En 2014, Estados Unidos aplicó sanciones contra ciudadanos, empresas y sectores enteros de la economía rusa, a raíz de la crisis ucraniana y particularmente tras la anexión de la península de Crimea a Rusia. Dos años después, en diciembre pasado, Washington aplicó nuevas y duras sanciones contra Rusia y sus servicios de inteligencia.
El entonces presidente saliente, Barack Obama acusó a Moscú de haber intervenido en la campaña presidencial del año pasado, a través de un hackeo masivo a cuentas de email de líderes demócratas que terminó tiñendo la imagen de su candidata, Hillary Clinton y, según la CIA, buscó favorecer al republicano Donald Trump.
La medida evidenció el pronunciado cambio de ciclo que afronta la primera potencia mundial con la salida de Obama, un mandatario que mantuvo una difícil y tensa relación con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y la llegada de Trump, un magnate que repitió en varias ocasiones su admiración por el líder ruso.
Pese a que el oficialismo tiene mayoría en la Cámara alta, los senadores republicanos Lindsey Graham, John McCain y Marco Rubio, junto a los demócratas Ben Cardin, Sherrod Brown y Claire McCaskill, presentaron la Ley de Revisión de Sanciones de Rusia, con el objetivo de controlar las medidas restrictivas de Washington contra Moscú.
"Rusia no ha hecho nada para ser recompensada con el alivio de las sanciones. Proveer alivio en este momento enviaría la señal equivocada a Rusia y a nuestros aliados que se enfrentan a la opresión rusa", consideró Graham, un declarado detractor de la buena relación entre el presidente estadounidense y su par ruso, informó la agencia de noticias EFE.
Por su parte, McCain, otro de los republicanos más críticos con la posición de Trump con el gobierno ruso, manifestó que "el Congreso debe supervisar cualquier decisión que pueda afectar" a la capacidad estadounidense de responsabilizar a Rusia por "su flagrante violación del derecho internacional".
"Si Estados Unidos proporcionara alivio a Rusia sin un progreso verificable de los Acuerdos de Minsk, perderíamos toda credibilidad ante los ojos de nuestros aliados en Europa y en todo el mundo", agregó Cardin, haciendo referencia a los acuerdos de paz que firmó Kiev y Moscú, entre otros gobiernos, para poner fin al conflicto separatista en Ucrania.
"Desde la anexión ilegal de Crimea y la invasión de Ucrania por Rusia en 2014, el Congreso ha dirigido sus esfuerzos para imponer sanciones a Rusia. Tenemos la responsabilidad de ejercer una estricta supervisión sobre cualquier medida política que pueda aliviar las sanciones de Rusia", agregó el senador opositor.
Entre otras medidas, el proyecto de ley presentado por los senadores exige que la Casa Blanca "certifique" que Rusia puso fin a cualquier movimiento "destinado a socavar la paz, la seguridad, la estabilidad, la soberanía o la integridad territorial de Ucrania", antes de levantar cualquier sanción contra el Kremlin. Asimismo, el texto establece que el Ejecutivo de Trump debe haber verificado el cese de los "ataques cibernéticos (de Rusia) contra el gobierno de Estados Unidos y contra individuos estadounidenses".
Esta alianza coyuntural entre oficialistas y opositores estuvo provocada por el temor que genera en algunos sectores de ambas fuerzas la posición mucho más laxa que asumió Trump con el gobierno de Putin.
Pero no es sólo Trump. Su flamante secretario de Estado, Rex Tillerson, fue condecorado por el gobierno ruso hace unos años y, pese a que prometió mantener una posición firme durante sus audiencias de confirmación en el Senado, oficialistas y opositores temen que encabece un dramático cambio de política exterior con Moscú.
La preocupación de muchos sectores políticos en Washington creció especialmente luego de que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) acusó a Rusia de haber estado detrás del pirateo informático contra el Comité Nacional Demócrata y la campaña de Clinton el año pasado.
