En conferencia de prensa, aseguraron que con esa norma, “cuyo proyecto se mantuvo en la opacidad por varios meses y fue aprobada por el Congreso local el pasado 18 de marzo”, el gobierno de Eruviel Ávila pretende “legalizar la represión y blindarse jurídicamente ante los atropellos que prepara contra quien se organice y manifieste pacíficamente en el estado de México”.
Representantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco, de la Administración Autónoma del Agua Potable de Coyotepec, de la Alianza Única del Valle, de Apaxco Comunidades por la Vida, de la Coordinación de Pueblos Unidos en Defensa de la Energía Eléctrica, entre otros, señalaron que lucharán política y socialmente para echar abajo la nueva norma, a la que decidieron renombrar como “Ley Eruviel”.
Entre las acciones anunciadas por las organizaciones, se informó que acudirán ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y ante la Comisión estatal de esas garantías, a fin de que alguna de las dos instancias promueva -como se lo permite la ley- una acción de inconstitucionalidad contra la “Ley Eruviel” ya que “violenta garantías constitucionales”.
Antonio Lara, coordinador general del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, detalló que esta nueva ley permite desde el uso de esposas rígidas hasta le operación de armas de fuego contra manifestantes, además que permite el espionaje e intervención oficial en asambleas públicas de los pueblos organizados.
Se anunció además que de manera conjunta, miles de habitantes de la entidad tramitarán amparos contra esta normativa.
Si el jefe de seguridad pública de una región considera “ilegal” alguna manifestación en un lugar público, la ley permitirá que los policías actúen contra los manifestantes, e incluso si quienes protestan intentan escapar, se podría disparar contra ellos.
La ley “no precisa alguna sanción administrativa, civil ni penal contra elementos que cometan excesos en el uso de la fuerza pública, y se rompe la cadena de mando, eximiendo así de responsabilidad alguna al gobernador y alcaldes, y la delega apenas a los mandos operativos. los diputados y diputadas locales montaron un andamiaje perfecto para la impunidad”.
Señalaron que todos los partidos en el Congreso estatal, salvo Morena, votaron en favor de esta iniciativa. Sin embargo, criticaron que los legisladores de Morena no hayan hecho público en diciembre pasado -cuando se presentó el proyecto- la gravedad de su contenido.
Ignacio del Valle, líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, indicó que la promulgación de esta ley está relacionada con las luchas que los pueblos del estado vienen dando contra megaproyectos, como el nuevo aeropuerto internacional, contra el que su organización se opone.
Las organizaciones anunciaron una serie de movilizaciones durante abril y mayo para “echar abajo” la llamada “Ley Eruviel”: Durante abril realizarán una campaña de denuncia y concientización entre la ciudadanía sobre esta norma, se visitarán pueblos de todo el estado para explicar los alcances e implicaciones de la misma, se acudirá a la CNDH para solicitar la acción de inconstitucionalidad, también a organismos internacionales para darles a conocer el contenido de la ley y el 29 de ese mes realizarán una movilización en Texcoco.
En mayo, en el contexto de los 10 años de la represión contra los habitantes de San Salvador Atenco, hechos por los que responsabilizaron al ex gobernador y hoy titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, iniciará la campaña #MayoRojo, con una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo; además que habrá foros y conferencias y en fecha aún por definir llevarán a cabo el Encuentro de la Digna Resistencia.
