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El movimiento estudiantil se reactiva en Chile

(03/06/16 - Chile)-.Las aguas están comenzando a agitarse nuevamente con el movimiento estudiantil en Chile. Si bien se puso en marcha la gratuidad parcial en la educación superior, mientras que se está implementando el fin al lucro, a la selección y al copago en el ámbito secundario, para muchos estudiantes todo esto no es suficiente.

Así, parte del movimiento estudiantil se declaró en “movilización permanente”, incluso un sector dijo que le hará imposible la vida al gobierno de Michelle Bachelet.

Las advertencias van de lado y lado. Hasta la propia Camila Vallejo, actual diputada del Partido Comunista y exdirigente estudiantil en las masivas marchas de 2011, dijo: “necesitamos una fuerte movilización social que incida en la reforma educacional”. Por estos días hay más de 20 escuelas emblemáticas en toma, mientras que el descontento también aumenta en las universidades. Esto, porque muchos estudiantes, que antes tenían becas y que ahora fueron beneficiados por la gratuidad, sostienen que hay muchas trabas y que la gratuidad no es tal.

La Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) llamó a un paro indefinido por lo que consideran como un “nulo avance” de la reforma educacional. La propia presidenta Michelle Bachelet dio marcha atrás a su promesa de gratuidad universal y reconoció que no podrá implementarse totalmente cuando finalice su gobierno en 2018.

Hasta el miércoles, al menos 11 casas de estudio se adhirieron al paro convocado por la Confech. Estas son la Universidad de Chile, Universidad de Valparaíso, Universidad Tecnológica Metropolitana, Universidad Central, Universidad Andrés Bello, Universidad Austral, Universidad de Playa Ancha, Universidad de La Frontera, Universidad Católica Silva Henríquez, Universidad Academia de Humanismo Cristiano y Universidad Diego Portales.

Los estudiantes se han movilizado y la próxima marcha, que esperan la autorización de las autoridades a diferencia de lo que ocurrió la semana pasada, fue convocada para el 9 de junio. La estrategia de los universitarios y secundarios es mantener la presión en las calles, como ocurrió con las marchas de 2006 y 2011.

¿Qué exigen los estudiantes? Principalmente “educación pública, marco regulatorio y financiamiento”. “Me parece legítimo que los estudiantes de manera organizada luchen por las causas justas y que son necesarias para mejorar la educación pública”, dijo Camila Vallejo en una entrevista publicada por el diario chileno La Tercera.

A su vez el gobierno, a través de la ministra de Educación, Adriana Delpiano, dijo que “difícilmente vamos a tener otra administración en que la educación tenga una centralidad tan fuerte en el programa. Lo que se pueda avanzar en dos años es crucial en lo que pase para adelante”. También el senador socialista Carlos Montes afirmó que “es difícil entender este movimiento, parece que estuviéramos en dictadura.

¿Por qué tomarse colegios? ¿Por qué no encuentran una forma más creativa? Como si el objetivo fuera perder clases. Lo que más perjudica a la educación pública es tomarse los establecimientos educacionales”.

Los estudiantes chilenos exigen hace una década una profunda reforma al sistema educativo heredado de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), considerado uno de los más segregados del planeta.

La presidenta socialista Michelle Bachelet ganó la reelección en diciembre de 2013, prometiendo la reforma al sistema educativo, pero el avance de las reformas es considerado “insuficiente” por los estudiantes.

Desde este año, unos 145.000 universitarios estudian gratis, al tiempo que comenzó a regir una ley que prohíbe de forma gradual la obtención de ganancias y la selección de estudiantes en las escuelas que reciben aportes del Estado.

El gobierno de Michelle Bachelet aún no envió al Congreso el proyecto de ley que establecerá la gratuidad universal en la educación universitaria. Pero el Parlamento ya analiza una ley que le quita a los municipios la administración de las escuelas públicas.

*Por Alejandro Tapia, El Telégrafo

Francia se mueve, Europa tiembla

(03/06/16 - Francia)-.Si hay un país asociado a la “tradición de los oprimidos” de la que hablaba Walter Benjamin, ese es Francia. Desde la Revolución Francesa hasta Mayo del 68, pasando por la Comuna de París o por la Resistencia Antifascista, Francia ha sido el escenario de la disputa política por excelencia. 

