El recurso contra la ley, aprobada el lunes pasado, fue presentado por las organizaciones Adalah y el Centro de Derechos Humanos y Asistencia Judicial de Jerusalén, que representan a 17 municipios palestinos de Cisjordania sobre los que están levantados algunos de los asentamientos.
La Ley de Regularización causó controversia no sólo fuera sino también dentro de Israel, y varias organizaciones israelíes defensoras de los derechos humanos ayer sostuvieron que era "inconstitucional".
También argumentaron que es legalmente problemático, ya que busca imponer la ley israelí sobre tierras ocupadas que no son territorio soberano y donde sus residentes palestinos no tienen ciudadanía ni derecho a voto.
"Esta ley amplia y peligrosa permite la expropiación de vastas extensiones de tierras privadas palestinas, dando preferencia absoluta a los intereses políticos de Israel", dijo Suhad Bishara, un abogado de Adalah, informó la agencia española de noticias EFE.
Esta ley es la última de una serie de medidas de línea dura por el gobierno israelí desde la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos.
En total, se legalizarían unas 3.900 viviendas construidas sobre tierras privadas palestinas, unas 800 en puestos avanzados no autorizados y el resto en asentamientos reconocidos.
Tras la aprobación de la ley, varias organizaciones israelíes de derechos humanos y civiles -entre ellas Yesh Din, Shalom Ajshav, Paz Ahora y ACRI-, manifestaron su intención de impugnar la ley en la máxima instancia judicial de Israel, por lo que se espera que los debates no comiencen hasta que todas sean presentadas.
En medio de una ola de críticas internacionales, el gobierno de Trump se mantuvo en silencio y espera a que Netanyahu visite la Casa Blanca la próxima semana.
