El Tribunal Oral en lo Criminal Feral N° 3 postergó el inicio del juicio oral y público en la causa que investiga irregularidades en la contratación de la empresa IBM Argentina con sobreprecios que rondarían los 120 millones de pesos.
Estaba previsto que el juicio empiece el próximo 22 de octubre. “No tenemos jueces, se pospuso el debate pero no hay fecha”, explicaron fuentes del tribunal a Infojus Noticias.
Es que el Tribunal quedó prácticamente vacío con las renuncias de dos jueces históricos y el traslado de otro a un tribunal oral porteño. Actualmente sólo lo integra Fernando Ramírez, un juez que es subrogante.
Entre los principales imputados están Ricardo Cossio; Ricardo Martorana y Gustavo Soriani, ex presidente y vice de IBM y Juan Carlos Cattáneo, ex directivo de Consad, entre otros.
En 1994 cuando Cossio era titular de la DGI se hicieron dos contrataciones con IBM Argentina. Lo habilitaba el Decreto N° 507/93, firmado por el entonces presidente Carlos Saúl Menem, que permitía que la DGI realizara este tipo de contrataciones directas en el área informática. Los montos de los contratos fueron por 425.088.000 y de 88.547.000 pesos, respectivamente.
La DGI invitó a distintas empresas a presentar proyectos y se eligió a IBM, a pesar de que la oferta de la empresa Sistemas Tecnológicos Integrados S.A. (STI) era mejor. Un detalle que puede verse en el expediente es que el año en que IBM consiguió esos negocios obtuvo un 32 por ciento de rentabilidad.
Esta sería una “ganancia desmedida” porque los informes periciales realizados en la causa –incluidos los de los peritos que representaron a la entidad privada–, sostienen que la ganancia media para aquellos años rondaba el 13,5 por ciento.
En la causa actúa como querellante la Oficina Anticorrupción (OA) y Gabriela Baigún será la fiscal del juicio. Cuando la OA pidió la elevación a juicio consideró probado que “el precio fijado para la realización de los proyectos informáticos no fue razonable, sino excesivo y desproporcionado” lo que produjo “el consecuente perjuicio para la administración pública, que pudo obtener el mismo sistema con un precio inferior al que finalmente terminó pagando”.
En total, son once las personas que deben ir a juicio. Además de Cossio, Soriani, Cattaneo y Martorana están imputados Daniel Hurrel, Eduardo D´alessandro, Carlos Krieger, Antonio Altieri, Felix De Barrio, Eduardo Novillo Astrada y María Eugenia Dallorso.
Sin jueces para el debate
Miguel Pons era otro juez que integraba el tribunal pero está jubilado desde el pasado primero de septiembre, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner le aceptó la renuncia en julio mediante el decreto 1379/2015.
A ello se suma el caso de Gerardo Larrambebere quien actualmente está de licencia por enfermedad y a partir del 1 de noviembre estará jubilado porque en septiembre pasado con el decreto 1884 el Poder Ejecutivo le aceptó la renuncia desde ese día.
A los dos jueces jubilados se suma el caso de la jueza Ana Dieta de Herrero que en algún momento subrogó el TOF pero ahora volvió al Tribunal Oral en lo Criminal N°9 de la Capital -fue una de los jueces que condenó hace un par de meses a Jorge Mangeri por el femicidio de Ángeles Rawson.
Desde el tribunal sostuvieron que se están esperando los jueces nuevos que integren el tribunal para poder disponer una nueva fecha para el inicio del debate y hasta se espera que los jueces designados para otros tribunales que aún no entraron en funciones –los TOF 7 y 8- puedan suplir alguna de las vacantes para realizar el juicio. El Consejo de la Magistratura de la Nación designó la semana pasada como subrogantes en ese tribunal a Nicolás Toselli (del TOF 8), Javier Ríos y Andrés Basso (del TOF 7), pero ninguno de ellos juró todavía.
Un recurso desestimado
La semana pasada con las firmas de Ricardo Lorenzetti, Elena Higthon, Carlos Fayt y Juan Maqueda, la Corte Suprema desestimó un recurso de queja presentado por el abogado que representa a IBM en la causa, Marcelo Nardi.
Según fuentes consultadas se trataba de un “incidente procesal” que no hace al grueso del expediente que está presto para el juicio.
En una sentencia firmada el 6 de octubre, los jueces consideraron que en la presentación del recurso no se cumplieron algunas reglas de presentación del recurso y por eso se desestimó la queja.
En mayo, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó una nueva presentación del ex titular de la DGI, Ricardo Cossio, para que la causa se declare prescripta.
