Riveros es juzgado junto al ex jefe del Servicio Clínica Médica del Hospital Militar de Campo de Mayo Raúl Martín, en tanto que el ex presidente de facto Reynaldo Bignone que también debía llegar a juicio oral, fue declarado incapaz de afrontar el proceso por razones de salud el pasado 6 julio.
El proceso, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 3, es una derivación de la investigación por el ya acreditado plan sistemático de apropiación de menores en el período de gobierno de la Junta MiIitar.
Riveros ya fue condenado en marzo por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de San Martín a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1977 en el Colegio Militar de la Nación contra conscriptos del servicio militar obligatorio.
Los casos que llegarán a este debate son los que correspondieron a los hechos que tuvieron como víctimas a Beatriz Recchia de García, Marcela Esther Molfino de Amarilla, María Teresa Trotta, Rosa Luján Taranto de Altamiranda, Celina Amalia Galeano, Paula Elena Ogando, María Cristina Cournour de Grandi, Ana María Lancilotto de Mena, María Eva Duarte de Aranda, Mónica Susana Masri de Roggerone y Valeria Beláustegui Herrera. De todas ellas, las únicas que recuperaron la libertad junto a sus hijos fueron Galeano y Ogando; en tanto, fueron restituidas las identidades a los hijos de las desaparecidas Recchia, Molfino, Trotta y Taranto.
Riveros llega acusado como autor de los delitos de sustracción, retención, ocultamiento de menores y de la supresión de sus identidades respecto de los hijos de diez mujeres y por las privaciones ilegales de la libertad agravadas y la aplicación de tormentos agravada en cuatro casos.
Por su parte, el médico Martín está imputado en carácter de partícipe necesario de las sustracciones, retenciones, ocultamiento de menores y supresión de sus identidades de los hijos e hijas de seis víctimas, y las privaciones ilegales de la libertad agravadas y la aplicación de tormentos agravados de ellas.
Según el informe "Nunca Más" de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP), en la guarnición militar de Campo de Mayo funcionaron dos centros clandestinos de detención: "El campito" o "Los Tordos", situado en la "Plaza de Tiro" y próximo al Campo de Paracaidismo, y un segundo lugar ubicado sobre la Ruta 8 frente a la Escuela de Suboficiales. En ese mismo informe se especificó que hasta mediados de 1977 los partos de las prisioneras embarazadas se producían en unos galpones, hasta que un médico opinó que no estaban dadas las condiciones mínimas para atenderlos en esos lugares. Por esa razón, fueron derivados al Hospital Militar situado dentro del predio, a una zona que se conocía como "Pabellón 1", una habitación de cinco metros cuadrados que había sido una cocina y finalmente se decidió utilizar las instalaciones principales del centro de salud.
Los testimonios reunidos en la instrucción coincidieron en que los alumbramientos se producían en la sala de partos y que luego las madres eran llevadas al área de epidemiología, donde permanecían con los ojos vendados y esposadas a la cama en una habitación, custodiadas por personal vestido de civil. Los niños eran llevados a la nursery y se les colocaba una tarjeta con la denominación "N.N.", sin que existiera registro de ellos ni de sus madres.
Campo de Mayo está ubicado dentro de lo que fue la zona IV que incluía cerca de una decena de partidos de Buenos Aires: San Miguel, Vicente López, Tres de Febrero, Pilar, Escobar, Tigre, San Fernando, General San Martín, Exaltación de la Cruz, Zárate, Campana y San Isidro.
