartas documento que los dirigentes gremiales le tuvieron que destinar a la blonda interventora hicieron tres copias con las tres direcciones de sus actuales cargos para garantizarse de que le llegue a destino.
Pero eso no es todo, es que apuntan a los evidentes conflictos de intereses “entre una funcionaria que por un lado administra un gremio -como interventora judicial, o sea como Auxiliar de la Justicia Federal- (que, como se sabe, es protagonista esencial en la instrumentación de la política naviera consagrada por el Decreto 1010/2004), hace lo propio con empresas privadas donde dicho gremio tiene participación, pero a su vez es legisladora nacional con mandato vigente e integra el Poder Ejecutivo Nacional nada menos que como Secretaria de Estado en una área (ACUMAR) que, además, tiene competencia naturalmente en la utilización de vías navegables en las que prestan servicios los mismos afiliados del SOMU”.
La situación de Gonzalez con la acumulación de tres cargos simultáneos rememora a la de María Julia Alsogaray cuando hace 26 años “se desempeñaba como Interventora de empresas públicas estatales (ENTel y SOMISA) y ocupaba cargos en el Poder Ejecutivo Nacional”. A sabiendas de esa situación y tras que un escribano corroborara su ausencia en el SOMU, Gladys Esther ya presentó su renuncia en Diputados, pero como todavía no fue tratada por la Cámara mantiene su cargo vigente.
Por la coyuntura, que Morato constató con un escribano y grafica con el “estado de abandono que, de hecho, exhibe la entidad gremial, cuyos efectos nocivos no sólo se proyectan sobre la vida institucional del sindicato, sino sobre los derechos de los trabajadores afiliados al mismo”, se le pide a Alonso que instruya acciones para investigar el patrimonio de Gonzalez, sus ingresos, su asistencia a los lugares de trabajo y la violación a la legislación vigente con la sumatoria de cargos.
