Cuando en junio del 2012 el gobierno argentino anunció su acuerdo con Monsanto para, entre otras cosas, autorizar el cultivo de la soja resistente al glifosato y productora de la toxina Bt (Soja intacta rr2 pro) desató una batalla entre la corporación y los grandes y pequeños productores de soja que aún no ha concluido y que sin lugar a duda intenta ser el telón de fondo para dar un paso más en la privatización de las semillas.
La autorización de la nueva soja puso en el centro de la escena a los Derechos de Propiedad Intelectual sobre las semillas ya que en Argentina conviven en este momento dos sistemas que permiten la privatización y el monopolio sobre las mismas:
– Por un lado, una Ley de Semillas del año 1973 (Ley 20247) que sigue vigente y que instituyó los Derechos de Obtentor sobre las semillas pero resguardando el uso propio y la posibilidad de realizar investigación sobre las semillas registradas con título de propiedad. La Ley expresa claramente que “No lesiona el derecho de propiedad sobre un cultivar…. quien reserva y siembra semilla para su propio uso”.
– Por otro, en el año 1996 se modificó la Ley de Patentes aprobándose la Ley N.º 24572 que abrió las puertas para el patentamiento de organismos producidos a través de la ingeniería genética. Si bien la Ley plantea que no serán patentables “La totalidad del material biológico y genético existente en la naturaleza o su réplica, en los procesos biológicos implícitos en la reproducción animal, vegetal y humana, incluidos los procesos genéticos relativos al material capaz de conducir su propia duplicación en condiciones normales y libres…” al final de esta frase se agregó el complemento “…tal como ocurre en la naturaleza” que permitiría el patentamiento de los transgenes introducidos en los organismos genéticamente modificados. Queda claro que las semillas no pueden ser patentadas, pero si los transgenes que contienen.
Excusa para una nueva Ley de Semillas
Sin embargo, la soja rr introducida en ese mismo año ‘96 en Argentina no tuvo ninguna solicitud de patente para sus transgnenes según lo reconoció la misma empresa que la introdujo. Pero para el año 2012, con la autorización de la Soja intacta rr2 pro se anunció simultáneamente la modificación de la Ley de Semillas para que la corporación pudiera recibir una retribución por sus aportes en tecnología.
Los diversos borradores que circularon clandestinamente, ya que nunca se hicieron públicos, mostraban claramente cómo el eje estaba en limitar el “uso propio” de las semillas, al limitar la posibilidad de “guardar semilla” para la siguiente cosecha, derecho básico y práctica histórica de los agricultores que es el fundamento de toda agricultura. Los distintos anteproyectos restringían gravemente prácticas que han estado en vigencia desde los inicios de la agricultura, como es el seleccionar, mejorar, obtener, guardar, multiplicar e intercambiar semillas libremente a partir de la cosecha anterior. Además en todas las versiones se abrían las puertas para la profundización de la expropiación y privatización de la biodiversidad agrícola y silvestre y se creaba un sistema policial para criminalizar a quienes guardaran o intercambiaran semillas.
Sin embargo, la anunciada modificación de la Ley nunca pudo concretarse ante la resistencia que desde múltiples sectores de la sociedad surgieron y se expresaron a través de campañas, recolección de firmas, movilizaciones, audiencias, documentos y diversas expresiones públicas. Las distintas versiones que se produjeron dentro del Ministerio de Agricultura nunca llegaron a ser presentadas al Congreso de la Nación.
La Cláusula Monsanto
Ante este panorama incierto para sus intereses, Monsanto decide unilateralmente crear un sistema de Licencia de Uso para su nueva soja “orientado a asegurar el reconocimiento y respeto de los derechos de propiedad intelectual de las nuevas invenciones biotecnológicas aplicadas a variedades de soja”.
A través de esta Licencia de Uso, que es en realidad un Contrato de Regalías Extendidas, Monsanto impone a quien quiera usar la soja la firma de un contrato con vigencia hasta el 14 de noviembre de 2028 por el cual el productor asume el compromiso de pagar una contraprestación por el uso de la tecnología y realizar el “uso correcto de la tecnología” cada vez que vuelva a sembrar la soja intacta.
Este pago de regalías es contrario a la legislación vigente, pero no recibió ningún cuestionamiento del gobierno nacional y se sigue sosteniendo desde su lanzamiento en el año 2013.