No es de extrañar que cuando Marx nominaba las tres fuentes originarias de su pensamiento hablara de la filosofía alemana, la economía inglesa y la “Política” francesa. La de Francia es una historia de irrupciones plebeyas y obreras inesperadas, de conflictos que parecen calentarse solos, que aparecen como de la nada. 

Si bien no podíamos prever la Nuit Debout ni el pulso huelguístico encabezado por la CGT, sí podemos explorar las razones del estallido y tratar de recuperar la discusión estratégica en clave internacionalista a partir de la situación francesa.

Varoufakis comentaba hace poco que Francia era el único país de Europa en el cual las contrarreformas neoliberales no se habían impuesto. Habría que desarrollar esta afirmación en varios sentidos. Por una parte, es cierto que la resistencia a las contrarreformas laborales ha sido mucho más eficaz en Francia que en otros países europeos. 

El primer gran embate se jugó en 1995, con unas huelgas gigantescas en el sector público contra la reforma de la seguridad social impulsada por el derechista Alain Juppé. De aquellas huelgas queda el recuerdo del sociólogo Pierre Bordieu retomando el papel de Jean Paul Sartre, del intelectual comprometido con la causa de los trabajadores, pero también de que fue la primera (junto con la huelga general española del 88) en la que se conseguía una victoria que, si bien no lograba revertir el giro neoliberal que Thatcher impuso cuando derrotó a los mineros ingleses en 1984, abría un campo para pensar alternativas. 

El movimiento antiglobalización que surgió unos años después le debe mucho a las huelgas del 1995 y también fue el punto de partida para el rechazo a la Constitución Europea diez años después. La lucha contra el neoliberalismo no se ha limitado al plano sindical, sino que también se ha producido en el político. Aquella victoria fue una auténtica paradoja: fue la izquierda la que organizó por abajo, con centenares de comités unitarios, pero, al ser incapaz de traducirla en un movimiento organizado con perspectiva política, el descontento con la Europa de las élites acabó siendo rentabilizado a medio plazo por el Frente Nacional.

Sin embargo, este legado, que tuvo continuidad en luchas como las de 2010, no ha sido capaz de revertir la hegemonía neoliberal que, como bien explican Laval y Dardot, no es simplemente un conjunto de leyes reguladoras, sino también una dinámica sistémica y biopolítica que se impone como modelo de relaciones sociales. 

La exclusión sistemática y estructural de millones de personas negras o árabes de la sociedad “oficial” es una consecuencia directa de que, si bien un sector cualificado y bien organizado de la clase trabajadora ha podido mantener sus condiciones de vida (fundamentalmente del sector público, que en Francia ocupa a amplios sectores de la economía que en otros países están privatizados), el neoliberalismo ha ido avanzando en el mercado y en la sociedad civil, atomizando las casamatas que la clase obrera había construido para contraponerse al capital. 

Hay dos consecuencias que sirven para ilustrar este contraste entre la explosividad resistencialista de la sociedad francesa y el avance subyacente del modelo neoliberal. Por una parte, que esta CGT que está sosteniendo la huelga es un sindicato muy radicalizado, como personifica su principal dirigente convertido en el principal opositor a Hollande. Un sindicalista llamado Phillipe Martínez que parece sacado de una película de Robert Guédiguian. Pero a la vez, la CGT es un sindicato muy debilitado: ha pasado de tres millones de afiliados a poco más de 600.000. 

Por otro lado, quien ha capitalizado el descontento ante la desindustrialización y la destrucción de las comunidades vivas, en las cuales se desarrollaba la experiencia colectiva de millones de trabajadores, ha sido el Frente Nacional. Un Frente Nacional que, a pesar de tener cierta base obrera, ha pedido mano dura contra las huelgas, demostrando su carácter reaccionario pero también los límites de una izquierda política que perdió su conexión con la clase trabajadora. Si bien no hay relación unívoca y monocausal entre “posición de clase” e “ideología”, el caso francés demuestra que los temas condicionados por las relaciones de clase son fundamentales para canalizar el descontento en una u otra dirección.

Por eso debemos clarificar qué lectura hacemos de lo que está pasando en Francia. Es curioso cómo la izquierda y la derecha coinciden en hacer un análisis de lo que pasa en este país en clave “conservadora”. La derecha y tambien el social-liberalismo encarnado por Manuel Valls insisten en etiquetar el movimiento como “opuesto a los cambios”, como un movimiento nostálgico contrario a la necesaria modernización de la sociedad francesa que, por supuesto, pasa por liberalizar el trabajo y aniquilar las conquistas históricas del 68 francés. 

