En una entrevista concedida al diario español El País y publicada este viernes, advirtió de los intentos que buscan sacarla del poder en un plazo de menos de un mes.
“Piden que renuncie para evitarse el mal trago de tener que echar de forma ilegal a una presidenta elegida. Piensan que tengo que estar muy afectada, desconcertada, muy presionada. Pero yo no estoy así, no soy así”, enfatizó Rousseff.
“Piden que renuncie para evitarse el mal trago de tener que echar de forma ilegal a una presidenta elegida. Piensan que tengo que estar muy afectada, desconcertada, muy presionada. Pero yo no estoy así, no soy así”, enfatizó Dilma Rousseff, presidenta de Brasil.
La mandataria recordó su resistencia en diferentes momentos en su vida, bajo condiciones muy difíciles, por lo que reiteró que va a luchar y que no renunciará a su cargo.
La jefa del Gobierno brasileño subrayó que un juicio político que carece de una base legal es un golpe de Estado y en este sentido ratificó que recurrirá a todas las medidas legales para frenarlo.
“Nosotros en Brasil ya tuvimos golpes militares. En un sistema democrático, los golpes cambian de método. Y un impeachment sin base legal es un golpe”, insistió.
Rousseff atribuyó la crisis surgida a una reacción del presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, que amenazó al Gobierno con poner en marcha el procedimiento si el Ejecutivo votaba a favor de una investigación contra él luego de que la Fiscalía General del país suramericano revelara cinco cuentas ilegales que tenía.
En cuanto al nombramiento del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, como ministro jefe de la Casa Civil de la presidencia y las críticas de la oposición, Rousseff afirmó que nadie lo puede impedir y que de una u otra manera él se incorporará a su equipo como ministro o asesor.
Al final de sus declaraciones, expresó su voluntad para dialogar y reformar el sistema político brasileño sin intentos infundados para someterla a un juicio político. “Conquistar se hace a caballo; gobernar lo tiene que hacer uno a pie”, concluyó Rousseff.
El pasado jueves, la Cámara de Diputados aprobó con 433 votos a favor y 1 en contra la creación de una comisión especial para analizar una petición de destitución de la presidenta por supuesta manipulación de las cuentas públicas.
La oposición exige añadir al acta las acusaciones del senador detenido Delcidio Amaral, del gobernante Partido de los Trabajadores (PT, oficialista), quien sostuvo que Rousseff y el ex presidente Lula (2003-2010) estaban al tanto de la corrupción en la petrolera Petrobras y sacaron provecho del esquema de financiación ilegal de campañas políticas montado a través de dicha empresa.
Rousseff, del partido PT (izquierda), fue acusada por un grupo de juristas apoyados por la oposición de haber aumentado gastos sin permiso del Congreso y de tapar agujeros del presupuesto con préstamos de bancos estatales en 2014, el año de su reelección, y a inicios de 2015.
