Según fuentes legislativas, tanto la Asociación Civil Observatorio Social, constituida en 1999, como la Asociación Civil Argentina de Políticas Sociales, constituida en 2001, no habrían presentado balances ni informes correspondientes sobre su integración como impone la normativa sobre este tipo de instituciones en la IGJ.
Días atrás, la diputada Gabriela Alegre (FpV) contó a Télam que "el caso Amadeo surgió porque investigamos a partir de las propias declaraciones que él hizo en televisión, donde se jactaba de que él tampoco tenía transparentado ningún contrato con el Gobierno de la Ciudad, cuando nosotros sabíamos que había dos ONG con el mismo domicilio fiscal, que habían recibido dinero proveniente del gobierno porteño".
"Fuimos a constatar la información y descubrimos que existen 44 convenios y subsidios entre el año 2008 y 2015 entre las partes, de las cuales, sólo cuatro están publicados en el boletín. El monto por esas transferencias alcanza una suma cercana a los cuatro millones de pesos", relató Alegre.
Explicó que "a diferencia de lo que sucede con el caso del conductor Fernando Niembro -por montos que alcanzaron los 22 millones de pesos-, no hubo contratación directa ni se puede invocar el decreto 556, porque al tratarse de subsidios y convenios no entran en esas figuras, pero deben sí o sí estar informados debidamente y transparentados porque si no sería muy fácil poder disponer del dinero del erario público sin dar ningún tipo de explicación".
Estos motivos impulsaron a los legisladores porteños de la oposición a presentar un nuevo pedido de informes al Ejecutivo de la Ciudad, dirigido tanto al jefe de gobierno Mauricio Macri como a la vicejefa María Eugenia Vidal, quien al momento de las transferencias del dinero era ministra de Desarrollo Social.
Las ONG se dedican a evaluación de situaciones sociales y según relataron desde el macrismo los trabajos realizados permitieron observar datos sobre pobreza en la Ciudad.
Las ONG, Asociación Civil Observatorio Social y la Asociación Argentina de Políticas Sociales están presididas por Amadeo y facturaron cuatro millones de pesos al gobierno porteño a lo largo de los últimos diez años. De aquellas operaciones, solamente cuatro figuraron en el Boletín Oficial de la ciudad y por montos inferiores.
La Resolución General 7/05 de la Inspección General de Justicia estipula que las asociaciones civiles deben comunicar a la IGJ la celebración de sus asambleas ordinarias con 15 días hábiles de anticipación, la cual debe ser acompañada por “los estados contables firmados por el representante legal, con informes de auditoría y del órgano de fiscalización y el inventario anual”.
También establece que debe incluir declaración jurada de cada uno de sus miembros donde, entre otros datos, manifiesten “que no se encuentran comprendidos en inhabilidades o incompatibilidades legales o reglamentarias para revestir dichas calidades y si son personas expuestas políticamente”.