Así, la idea de progreso toma la forma de ajuste de cuentas con la historia para, continuando la obra de Fouret, recuperar la historia de Francia para las élites. Valls y Macron aparecen en este relato enfermizo como unos yuppies contra-culturales que tratan de destruir a ese sujeto corporativo y reaccionario, lleno de privilegios, que es el mundo del trabajo. La crisis de la socialdemocracia asume una forma especialmente perversa en Francia, con un PS dividido entre los que son conscientes de que estas mediadas les enejenan de su base social y los que como el primer ministro están convencidos de que su misión histórica es destruir los restos del Welfare. Por otra parte, las declaraciones del Secretario General del Partido Comunista de Francia, Pierre Laurent, en las que dice a la juventud de la Nuit Debout: “Les invito a unirse al Partido Comunista”, revelan la misma incomprensión conservadora, incapaz de leer las luchas como un momento de apertura hacia algo nuevo.

Sin embargo, podemos apostar por otra lectura, y ver lo que está ocurriendo en Francia como un “salto” más en todo ese hilo subversivo que recorre la historia francesa. Un salto lleno de posibilidades a explorar. En primer lugar, porque pone encima de la mesa, a diferencia de las teorías fetichistas que hemos escuchado durante los últimos años, que la clase trabajadora organizada conserva un cierto poder estratégico capaz de paralizar el país, atacando a la cadena de valor en los transportes y en la energía. 

La huelga no es una cuestión meramente sectorial, sino que pone en cuestión quién manda en el país: si bien los que generan la riqueza con su trabajo o los que viven del trabajo ajeno. No es una cuestión menor poner encima de la mesa diferentes herramientas y formas de lucha que respondan a diferentes realidades materiales y correlaciones de fuerza. En la combinación de técnicas y repertorios (huelga, manifestación, asamblea en una plaza) se expresan no sólo necesidades, sino también potencias. 

Por otro lado, se ha demostrado que es posible una irrupción en paralelo de dos sectores diferentes pero que comparten intereses, como es el precariado producto de la depauperización de las clases medias que se expresa en el movimiento Nuit Debout y sectores de la clase obrera tradicional, aunque también deberíamos poner encima de la mesa la falta de conexión con los barrios periféricos llenos de jóvenes de origen árabe o africano. Que el descontento social se exprese en forma de lucha activa, de experiencia real, es el paso necesario para la aparición de un sustrato social impugnador que impida que el Frente Nacional sea la alternativa al establishment.

Todo lo que está pasando en Francia puede tener repercusiones fundamentales en Europa. Por supuesto, no pretendo darle lecciones a los compañeros de Francia, pero sí acabar con una reflexión que tiene cierta validez universal y que creo que es una lección de las experiencias en otros países. Hay que discutir sobre cómo anclar el descontento, dándole una expresión política que vaya más allá de la reivindicación defensiva para, a partir de estas luchas y reinvindicaciones, construir un bloque social que articule un nuevo proyecto de sociedad. 

La izquierda francesa, por desgracia muy atomizada y encerrada en sí misma, está ante una oportunidad histórica de recuperar el papel central que le atribuyó Marx. Para esto, como hemos comprobado en otros países, construir organización social y a la vez ser capaz de dotarse de una herramienta político-electoral que aparezca como nueva, participativa y abierta es fundamental. ¿Por qué no hacerlo al calor de la lucha? ¿Por qué no discutir en paralelo cómo ganar esta huelga, cómo estabilizar las estructuras de lucha convirtiéndolas en espacios de organización, para que toda esta formidable energía sea la base de una herramienta para disputar el poder? 

Desde luego, lo necesitamos. Necesitamos avanzar en Francia para poder avanzar en el resto de Europa. La mejor tradición internacionalista siempre ha sido consciente de que lo que pasa en otro país tiene repercusiones en todos. Para cambiar las cosas, necesitaremos tener amigos en más países. Por eso, generar lazos con Francia y las luchas del pueblo trabajador nos remite al significado más acertado de la solidaridad: el hecho de que no sólo la necesitan ellos, también nosotros.

*Por Miguel Urbán, LibreRed

Cientos de clubes de barrio de la provincia de Buenos Aires con Jorge Ferraresi

(03/06/16 - Avellaneda)-.El intendente de Avellaneda mantuvo un encuentro con representantes de la Unión Nacional de Clubes de Barrio por la delicada situación que atraviesan a partir de los tarifazos en los servicios públicos.
  
