El lunes, el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata condenó a seis años de prisión a un hombre por encontrarlo culpable de engañar y trasladar a dos jóvenes peruanos en situación de vulnerabilidad para explotarlos laboralmente en los talleres textiles de su propiedad, ubicados en la localidad de Lomas de Zamora.
En línea con lo que habían requerido los fiscales Hernán Schapiro y Juan Martín Nogueira en su alegato, los magistrados ordenaron el pago de una multa de 45 mil pesos, el decomiso sobre uno de los inmuebles y la cuarta parte del otro, ambos utilizados para cometer los delitos, y la inhibición general de bienes del condenado.
La instrucción de la causa estuvo a cargo del fiscal Diego Iglesias, quien en diciembre de 2014 solicitó su elevación a juicio. El debate comenzó el 24 de febrero de este año y a lo largo de las audiencias pudieron declarar las dos víctimas. Durante los alegatos, los representantes del MPF habían solicitado la pena de 6 años y medio para el acusado, al considerar que se encontraba "acreditada la captación, recepción, acogimiento y permanencia de las víctimas, con fines de explotación”.
El caso
En junio de 2013, el tío de una de las víctimas le propuso a él y a su novia trabajar en Buenos Aires para un amigo suyo en un taller de costura. Una vez que la pareja aceptó, el imputado les hizo entrega del pasaje en micro y viajaron, con varias escalas, hasta la terminal de ómnibus de Retiro, donde finalmente arribaron el 7 de julio. Allí fueron recogidos por el acusado, quien los trasladó hasta una propiedad ubicada en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora donde pasaron la noche en una habitación dividida por sábanas colgando y con dos camas cuchetas.
Al día siguiente, los trasladó hasta un taller, también ubicado en la misma localidad bonaerense, en el que había otras personas trabajando y les asignó una tarea específica en el rubro textil. En ese lugar, fueron sometidos a extensas jornadas de trabajo, escasa alimentación, sin contar con los descansos adecuados y con la prohibición de comunicarse con sus compañeros.
En todo momento las víctimas eran trasladadas desde un taller a otro por parte del imputado. Así, fueron llevadas a un taller más grande llamado "Lencería Jenka", -siempre en Lomas de Zamora-, donde trabajaban etiquetando ropa. Según la declaración de uno de los jóvenes explotados, en ese lugar había más personas y “nadie podía parar de trabajar” porque eran controlados permanentemente por el imputado.
Luego de unos días, una de las víctimas comenzó a sentirse mal y a padecer fuertes dolores de cabeza por lo que se comunicó con su tío de Perú para decirle que quería regresar a su hogar. Sin embargo, le respondió que no iba a ser posible ya que tenía que quedarse al menos un año. Al enterarse que habían hablado con su familiar, por orden del imputado se les retiró la llave del lugar quedando así encerrados.
Esta situación culminó el 12 de julio de ese año cuando una de las víctimas logró escapar y, luego de pedir ayuda, pudo realizar la denuncia. Paralelamente, su novia que continuaba cautiva también consiguió abandonar la propiedad luego de que la madre realizara un depósito con la suma de dinero equivalente al valor de los pasajes de micro que había abonado el imputado.
Colaboración de Protex
Frente a la situación de que las víctimas no podían ser encontradas para que declararan en el juicio, y ante la circunstancia de que la cancillería de Perú contestó que necesitaba de plazos muy extensos para cumplimentar la tarea de búsqueda que no se compadecían con los tiempos fijados para el debate, los fiscales solicitaron la colaboración de la Protex con el fin de obtener los domicilios de las víctimas, cuya declaración resultaba de suma importancia para demostrar la materialidad ilícita y la responsabilidad del imputado.
Puestos en dicha tarea, y luego de consultar con otras bases de datos disponibles – entre ellos la de la Dirección General de Migraciones- se estableció comunicación con los representantes del Ministerio Público Fiscal de la Republica de Perú a través de la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional –Iberred- y se confirmó que ambas víctimas tenían domicilio en la región de Apumirac, en Perú.
Con este dato, los fiscales insistieron en la necesidad de contar con el testimonio de las víctimas, solicitando que se disponga de un plazo razonable para ello, a lo que los jueces accedieron.
Ya rozando la finalización del juicio, el sistema de búsqueda implementado dio resultado, habiéndose dado con el paradero de las víctimas. De este modo, se promovió la implementación de los mecanismos de asistencia pertinentes por ante la fiscalía de Perú que hizo de nexo para llevar a cabo la medida.
A través de la Protex, se coordinó una audiencia por videoconferencia en el plazo de una semana, que fue el otorgado por única vez por el Tribunal. Así, a través de la Fiscalía de la Región de Apumirac de ese país, se implementó la declaración por videoconferencia, prueba que resultó determinante en el alegato de los fiscales y para el resultado del juicio.
