Además de los policías federales que viajaban en dos autos patrullas, otros agentes cuya participación se ignoraba, de la Policía Municipal de Huitzuco, pueblo vecino a 20 km de Iguala, participaron en la masacre contra los jóvenes que se trasladaban en cinco autobuses, saldada con siete muertos, 25 heridos y 43 desaparecidos.
Dos patrullas de la policía de Iguala (220 km al sur de la Ciudad de México) persiguieron a uno de los autobuses cerca de Huitzuco, balacearon los neumáticos y bajaron a los jóvenes con violencia, cerca de un puente en la carretera de Iguala a Chilpancingo, capital de Guerrero.
Al lugar llegaron dos patrullas federales –que luego se retiraron tras dialogar con los agentes de Iguala- y tres patrullas más de Huitzuco, según la nueva pieza del rompecabezas de las pesquisas.
Después de ser obligados a bajar del autobús, los estudiantes de la escuela rural de maestros de Ayotzinapa “habrían sido llevados al Municipio de Huitzuco, para presentarlos ante quien se identifica como ‘El Patrón’, posible líder de una organización criminal y quien resolvería sobre su destino”, dice la revelación de la CNDH.
La investigación del llamado Caso Iguala “es un expediente abierto y debe ser asumido como prioridad nacional”, dijo González Pérez al presentar el informe.
“Hoy (jueves) se confirmaría esa nueva ruta con la posible participación de agentes de dos corporaciones policiales adicionales a la municipal de Iguala, en la desaparición de los estudiantes” que se trasladaban en el autobús de la empresa Estrella de Oro número 1531 aquella noche, “específicamente, de la Policía de Huitzuco y de dos agentes de la Policía Federal”, dice el informe de la CNDH.
Además, un militar llegó en su moto al lugar de la detención, conocido como Puente del Chipote, cerca del Palacio de Justicia de Iguala, que tiene cámaras de vídeo, cuyas grabaciones no fueron obtenidas, donde las patrullas interceptaron uno de los autobuses en los cuales viajaban los estudiantes.
El militar tomo fotografías de las patrullas y al ser descubierto por los policías “se retiró del lugar a pie abandonando su motocicleta”, pero “hizo 4 tomas fotográficas en la escena criminal”, dice el reporte de la CNDH.
La participación de esos agentes federales y municipales no formaba parte de la llamada “verdad histórica” de la Fiscalía federal, que solo identificó a dos jóvenes desaparecidos por análisis de ADN a restos calcinados, encontrados en el basurero y un río de otro pueblo cercano, Cocula.
La revelación fue presentada a pocos días de que una misión de expertos independientes de la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH) entregue su informe final de más de un año de colaboración con la Fiscalía federal, gracias a un convenio internacional que el Gobierno de Enrique Peña expresó que no desea renovar.
Un autobús marcado
En ese autobús –prosigue la revelación- viajaba Alexander Mora Venancio, uno de los dos estudiantes identificados por análisis genéticos de ADN en el Instituto Forense de Innsbruck, Austria.
En el conjunto “estarían participando en total, agentes policiales de cuatro corporaciones”, Iguala, Cocula, Huitzuco en la desaparición de un grupo conformado por entre 15 a 20 normalistas en el Puente del Chipote.
Por esta trama, organismos de DDHH configuran la masacre como un crimen de Estado.
La CNDH dice que la pista fue ofrecida por un testigo, cuyo nombre se mantiene en reserva, con quien “logró la confianza” y aportó información fundamental.
Dos autobuses de los que fueron sustraídos los jóvenes —uno bloqueado en el Centro de Iguala, entregado a la policía de Cocula, y otro detenido en el Puente del Chipote, pertenecen a la línea de transporte de pasajeros Estrella de Oro.
Para establecer el móvil de los ataques, la CNDH pide investigar si fue circunstancial que “son los mismos en los que originalmente los estudiantes se trasladaron de la Escuela Normal de Ayotzinapa a Iguala”, o si la situación obedeció a otra razón.
La CNDH denuncia que representantes de una empresa –que no menciona- habrían obstaculizado sus investigaciones y, “en algún sentido, encubierto a probables responsables”.
