El equipo del Comité contra la Tortura de la CPM pudo constatar que los calabozos se encuentran inundados con aguas provenientes de letrinas rebalsadas y que todo el lugar está impregnado de un olor nauseabundo a materia fecal. Sin lugar a dudas, estas circunstancias acarrean un grave riesgo para las personas que deben permanecer en estos lugares.
Al momento de la inspección se encontraban dos personas a la espera de sus respectivos comparendos: al ser el calabozo de tribunales, hay personas en tránsito y permanente movimiento. En muchos casos los detenidos son obligados a esperar por tiempo indeterminado antes de comparecer ante sus jueces o defensores. Esto implica enormes riesgos de contraer enfermedades provocadas por el contacto con desechos cloacales o aguas servidas.
El estado precario en el que se encuentran esos calabozos refleja un trato denigrante e inhumano, propio del sistema penal, que se replica en todos los espacios de encierro. Sin embargo, como agravante de esta situación, se destaca que estos calabozos están en dependencias del Poder Judicial, que es el que debe controlar y garantizar la vigencia plena de las garantías para las personas privadas de libertad.
El Juzgado de Garantías 2 de Quilmes, a cargo del juez Martín Miguel Nolfi, rechazó el habeas corpus aunque reconoció lo planteado por la CPM y resolvió prohibir el tránsito de toda persona privada de su libertad que deba permanecer alojada en los calabozos, debiendo la autoridad policial habilitar pasos alternativos hacia y desde dichas celdas hasta que se disponga lo contrario. A su vez, requirió a la delegación de arquitectura departamental la elevación de un informe completo a la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental sobre las condiciones edilicias en pos de lograr una solución definitiva.
Preocupa que los funcionarios judiciales no conozcan, o toleren, estas graves violaciones a los derechos humanos. Si no fuera por la intervención de actores externos está situación seguiría silenciada o irresuelta. En el mismo edificio donde se asientan los tribunales se padecen estas situaciones aberrantes, no en cárceles lejanas sino a escasos metros de los despachos de los funcionarios. Y en las alcaidías pertenecientes al Poder Judicial los jueces tienen el poder de superintendencia sobre estos lugares, es decir, aun mayor responsabilidad.
La situación descripta no es un caso aislado: da cuenta de la grave situación estructural que padecen los privados de su libertad y que se expresa también en el sobrencarcelamiento provincial que ya alcanza las 40.000 personas alojadas en menos de la mitad de plazas penitenciarias. Esto no respeta estándares internacionales de derechos humanos, y los tres poderes del Estado son responsables.
La política criminal bonaerense se encuentra en estado crítico y no se promueven reformas estructurales tendientes a revertir esta situación. Por el contrario, las medidas que se adoptan agravan el sistema y violan los derechos humanos. En estas circunstancias el Poder Judicial debe asumir su rol de garante de los derechos constitucionales e intervenir con las atribuciones que la ley le otorga para lograr el cese de la ilegalidad.