Sin embargo, los productores de soja no firmaron masivamente este contrato y para los años 2013 y 2014 la siembra de la soja intacta se multiplicó a partir de la comercialización del grano cosechado en la anterior cosecha, vendido ilegalmente como semilla.
A partir de allí, ya en el año 2015, Monsanto intentó cobrar las regalías realizando controles en los silos donde el grano es acopiado para su exportación en los puertos del litoral argentino, desatando un conflicto de envergadura ante la negativa de los productores a aceptar este control. Tal fue la dimensión del conflicto que en el mes de mayo el gobierno nacional intervino y luego de una reunión con las partes, informa que el mismo se resolverá a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que establezca el cobro de regalías (limitando el uso propio) pero que sólo autorizaría el control para el cobro de las mismas sobre la semilla y no en los granos.
Este intento de aprobación del DNU también tuvo un amplio rechazo social y fue duramente cuestionado y nunca llegó a emitirse.
Así es que llegamos al año 2016 con un conflicto que se agudizará en las próximas semanas cuando comience a cosecharse la soja y con un nuevo gobierno en el que la alianza con el agronegocio (corporaciones biotecnológicas y productores de soja) es aún más fuerte que en el gobierno anterior (con representantes de los sectores productores de soja y de Monsanto ocupando cargos públicos).
A esto se suma la novedad de un acuerdo de Monsanto con los grandes agroexportadores que se comprometen a facilitar los análisis en los puertos para detectar la presencia de la soja intacta. Ya la corporación Bunge ha anunciado que comenzará a realizar los análisis correspondientes al nuevo sistema creado denominado “bolsatech”. A partir de estos controles se habilita, siempre por la vía privada, que Monsanto demande a los productores para cobrar sus regalías.
La reacción de los productores de soja
Los grandes y medianos productores de soja han rechazado desde sus organizaciones el cobro de regalías extendidas y han recurrido a diversas medidas legales para denunciar a Monsanto por sus abusos, sin cuestionar por supuesto el resto del modelo agrícola industrial ni sus consecuencias.
Durante el mes de febrero de 2016 la Federación Agraria Argentina junto con las entidades que componen el Complejo Federado presentaron una ampliación de la denuncia existente contra Monsanto ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. En la misma, se realizó la denuncia planteando que Monsanto con sus medidas está abusando de su posición dominante en el mercado buscando lograr el total control de la cadena productiva, comercial e industrial del grano, violando la Ley de Semillas y la Ley de Patentes. Las entidades afirmaron que la empresa monopoliza el mercado de semillas, imponiendo cláusulas abiertamente ilegales, sin posibilidad de defensa alguna por parte de los productores, las cooperativas o los acopiadores, que se están viendo afectados por condiciones comerciales leoninas, que los discriminan del sistema de comercialización de granos de soja, sometiéndolos a un sistema abusivo e ilegal.
En tanto la Sociedad Rural Argentina (SRA), que agrupa a los grandes terratenientes argentinos, ya en el año 2015 denunció que “Monsanto no tiene la patente de la soja Intacta RR2 PRO” en la voz de su presidente Luis Miguel Etchevehere.
En marzo de 2016 la SRA denunció a Monsanto ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. La acusa de conducta antijurídica y abusiva en la implementación del sistema de comercialización de la semilla Intacta RR2 PRO. “Bajo la máscara de un supuesto acuerdo voluntario con el productor, y a través de contratos de adhesión, con cláusulas abusivas y contrarias a la legislación de orden público vigente en la República Argentina, Monsanto obliga a los productores a renunciar a los derechos reconocidos en la Ley de Semillas 20.247, e intenta cobrar regalías por supuestos derechos de propiedad intelectual que la ley y las autoridades nacionales no le reconocen (tal como fue confirmado por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, frente a una consulta de la SRA, en junio de 2015)”, indicó la entidad en un comunicado.
Sobre los impactos de la sojización, la destrucción de ecosistemas y suelos, la contaminación por agrotóxicos que implica el modelo, el desplazamiento de comunidades campesinas y la destrucción de economías regionales ninguna de las organizaciones dijo una palabra
Los agricultores familiares y campesinos y los movimientos sociales
Los movimientos sociales y campesinos que cuestionan la totalidad del modelo sojero mantuvieron durante todos estos años un radical cuestionamiento a la modificación de la Ley de Semillas y fueron actores centrales en su freno desde el año 2012.