El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, se reunió ayer por la noche con representantes de clubes de toda la Provincia de Buenos Aires para dialogar sobre la delicada situación que atraviesan a partir de los abultados importes que deben pagar por los servicios públicos, que pone en duda la continuidad de muchas instituciones a las que asisten miles de chicos de todos los barrios.

Clubes de La Plata, Lanús, Berazategui, Escobar, Almirante Brown, Esteban Echeverría, Lomas de Zamora, San Vicente y Zárate, entre otros, participaron del encuentro que se realizó en la Sociedad de Fomento Martín Fierro ubicada en la localidad de Sarandí.

“Cuando el Estado estuvo ausente fueron los clubes los que hicieron la tarea de contención social con los niños en los barrios” expresó Ferraresi quien además agregó: “No nos tenemos que resignar y menos con los sueños de los pibes, cuando tocan a ellos nos tocan a todos”.

Para cerrar su discurso, Ferraresi reiteró su apoyo y participación en la marcha que la Unión de Clubes realizará el próximo 7 de junio.

Por su parte, el presidente de la Unión Nacional de Clubes de Barrio, Claudio Rial agradeció al intendente por su apoyo y aclaró que “Jorge es un ejemplo de intendente, acá en Avellaneda vivimos en un paraíso, no hay un club que le falte un techo, agua caliente o necesidades básicas, es increíble”.

Cumbre del sindicalismo camino a la unidad

(03/06/16 - Unidad Sindical)-.Los referentes de los sectores que conviven en la CGT Hugo Moyano (CGT-Azopardo), Antonio Caló (CGT-Alsina) y Luis Barrionuevo (CGT Azul y Blanca) se reunirán hoy en la sede de la calle Azopardo durante un encuentro del Comité Central Confederal (CCC), en el marco del camino de unidad acordado.

Primero se reunirá el confederal de la CGT que lidera Hugo Moyano donde todo indica que el camionero oficializará su alejamiento de la jefatura de la central sindical. Pasado el mediodía, se realizará el "confederal de la unidad" con la participación de Caló y Barrionuevo. 

El confederal o "parlamento de los trabajadores", es el órgano encargado de convocar al congreso normalizador para elegir a las nuevas autoridades de la central obrera. Desde hace semanas, los referentes sindicales vienen anunciando la realización de un congreso normalizador para el 22 de agosto próximo en la sede Obras Sanitarias.

"El confederal es un paso que debemos hacer porque no es posible que en la Argentina haya tres centrales obreras, por el bien común de los trabajadores necesitamos una sola conducción de la CGT que pelee por el derecho de los trabajadores", dijo en declaraciones a la agencia DyN el, referente de la UTA, Mario Caligari. 

"El círculo de la impunidad": la Fiscalía analiza la responsabilidad de ex magistrados

(03/06/16 - Lesa Humanidad)-.Los fiscales Vega y Auat abordan desde el lunes la acusación por su participación en crímenes del terrorismo de Estado contra cuatro ex magistrados que actuaron antes, durante y después de la dictadura. "Se adaptaron a la faena represiva", indicaron.

"El círculo de la impunidad". La frase encabezó la exposición del nuevo tramo del alegato del fiscal general Dante Vega, quien desde este lunes se centró en dilucidar la responsabilidad de los funcionarios judiciales en la comisión de crímenes contra la humanidad, en el marco del histórico juicio que se sigue en Mendoza a ex miembros de fuerzas armadas y de seguridad y ex magistrados del fuero federal. Aquella metáfora fue utilizada para explicar que mientras los represores cometían sus tropelías "no existió una sola investigación en contra de miembros de fuerzas estatales por delitos en la denominada 'lucha antisubversiva'" y, de esa forma, los ex magistrados "contribuyeron a su comisión".

Acompañado por el fiscal general a cargo de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat, con quien alternó la exposición, Vega encaró así uno de los tramos más largos del alegato de la Fiscalía, que comenzó el 15 de marzo pasado. Se prevé que la exposición del denominado "caso de los jueces" le demande a los fiscales alrededor de un mes de su exposición, durante los lunes y martes de las semanas próximas.

