“Voy a cumplir la orden de cárcel (...) y cada uno de ustedes se transformará en un Lula”, ha afirmado Lula da Silva al final de una misa en el Estado de Sao Paulo, sur de la capital Brasilia.
Según el exdirigente, su condena obedece al propósito de evitar el regreso de la izquierda al poder en las elecciones de octubre, en las cuales es favorito en los sondeos.
“Hace mucho tiempo que soñé que era posible gobernar este país incluyendo a millones de personas pobres en la economía, en las universidades, creando millones de empleos”, ha declarado Lula.
También ha recordado que su único crimen fue dar voz a los excluidos y exige al juez Sérgio Moro demostrar alguna prueba de la supuesta corrupción por la cual es procesado.
Voy a cumplir la orden de cárcel (...) y cada uno de ustedes se trasformará en un Lula”, ha afirmado el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.
El precandidato presidencial ha reiterado que no está por encima de la justicia, pero cree en “una justicia verdaderamente justa que tenga un proceso basado en pruebas concretas, pero no puedo admitir, que un fiscal que realizó una presentación de power point, diga que el Partido de los Trabajadores es una organización criminal y que Lula es el jefe”.
Lula, el líder más popular de Brasil, fue condenado por corrupción a nueve años de cárcel en primera instancia, una pena luego ampliada a doce años y un mes por un Tribunal Superior por supuesta corrupción asociada al caso Lava Jato y recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de contratos.
Varios jefes de Gobierno de América han enviado un mensaje de solidaridad a Lula, entre ellos, el expresidente de Ecuador Rafael Correa, quien ha recordado los 38 millones de brasileños que salieron de la pobreza durante el Gobierno del exmandatario de Brasil.
De igual manera, el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, mostró su apoyo al expresidente y calificó de ‘una injusticia que duele en el alma’ su encarcelamiento, mientras que otros políticos y activistas como el presidente de Bolivia, Evo Morales; la expresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner, y el activista de derechos humanos argentino Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, adoptaron la misma postura ante esta decisión.
