"Están aprobando una ley para proteger a asesinos, criminales, narcotraficantes y terroristas, la verdad, tengan la seguridad que esa ley por aquí no pasa caballero, que lo sepa la derecha nacional e internacional, leyes para amparar terroristas y criminales no pasarán, por aquí no pasan, hagan lo que hagan", aseguró Maduro en una intervención televisiva.
Pese a que la mayoría del Parlamento venezolano se manifiesta a favor de esta ley, Maduro —que ya había alertado de que no refrendará la normativa— tiene la potestad de enviarla a revisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al que la oposición acusa de ser el "bufete jurídico" del chavismo.
En este sentido, una magistrada del TSJ de Venezuela advirtió en enero de que las decisiones del Parlamento del país podrían quedar sin efecto por desacato a las disposiciones del alto tribunal.
La reunión en la que se abordó la aprobación de la Ley de Amnistía fue el segundo debate en la sala de la AN venezolana, después de que el pasado mes de febrero, la mayoría opositora diera su visto bueno al proyecto.
A lo largo de la discusión sobre la normativa, que busca poner en libertad a los presos políticos, varios representantes opositores manifestaron su apoyo al proyecto de ley. La diputada Delsa Solórzano fue uno de ellos, al valorarlo como base para “la reconciliación nacional”.
Sin embargo, desde la bancada chavista, que expresó su rechazo a la normativa, el legislador Elias Jaua señaló que el proyecto viola las normas de justicia para “centenares de personas que han sido víctimas de los atentados terroristas cometidos”.
Esto vino un día después de que el diputado oficialista venezolano Diosdado Cabello afirmó que la Ley de Amnistía quedará como letra muerta, porque los responsables de los incidentes del 2014 seguirán en prisión.
Desde que asumió el control de la AN, la oposición venezolana no solo ha puesto en su mira derrocar al Gobierno del presidente Maduro, sino que se opone sistemáticamente a las medidas de su Ejecutivo, entre ellas, las iniciativas económicas.
