“Las autoridades bolivianas debieran responder si van a respetar el fallo de la CIJ en caso de que les sea adverso”, dijo Muñoz en una entrevista publicada hoy por el diario santiaguino El Mercurio, y preguntó: “¿O solo respetarán si les es favorable?”
El funcionario sostuvo que “ninguna demanda ante un tribunal de justicia puede ser calificada como gesto de amistad ni una conducta que favorezca la integración”.
Dijo también que “Bolivia tiene más confianza en su campaña político-comunicacional que en su argumentación jurídica”, en referencia al aviso publicado el domingo pasado en El Mercurio por el gobierno boliviano, en el que citó dos frases atribuidas al ex presidente chileno Salvador Allende en supuesta defensa de la reivindicación boliviana.
“Bolivia retornará soberana a las costas del Pacífico” y “Chile tiene una centenaria deuda con Bolivia y estamos dispuestos a emprender una solución histórica”, son las presuntas declaraciones que, según La Paz, Allende le dio en 1970 a un historiador boliviano.
“Que se use la figura de mi padre no me parece adecuado”, respondió ese mismo día la actual presidenta del Senado chileno, Isabel Allende, y agregó que no recordaba que el ex mandatario “haya ofrecido (a Bolivia) una salida al mar con soberanía o que haya dicho que se iban a revisar los tratados vigentes”.
Bolivia llevó a la CIJ su antigua reivindicación de recuperar una salida soberana al mar, que perdió a manos de Chile en la Guerra del Pacífico de 1879-83.
Chile sostiene que ambas naciones aceptaron libremente sus fronteras actuales en un tratado suscripto en 1904, que Bolivia aduce que le fue impuesto.
Días atrás, el tribunal internacional con sede en La Haya fijó para mayo próximo la fecha para escuchar los alegatos de ambos países.
Bolivia y Chile mantienen la relación diplomática bilateral formalmente congelada desde 1978, pero durante el primer mandato de la actual presidenta socialista de Chile, Michelle Bachelet (2005-10), ella y Morales llevaron adelante una agenda de diálogo de 13 puntos.
Esa agenda quedó sin efecto cuando el mandatario boliviano, ya durante la gestión del sucesor de Bachelet, Sebastián Piñera, presentó la demanda ante la CIJ.