La Fiscalía señaló que las noticias de los crímenes del terrorismo de Estado llegaron a los ex magistrados por tres vías: los habeas corpus, los sumarios policiales iniciados por las denuncias de los familiares o las propias víctimas y las denuncias por torturas y otros delitos sufridos en manos de la policía formuladas por las propias víctimas en sede judicial al recibírseles declaración indagatoria. Pese a ello, "nunca un integrante de las fuerzas armadas o de seguridad resultó siquiera indagado por estos delitos".

Petra y Romano alegaron que si hubiesen sido cómplices, "habrían hecho desaparecer" los expedientes judiciales. Los fiscales respondieron: "Quizá el hecho de que no se los haya hecho 'desaparecer' está más vinculado con lo remoto que resultaba un juicio como este que con otra cosa".

Los ex jueces federales que están siendo juzgados en el debate oral son Luis Miret, Guillermo Max Petra Recabarren, Rolando Evaristo Carrizo y Otilio Romano. Todos están imputados por los distintos roles que cumplieron como jueces o fiscales. En la época, el marco legal permitía que el entonces fiscal Romano o el defensor Petra subrogaran el cargo de Carrizo, Gabriel Guzzo (fallecido) y Miret, que eran jueces. Salvo Petra, los demás están acusados de haber cometido crímenes también antes del golpe de Estado.

Durante el alegato, la Fiscalía describió las tareas inherentes a la magistratura, recordó la actuación de la justicia de nuestro país en las diferentes dictaduras precedentes a la última e incluso citó la experiencia de la Alemania nazi, donde también hubo un "juicio a los jueces" del Tercer Reich.

Tras brindar ese contexto, los fiscales nuevamente se enfocaron en el objeto del juicio: "Se podrá argumentar el contexto y el hecho que no corresponde exigir a nadie conductas heróicas, pero esto no es aplicable a los magistrados que decidieron continuar en sus cargos luego del golpe cívico-militar. Al permanecer dentro de la estructura judicial, al jurar nuevamente por 'el Acta del Proceso de Reorganización Nacional, sus Estatutos y la Constitución Nacional' de acuerdo a la fórmula del régimen, todos los magistrados asumieron nuevamente el compromiso de velar por la Constitución Nacional por más que figurara en tercer lugar en el esquema golpista. En última instancia, y en caso de existir contradicción, debía prevalecer el texto constitucional".

La Fiscalía señaló que la particularidad del caso radica en que los ex magistrados imputados eran "funcionarios que venían de un período de derecho anterior y que representan un fenómeno propio de la burocracia judicial nacional como es la continuidad en los cargos pese a la transitividad de los regímenes políticos", por lo cual "la misión de los magistrados en el plano del deber ser siempre fue la misma". Y, en efecto, los magistrados están acusados por su participación en crímenes antes y después del Golpe de Estado, recordaron los fiscales.

"El detenido que denunciaba a un juez haber sufrido torturas en manos de la policía sabía que tenía enfrente a la persona más indicada para denunciar ese delito y no a cualquier oficinista. Las personas en general acudían a instituciones preestablecidas y en base a procedimientos y leyes vigentes", continuaron Vega y Auat, y en ese sentido señalaron que "cuando se analice la conducta de los ex magistrados imputados en este juicio debe considerárselos precisamente como eso: como magistrados, con todo lo que ello implica, y no como funcionarios de un régimen de excepción".

Para los fiscales, cada hábeas corpus rechazado y cada denuncia que no era investigada permite ver cómo los imputados "se adaptaron a la faena represiva".

El Poder Judicial funcional
La Fiscalía hizo una pausa para analizar la conducta del Poder Judicial en todos los golpes de Estado, desde 1930. Los representantes del MPF recordaron que todas las dictaduras "usurparon el Poder Ejecutivo y disolvieron el Congreso, pero no el Poder Judicial". Señaló algunas excepciones, como la remoción de "unos pocos jueces yrigoyenistas" con el golpe del '30 y lo atribuyó a "la sencilla razón que la ideología del Poder Judicial de la época estaba de acuerdo con el golpe".

También, repasaron la remoción de algunos jueces en 1943 y remarcó que el golpe de Estado de 1955 hizo sentir en el Poder Judicial "el primer remezón autoritario", con el blanco en los magistrados nombrados por el peronismo, que fueron puestos en comisión y sujetos a confirmación de una comisión especial. Esa dictadura se convirtió en la primera en remover a todos los integrantes de la Corte Suprema y al procurador general de la Nación, y a todos los ministros de los tribunales superiores de las provincias y a sus procuradores.

