Según se consigna en la presentación de Amarc, dicho DNU dio lugar la denuncia contra el Estado argentino, “al disolver uno de los organismos creados por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA): el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (COFECA)”.
Ese Consejo tenía una función consultiva y de asesoramiento a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) en la elaboración de políticas para el sector y su conformación incluía una amplia representatividad de distintos sectores sociales y políticos.
Además, el COFECA debía designar a dos de los siete miembros de directorio de AFSCA (el encargado de la aplicación y fiscalización de la LSCA, así como también proponía dos miembros para el directorio del sistema de medios públicos del Estado RTA (Radio Televisión Argentina).
La disolución del organismo implicó la remoción de Enciso Riveros (miembro de FM En Tránsito), quien formaba parte del COFECA como uno de los tres representantes de los radiodifusores sin fines de lucro que preveía la LSCA.
Luego de agotar todas las instancias de reclamo en el ámbito nacional, AMARC decidió llevar el caso ante la Comisión Interamericana.
En la presentación ante la CIDH es, se denuncia al Estado argentino por “la violación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de las reglas y estándares que emanan de los organismos del sistema interamericano en materia de libertad de expresión, legalidad formal y no regresividad, así como del derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso”, explicó el abogado Damián Loreti, encargado de la denuncia.
El DNU 267/2015 generó importantes cambios a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) de 2009, sancionada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Además de la flexibilización de las reglas para evitar la concentración de medios, el decreto generó modificaciones claves en términos de diseño institucional.
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