En un duro comunicado, Christian López, Secretario General de SUTCA tuvo fuertes cuestionamientos a la actualidad del sector y a la escasa injerencia del Estado -en todos sus niveles- frente a tan compleja realidad.
“…Sumadas la Ciudad de Buenos Aires y la provincia hay 983 empresas de seguridad privada habilitadas que emplean en la actualidad a 85.500 trabajadores. Desde ya que a esto hay que sumarles las empresas no habilitadas y los trabajadores en negro e incluso aquellos que si bien tienen una relación formal con su empleador no fueron dados de alta ante las autoridades correspondientes. Recuerden que los compañeros que realizan custodia de mercadería en tránsito van armados. Para fiscalizar existen en estas zonas dos sectores: en la Provincia de Buenos Aires la Oficina Provincial para la Gestión de Seguridad Privada y en la Ciudad de Buenos Aires la Dirección General de Seguridad Privada. Ambas con escaso personal y con aparente poca vocación para el control”. Del mismo modo expresó que tal orfandad de control no es sólo patrimonio de la CABA y la provincia de Buenos Aires “…el escaso o nulo cumplimiento de la legislación vigente es la razón por la cual mas de 2300 empresas del rubro que emplean a aproximadamente 150.000 trabajadores a nivel nacional no son ni siquiera el punto central del gravoso estado de situación del sector, por el contrario, mayor preocupación nos genera como organización gremial los considerables números de trabajadores informales que en las provincias del NOA y NEA adquieren cifras escandalosas. Incluso son responsables los Estados Provinciales y Municipales que son los principales empleadores”. En éste último punto López fue tajante al expresar que una cuota importante de responsabilidad por esta lamentable situación le cabía al gremio decano de la actividad,UPSRA, por su enorme inacción y/o complicidad durante años.
López, finaliza el público comunicado diciendo que: “Creo que la seguridad debe dejar de ser solo un tema electoral tratado livianamente y que se rija solo por las leyes del mercado. Definitivamente y de una vez por todas hay que tomar la cuestión con la seriedad que se merece. Y el control es fundamental. No puede tolerarse más que estas empresas conformen un Estado dentro de otro Estado y que cuenten con la libertad absoluta para hacer lo que quieran. Hablamos de una cantidad importante de trabajadores. De un porcentaje elevado de compañías no habilitadas, de trabajadores en la misma circunstancia y de una informalidad inaceptable para un sector tan sensible. En esto debe haber una fuerte decisión política al respecto. No hay más excusas. Los organismos controladores deben estar alejados de los intereses empresarios. Suena a chiste que en muchas provincias aún hoy las empresas de seguridad sean fiscalizadas por las policías locales. Resulta así que comisarios retirados son controlados por sus propios pares. También es vergonzoso que en aquellos organismos civiles de control haya un límite tan difuso entre los intereses empresarios y el deber del Estado de controlar. Nos gustaría que la justicia y la AFIP, que por estos días están tan activas y preocupadas en la vida de los sindicatos, muestren la misma celeridad en investigar y actuar sobre las innumerables y flagrantes irregularidades que ocurre en la actividad, que hasta los propios integrantes del directorio de la Cámara Patronal contratan personal en negro y poseen cooperativas de seguridad, figura que esconde una verdadera estafa laboral, que les quita derechos a los trabajadores y que posibilita la evasión de aportes patronales y la elusión de impuestos al fisco."