Ante el intento de modificar la Ley por Decreto durante el año 2015 el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) expresó que lo que está en juego es una disputa por la función social de las semillas o su subordinación al capital financiero transnacional. Según expusieron en el comunicado que difundieron, “ceder a la presión de las corporaciones y aceptar la propiedad intelectual sobre semillas, en un contexto donde las empresas transnacionales son quienes controlan más del 90% de esa tecnología, así como todos los eslabones de esa cadena (insumos, servicios, comercio global, mecanismos financieros) es retroceder en Soberanía”. Además, enfatizan que “el uso propio es un derecho inalienable para los campesinos indígenas y agricultores familiares, y para ejercerlo no necesitamos estar en ningún tipo de registro, ni ser tratados como excepciones a ninguna normativa” (9).
La Campaña “No a la nueva Ley Monsanto de semillas en la Argentina” en ese mismo momento emitió un comunicado donde asegura que el anunciado DNU “avanza sobre un tema que viene recibiendo las críticas y el rechazo de cientos de organizaciones sociales, de trabajadores, de agricultores, campesinos y pueblos originarios, así como de académicos y de diferentes sectores políticos. Estos múltiples sectores resisten la apropiación de los bienes comunes de la naturaleza”. Asimismo, remarcan que “con la excusa de combatir la ‘Bolsa Blanca’ [la venta de las semillas de soja como grano por parte de productores] se plantea haber llegado a un ‘consenso’ para impulsar este DNU”. Sin embargo, se denuncia que éste no es tal ya que no representa a toda la sociedad y que es “solo el consenso del agronegocio para seguir imponiendo sus pretensiones”. La declaración finaliza haciendo un llamamiento a rechazar “cualquier decreto y a cualquier normativa que intente avanzar sobre la privatización de nuestros bienes comunes”.
La respuesta del Gobierno
Una vez más la respuesta del gobierno nacional ha sido el anuncio de una nueva Ley de Semillas, tal como lo manifestó el Ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile al diario Clarín, vocero del agronegocio argentino durante la mega muestra Expo-Agro realizada en el mes de marzo en el corazón sojero de la Argentina . El Ministro expresó alli que “se reforzarán los controles oficiales a través del Instituto Nacional de Semillas (INASE), para evitar la proliferación de semilla ilegal o no certificada”. Y la conclusión es que la solución de fondo parece ser una Ley de Semillas que defina con claridad los derechos de unos y otros. Por supuesto que en esta misma Expo-Agro esta propuesta fue ratificada y apoyada por el presidente de la empresa, Juan Farinati.
Al mismo tiempo, el otro diario vocero de agronegocio, La Nación, acaba de informar que “según trascendió, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, planteará en sus reuniones con el presidente Mauricio Macri la cuestión de la propiedad intelectual incluida en semillas”. Queda así muy claramente marcada la agenda de los próximos meses.
Conclusiones
Esta disputa entre sectores poderosos del agronegocio por la distribución de una parte de la inmensa renta que los commodities ofrecen en la actualidad esconde detrás el propósito de fortalecer el control corporativo y la mercantilización de todas las semillas.
No existen dudas. En esta disputa los grandes monstruos corporativos lograrán acuerdos satisfactorios mientras las semillas criollas y nativas seguirán siendo víctimas de esta apropiación. Y serán las campesinas y campesinos, los productores familiares y agroecológicos los que sufrirán las consecuencias de las nuevas normas que se impongan.
La situación actual en la India, donde Monsanto amenaza con retirarse del mercado ante la intención del gobierno de “recortar las cuotas de la compañía por propiedad intelectual” ya que esto le implica a la compañía “crecientes dificultades para recuperar sus inversiones en investigación y desarrollo en semillas modificadas” muestra que la historia se repite ya que este fue el discurso con que Monsanto comenzó su campaña por la modificación de la Ley de Semillas en Argentina en el año 2005.
Frente a los cambios que se están produciendo en América latina, donde se está produciendo un giro en el que la aprobación de Tratados de Libre Comercio comienzan a ser parte de la agenda de los nuevos gobiernos (que se suman a los que ya los venían promoviendo como Chile, Perú, Colombia o México) la agudización de la imposición de Leyes de Semillas estará al orden del día.
El caso de Argentina debe servir como espejo para poder mirar integralmente las consecuencias de un modelo, los mecanismos que se utilizan para imponer las nuevas leyes y también las distintas vías para la resistencia que hasta el presente han dado sus frutos, impidiendo este avance en la privatización de las semillas.
(Renace)