El golpe del '66, recordaron, también fue por los jueces de la Corte y por el Procurador, y dejó en manos de los interventores provinciales la remoción de los miembros de los superiores tribunales de cada jurisdicción. "El golpe del ’76 combinó lo peor de todos: removió a la Corte federal, al procurador, a las cortes provinciales, declaró en comisión al poder judicial, echó a jueces sin instancia previa y hasta secuestró a miembros del Poder Judicial como a la fiscal Nelly Ortiz, quien continúa desaparecida al igual que diecisiete empleados de la justicia nacional", describieron.

No obstante, indicaron que "a lo largo de estos cincuenta años de golpes militares lo que caracterizó al Poder Judicial no fue la remoción ni el secuestro sino la continuidad. En su inmensa mayoría todas las carreras judiciales, desde el último auxiliar a los jueces de apelaciones, mantuvieron su escalafón o ascendieron de cargo mientras el país entero se sumía en el desconcierto y en la inestabilidad institucional". Y, en ese sentido, postularon que "la explicación política de este fenómeno puede obedecer no sólo a la ideología conservadora de los cuadros judiciales en general sino a su aporte activo al golpismo".

De todas formas, sostuvieron que "existen importantes diferencias entre los colaboracionismos judiciales de las cuatro primeras dictaduras en comparación con la última", cuando se registró "un salto cualitativo en la colaboración judicial con esa represión".

Antes y después del 24M
La Fiscalía describió y citó textualmente el contenido de los expedientes judiciales en los que intervinieron los acusados en la época del terrorismo de Estado, incluso antes del golpe. La mayor parte de ellos se trata de expedientes abiertos por violación a la ley 20840, denominada "antisubversiva", que sirvió para darle carriles judiciales y visos de legalidad a la persecución ideológica. Ese marco normativo fue utilizado para el encarcelamiento de las personas perseguidas.

Las declaraciones de víctimas y las diligencias realizadas por los ex magistrados, leídas por los fiscales durante su exposición dieron cuenta del cuadro. Los representantes del Ministerio Público enumeraron el trámite de los expedientes, el trato de los ex magistrados a los detenidos, la presencia de Miret en dos centros clandestinos de detención y describieron el estado físico de los prisioneros -con signos de tortura, sucios y semidesnudos- llevados ante los jueces. Sostuvieron que todo ello demuestra que la Policía provincial, a través de su Servicio de Informaciones (D-2), cometió secuestros y torturas en el marco de la supuesta aplicación de la ley 20.840, que luego se le sumó el Ejército y que "los magistrados aquí imputados gradualmente prestaron su concurso delictivo a este terror estatal".

La conducta de los acusados consistió, aún antes del golpe, en "proporcionar impunidad a través de su omisión constante y sin fisuras en investigar los delitos cometidos por las fuerzas estatales", incluso en casos de desaparición forzada.

"Estos funcionarios, que en democracia habían contribuido en forma determinante a la delictuosidad estatal, en dictadura siguieron haciéndolo con un grado mayor de antijuricidad, consecuencia de la generalidad de esa criminalidad estatal", señalaron los fiscales y, al respecto, recordaron que en 1975 se contaron dos desapariciones forzadas y que a partir de 1976 ese fenómeno se generalizó. "Cambia cuantitativamente el fenómeno delictivo estatal, pero el aporte de los ex magistrados permanece idéntico", concluyeron.

"Persecución política"
Durante el alegato, los fiscales se detuvieron en contestarle principalmente a Miret y a Romano la alegación de que este juicio era parte de una "persecución política". "Pretender que este juicio persiga un fin ajeno al estrictamente judicial no explica, por ejemplo, los votos por unanimidad en favor de la remoción de los doctores Miret y Romano en el seno de órganos plurales como son el Consejo de la Magistratura y el jury de enjuiciamiento. Por más importancia que tenga el tema de los derechos humanos y por más activismo que hayan demostrado los organismos locales para impulsar ese juicio, extremos que reconoció el doctor Miret, si hubiese existido alguna motivación espuria respecto al origen de este proceso se habría denunciado en ese ámbito, lo que no ocurrió", señalaron los fiscales.

