En su reunión con funcionarios del ministerio del Interior, Roberto Ñancucheo, Daniel Segovia (foto) y otros dirigentes originarios pusieron en la mesa causa judicial que el gobierno de Jujuy impulsa en contra de la Organización Tupac Amaru y su líder Milagro Sala.
El último viernes se llevó adelante la reunión ante funcionarios de la Secretaría de Asuntos Políticos y Fortalecimiento Institucional del Ministerio del Interior con la presencia del subsecretario nacional del área doctor Julio Postiglioni, quiénes se mostraron muy reticentes al diálogo, cuando se tocó el tema Milagro Sala, en relación a la competencia del Ministerio en la causa hipermediatica.
La exposición fue clara y contundente por los originarios al aclarar que en Jujuy, se perdió toda institucionalidad y las garantías constitucionales en todo orden, en virtud que el poder judicial y ejecutivo compuestos por funcionarios de comprobado arraigo a un partido político UCR, llevan adelante una planificación en conjunto de persecución política y hostigamiento judicial.
Segovia expresó que el gobierno de Jujuy y gran parte del poder judicial no pueden garantizar la seguridad ni la integridad física o moral de un solo jujeño, en tanto que la posición adoptada por los mismos desde hace 100 días, continúe en mantener presa a Milagro Sala, considerando que una sola persona y mujer puede desestabilizar el orden institucional de la provincia, entorpecer el proceso de su propia causa y colocar en riesgo a cientos de Miles de jujeños, en otras palabras si una sola persona pone en vilo a una sociedad, por lo tanto el gobierno y la justicia de la misma, no puede garantizar nada.
También explicaron los dirigentes originarios, que las facultades del Ministerio del Interior son varias pero la más importante es la de garantizar el pleno ejercicio de principios y garantías constitucionales y por ende es específica la competencia.
El agravante que motivó a los originarios, a presentar un escrito con el contenido detallado en esta nota, específica que desde hace 100 días el Ejecutivo provincial y judicial de Jujuy no logran acreditar una sola prueba concreta en contra de Sala que responsabilice directamente con un delito.
Mientras tanto la líder originaria se encuentra privada de libertad, hasta que los indicios de los denunciantes tomen forma fáctica de prueba y logren justificar los 100 días de secuestro judicial en complicidad con funcionarios de un gobierno.
Los dirigentes originarios solicitaron al ministerio del interior que impulse o intermedie, una instancia de diálogo entre las partes para evitar el avasallamiento de los derechos involucrados, respetando el principio de inocencia hasta que medie resolución al respecto.
El doctor Julio Postiglioni se comprometió a informar al ministro Rogelio Frigerio, sobre el estricto pedido de los originarios, en relación a la intermediación sugerida, aclarando los descendientes indígenas que las organizaciones territoriales de todo el país están muy preocupadas por la política Indígena de este gobierno y el trato a Milagro Sala líder Colla.
