(21/05/15 - Derechos Humanos)-.“El día que se llevaron a mi hijo, también se llevaron el miedo”, contó Mario González padre de César Manuel González, uno de los 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014. Una lucha emparentada con la de Madres de Plaza de Mayo que desafió al Gobierno mexicano. La historia de estudiantes pobres para ser maestros de niños pobres.
El 26 de setiembre de 2014 la Policía de México asesinó a seis estudiantes normalistas y desapareció a 43. Los familiares y sobrevivientes organizaron una caravana por Latinoamérica para buscar la solidaridad de los países hermanos y para relatar el horror que vivieron y el camino que encararon para conseguir justicia.
Una lucha emparentada con la de las Madres de Plaza de Mayo, y que recibió el fuerte apoyo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que permitió desafiar al Estado mexicano que quería entregar restos falsos a las familias y terminar así la búsqueda de los desaparecidos.
En todos los medios se repite el término normalista, pero sólo cuando los familiares y las víctimas explican qué es ser un normalista la palabra toma otro sentido. Se trata de los estudiantes que se capacitan como maestros. Estudiantes pobres que serán maestros de niños pobres. Que levantarán las banderas de la dignidad y se ocuparán de aquellos que el Estado ignora.
Cada vez que los padres cuentan que sus hijos desaparecidos fueron normalistas lo hacen con orgullo. Y hablan de rebeldía, una rebeldía que buscan extender en todos las ciudades de Argentina, Brasil y Uruguay.
La gira emepezó el lunes en Códoba y hoy la caravana siguió en Rosario. Allí estarán hasta el viernes participando de distintas actividades: marcharán con las Madres, pintarán un mural y recorrerán escuelas, entre otras actividades.
Luego partirán hacia Buenos Aires. Tres padres y un normalista son los encargados de contar la tragedia y también de armar la esperanza. Lo hicieron frente a cientos de personas en el centro cultural La Toma, un supermercado recuperado por los trabajadores.
Francisco Sánchez Navas tiene 19 años. Contó por qué eligió la escuela de Ayotzinapa: “Mis padres son campesinos, proletarios. Y la escuela aloja gente humilde. No tenía recursos para una universidad. Y entré a la escuela Rural Normal y estoy orgulloso”.
Su casa está a cuatro horas de la escuela, donde ingresó como interno y empezó a cambiar su destino. “Además de las clases trabajamos nuestra tierra. Se podría decir que en nuestra rutina diaria como estudiantes tomamos el desayuno a las 7 de la mañana y a las 7.30 estamos entrando a clases, hasta las tres de la tarde. Y después nos vamos a nuestras tierras, a trabajarlas. A sembrar maíz, flores, frijoles, arroz. Les damos de comer a nuestros animales. Vacas, gallinas, conejos. A las siete y media, nos juntamos con nuestros compañeros de academia superiores, que nos enseñan cómo estamos siendo explotados por parte del sistema, de cómo estamos viviendo en nuestro país y lo que es en realidad Ayotzinapa, cuna de conciencia”, define Francisco la rutina diaria de casi 500 normalistas, que están como internos en la escuela, que deben trabajar para poder comer.
El día que empezó la represión
“Ayotzinapa es aquella que abraza a hijos de campesinos, a gente humilde, a gente proletaria, que siempre la han pisoteado. Gente que quiere salir adelante, que quiere una mejor vida para su familia. Nuestra escuela siempre ha sido reprimida por parte del Estado”, agrega el joven.
Y cuenta dos episodios: el 12 de diciembre de 2011, se realizó una manifestación pacífica de estudiantes en contra de un recorte en la matrícula en la escuela normal, que terminó con una represión policial que dejó a dos víctimas fatales: los estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús. El hecho quedó impune.
El 7 de enero de 2014, un trailer pasó por encima de una manifestación de normalistas. Dos de ellos murieron. El chofer del tráiler solo fue apresado 15 días. “Ese ataque quedó en la impunidad”, sostiene Francisco.
“La policía pedía que no contaran quiénes habían disparado”
El 26 de setiembre fue una fecha clave. Los estudiantes se organizaron. Buscaban manifestarse otra vez pero los colectivos en los que viajaban fueron emboscados. Los primeros coches con normalistas recibieron primero los disparos. “Nosotros gritábamos: «Somos estudiantes. Bajen las armas».
Pero mientras eso ocurría otra patrulla fue al tercer autobús que venía detrás y bajaron a los 43 compañeros que venían en él. Los bajaron golpeándolos, los subían a las patrullas gritándoles. Nosotros sin poder hacer nada porque nos estaban disparando. No pudimos hacer nada para quitarles a los (policías) municipales a nuestros compañeros, se los llevaron las patrullas. Nosotros adelante, pidiéndoles que ya nos dispararan, pero seguían”.
Con compañeros heridos, los policías quisieron negociar. Les pidieron que no contaran quiénes les habían disparado. Luego, cuando organizaban una conferencia de prensa, sufrieron otra embestida a balazos. “Nos tiramos al suelo, pero masacraron a dos compañeros, Julio César Mondragón y Daniel Solís Gallardo”.
Con un joven herido lograron refugio en una clínica, donde no los atendieron pero los dejaron estar hasta que llegó el Ejercito, que pese a estar muy cerca no quiso intervenir en la masacre policial. Ahí empezó la lucha para encontrar a sus compañeros con vida. Dos de ellos aparecieron muertos al otro día, desollados.
La búsqueda de la verdad
Hilda Hernández Rivera y Mario González son padres César Manuel González. “Mi hijo tiene 20 años y una niña que lo está esperando”, sintetizó. “Hay una comisión de padres que se ha dedicado a buscar por toda Iguala, por todos lados. A las pocas semanas nos dijeron que habían encontrado a nuestros hijos, pero no eran ellos. Los peritos argentinos comprobaron que no eran nuestros hijos. El gobierno lo único que dice es que nuestros hijos están muertos. Nosotros buscamos a nuestros hijos”, sostuvo Hilda. “También los busca la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero el gobierno ha puesto obstáculos. No confiamos en el gobierno, por eso tenemos que salir a denunciarlo al exterior”, describió.
Mario González relató que en México se vive con mucho miedo, pero que el día que se llevaron a su hijo, también se llevaron el miedo. Y hoy sale a buscar justicia. Recordó que hay cerca de 40 mil desaparecidos en democracia en México en la última década, y un gobierno cómplice. Y que en el estado de Iguala hay una fuerte presencia del narcotráfico, ya que allí se cosecha la amapola con la que se fabrican estupefacientes.
Hilda recuerda con orgullo el momento en que su hijo le dijo que quería ser normalista y ella decidió apoyarlo. Lo acompañó a la Terminal de Colectivos, lo besó y fue la última vez que lo vio. Después, los llamados telefónicos eran constantes. El último que recibió fue el 26 de setiembre, antes de que lo capturaran.
Hilda Legideño Vargas es mamá de Jorge Antonio Tizapa Legideño. Ella recuerda que su hijo era chofer de colectivo, y un día decidió convertirse en normalista. Y se detiene en ese momento, con mucho orgullo: “Yo lo apoyé, él quería estudiar”.
Ella trabaja haciendo artesanías, piñatas, pulseras y flores de papel y con la desaparición de su hijo todo fue difícil. “Los primeros meses fueron desesperantes. Pero hemos comprendido que de nada nos va a servir llorar. Tenemos que salir, tenemos que denunciar, tenemos que buscar sobre todo. Buscamos a nuestros hijos”.
*Por Silvina Tamous, desde Rosario
Fotografía: Matias Sarlo