Otra contestación de la Fiscalía a los acusados tuvo eje en su afirmación de que se los perseguía a ellos y no a otros magistrados que desempeñaron funciones en aquella época. Los representantes del MPF explicaron que el hecho de que en Mendoza se haya impulsado una investigación vinculada a todo el aparato judicial no supone ninguna persecución especial contra ellos. También, recordaron investigaciones llevadas a cabo en otras jurisdicciones, como San Juan o San Luis y señalaron que en otros lugares se enjuició a un determinado magistrado por determinados casos en particular, como ocurrió con Víctor Brusa en Santa Fe o Manlio Martínez en Tucumán, o se intentó hacerlo como ocurrió con Pedro Hooft en Mar del Plata

Tanto Petra como Romano alegaron también en su defensa que la existencia de los expedientes en los que ellos actuaron en los archivos del Poder Judicial demostraba su falta de complicidad, dado que de lo contrario "los habrían hecho desaparecer", dijo Petra. La Fiscalía señaló al respecto que "quizá el hecho de que no se los haya hecho 'desaparecer' está más vinculado con lo remoto que resultaba un juicio como este que con otra cosa".

(Fiscales)

La Corte Suprema niega suspender acción penal contra Presidente de Diputados

(03/06/16 - Brasil)-.Por unanimidad, el Supremo Tribunal Federal (STF) rechazó este un recurso interpuesto por el presidente apartado de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha (PMDB), contra la apertura de una acción penal que lo tiene en condición de reo en el marco de la Operación Autolavado. 

El ministro Teori Zavascki, relator del proceso, concluyó que no hay contradicciones en el fallo. Para él, la defensa de Cunha busca tan solo retomar la discusión de un caso que ya fue juzgado, hecho que no puede ocurrir después de concluido el juicio. 

En la apelación, los abogados de Cunha afirman que hay la sentencia está repleta de “oscuridades, dudas y contradicciones” y pidió que se rechace la denuncia presentada por la Procuraduría General de la República (PGR).

De acuerdo con la defensa, la decisión de la corte no trata del delito de corrupción pasiva, descrito en la denuncia presentada contra Cunha. Además, los abogados alegan que la PGR menciona hechos de 2011 como si hubieran ocurrido en 2006 y 2007.

El último marzo, la mayoría de los ministros de la corte acompañó con su voto la conclusión Zavascki –según la cual hay indicios de que Cunha recibió US$ 5 millones en sobornos por un contrato de navíos-sondas de Petrobras– y por consiguiente se determinó la apertura de la referida acción penal.

Aumenta la posibilidad de que Sanders sea el candidato del Partido Demócrata

(03/06/16 - USA)-.El precandidato demócrata Bernie Sanders podría arrebatar la candidatura del Partido Demócrata a su rival, Hillary Clinton, y representar a su partido en las elecciones presidenciales.

A pocos días de las decisivas primarias demócratas del estado de California, las encuestas reflejan una rápida subida de la intención de voto a Sanders, de modo que se considera ya un escenario probable que el senador consiga ganar dicho estado. Sería un duro golpe a Clinton, quien se presenta como la mejor opción para derrotar al candidato republicano, Donald Trump.

Al mismo tiempo, nuevas estadísticas de dicho estado suroccidental muestran que en los últimos días ha habido un aumento masivo de registros para votar en la primaria de California del Partido Demócrata, de un 218 % en comparación con las primarias del 2012.

La gran mayoría de estos cerca de 1,5 millones de ciudadanos estadounidenses que se han registrado recientemente para votar son jóvenes, y es muy posible que sean partidarios de Sanders que quieren votar para impedir la nominación de Clinton.

La caída de la popularidad de esta última y las nuevas encuestas que vaticinan una posible derrota suya frente a Trump han obligado al liderazgo del Partido Demócrata a reconsiderar un escenario en el que Sanders representaría a su partido.

De esta manera, hay ya reportes sobre la posibilidad de que los "superdelegados" demócratas (delegados que pueden votar por quien quieran) retiren su apoyo a Clinton y voten a favor de Sanders, aunque la precandidata aún tenga ventaja, ya que consideran poco probable que pueda vencer a Trump.

También hay nuevos estudios que indican la alta probabilidad de que los simpatizantes de Sanders no acepten votar a Clinton o hasta voten a Trump para impedir que la ex secretaria de Estado tome la Casa Blanca.

La presente campaña electoral se considera una de las más impredecibles en la historia de Estados Unidos, ya que en un principio muchos dudaban de que ni Trump ni Sanders pudiesen llegar tan lejos. Sin embargo, Trump ya es candidato del Partido Republicano y Sanders cada vez tiene más posibilidades de ser el representante del Partido Demócrata.