El ex juez federal de Tucumán Federal Manlio Torcuato Martínez fue condenado esta mañana a 16 años de prisión por los delitos de encubrimiento, privación ilegítima de la libertad (como autor) y asociación ilícita (coautor), en el marco de genocidio.
Este es el décimo primer juicio que se realiza en la provincia por crímenes cometidos durante la última dictadura cívico militar. Y el primero en Tucumán en el que un juez está sentado en el banquillo de los acusados.
Tanto la querella como la Fiscalía habían pedido 25 años de prisión de cumplimiento efectivo, mientras que la defensa se inclinó por la libre absolución. Provisoriamente cumplirá la pena con prisión domiciliaria, sujeta a revisión médica, informó el tribunal al dar a conocer el veredicto, ante una sala repleta.
El debate duró siete semanas. Hoy por la mañana, en sus últimas palabras antes de conocer el veredicto, Manlio Torcuato Martínez dijo: "La acusación del fiscal parece escrita por Borges, porque es un cuento". Y usó el resto de su tiempo para ensayar una disculpa: "Si le debo algo a algún tucumano, pido disculpas. Que Dios ilumine a los jueces" Norberto Cataldi, José Asis y Mario Garzón.
Martínez fue nombrado juez federal en 1975, apenas iniciado el Operativo Independencia, y no fue ratificado en su cargo cuando se recuperó la democracia. Durante ese último latigazo de democracia la persecución política, el secuestro, las torturas y las desapariciones de personas se sistematizaron y se perfeccionaron como partes de un método para la autodenominada lucha ‘antisubversiva’ que en la dictadura llegará a su punto máximo.
A Martínez se lo vincula a la masacre de la calle Azcuénaga al 1800. Allí asesinaron a cinco militantes montoneros y más tarde se secuestró al propietario de la casa, Miguel Romano. Los cargos que se le imputan son por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público y denegación y retardo de justicia, en carácter de partícipe, en los homicidios calificados de María Alejandra Niklison, Fernando Saavedra, Eduardo González Paz, Juan Carlos Meneses y Atilio Brandsen. También por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, prevaricato, privación ilegítima de la libertad en relación a Miguel Romano. Y, finalmente, está imputado por haber sido miembro de una asociación ilícita.
