Ante el anuncio de huelga de hambre indefinida de dos dirigentes independentistas catalanes, el Gobierno español responde que tendrán un juicio justo.
Sánchez y Turull, en realidad, acusan al Tribunal Constitucional español de bloquear sus peticiones contra su detención provisional para que no lleguen hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
Los dirigentes, en prisión provisional en la cárcel de Lledoners (Barcelona), están acusados de “delito de rebelión” tras el referéndum del 1 de octubre y la proclamación de independencia del 27 de octubre de 2017.
A través de un comunicado leído por su abogado en el Colegio de Periodistas de Cataluña, los dirigentes argumentan: “El acceso a los tribunales sin dilaciones ni trabas innecesarias es un derecho que toda persona tiene. Dificultar el ejercicio de este derecho con plenas garantías y en condiciones justas puede conllevar perjuicios y daños irreparables a derechos fundamentales”.
El acceso a los tribunales sin dilaciones ni trabas innecesarias es un derecho que toda persona tiene. Dificultar el ejercicio de este derecho con plenas garantías y en condiciones justas puede conllevar perjuicios y daños irreparables a derechos fundamentales”, han denunciado los dirigentes a través de un comunicado leído por su abogado en el Colegio de Periodistas de Cataluña.
Por su parte, el Gobierno de España ha reaccionado casi de inmediato al anuncio de la huelga de hambre, asegurando que tendrán un juicio justo porque el poder judicial del país es independiente.
“El poder judicial es independiente y se hará justicia. La justicia es la única que puede dictar sentencias”, según el Gobierno Español.
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