Publicado por: Redacción
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Sociedad
(12/08/2018 - Derechos Humanos/Pueblos originarios)-.Con ese argumento, el Juez rechazó como querellante a la APDH. Sigue sin resolver medidas claves para la causa, como la nulidad de la pericia de la presencia de pólvora en las manos; autorizar una pericia antropólogica; y el llamado a indagatoria del resto de los Albatros.
El Juez Gustavo Villanueva sigue sin sacar el freno de la mano a la causa por el asesinato de Rafael Nahuel. En las últimas horas sólo tuvo tiempo para rechazar el pedido de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) para constituirse como querellante en la causa.
Lo hizo con argumentos llamativos: “el hecho materia de investigación no constituye un delito de lesa humanidad ni tampoco una grave violación a los derechos humanos”, dijo el magistrado.
Para la APDH, “el juez vergonzosamente afirma que este hecho no constituye una grave violación a los derechos humanos cuando los principales sospechosos del asesinato de Rafael Nahuel son las fuerzas represivas del Estado”.
A través de un comunicado, la APDH planteó que Villanueva “obedece así a la política del Gobierno (nacional) que ha venido a crear un enemigo interno nuevo, reflejo de la Doctrina de Seguridad Nacional, incrementando la represión y la persecución a la comunidad Mapuche”.
Mientras tanto, se demoran en el expediente algunas medidas claves para llegar a determinar las responsabilidades en el asesinato de Rafael Nahuel.
Villanueva, hasta el momento, no citó a declarar a los otros cinco integrantes del grupo Albatros de la Prefectura que aquel 25 de noviembre de 2017 ingresaron al territorio de la comunidad Lafken Winkul Mapu. Sólo convocó al Cabo Primero Francisco Javier Pintos de cuyo subfusil MP5 salió el diparo que acabó con la vida del joven mapuche. En aquella indagatoria -de la cual se cumplió más de un mes- Pintos aseguró que no ingresó con su arma a la comunidad y, tangencialmente, responsabilizó a su compañero Juan Ramón Obregón.
El uniformado no pudo explicar coherentemente por qué los cargadores de su MP5 estaban vacíos. Pero Villanueva aún no resolvió la situación procesal de Pintos, ni citó a indagatoria a Obregón.
Tampoco avanzó con otras medidas solicitadas. Por ejemplo la realización de una “pericia antropológica”, reclamada por la Defensora Oficial en la causa por el desalojo de la comunidad. Se trata de un trabajo que también podría servir en el marco del expediente por el asesinato, llamativamente todavía caratulado “Jones Huala s/muerte dudosa”.
Tampoco resolvió el Juez Villanueva el pedido de nulidad de la pericia sobre pólvora en las manos, realizado tanto por los abogados querellantes como por los representantes legales de Fautos Jones Huala y Lautaro González, aún imputados en el expediente.
Las diferencias entre el resultado dado a conocer por el Departamento de Materiales del Centro Atómico Bariloche (donde se realizó la pericia) y el ofrecido por el Laboratorio Regional del Cuerpo de Investigaciones de Fiscales del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Salta justificaron el pedido de nulidad; así como el informe de este último cuerpo de especialistas, que planteó que no se protegieron las cintas de carbono, al utilizar los mismos guantes para las distintas muestras.
De esta forma, Gustavo Villanueva, el lento, continúa demorando medidas fundamentales para que, a casi nueve meses del asesinato, aún no pueda acreditarse judicialmente quién mató a Rafael.
Por Santiago Rey, En esto días
