"Se trata de una organización criminal, no es un episodio aislado (...), estamos frente a una organización criminal que ha tenido la capacidad de articular personas, de utilizar entidades públicas, de planificar los delitos, de ejercitar chantaje, extorsión y de lograr beneficios económicos", y que operó desde 2009 en Argentina, Brasil, Paraguay y Panamá; señaló Quintana en una declaración a la prensa.
Quintana involucró también en el caso a Cristina Choque, ex directora de la Unidad de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia, y amiga de Zapata, además de otras tres personas. El grupo, según Quintana, se habría beneficiado de negocios con el Estado, aunque no especificó cuáles.
Zapata se hizo conocida luego que en febrero se dijera que era madre de un hijo de Morales, abriendo la sospecha de la existencia de tráfico de influencias de parte del mandatario boliviano, situación descartada esta semana por una investigación del Congreso, de mayoría oficialista. Además, la Justicia boliviana dictaminó el miércoles la "inexistencia física comprobada" del menor.
El mandatario boliviano expresó en su cuenta de Twitter que lo del hijo con su ex novia Gabriela Zapata y la acusación del tráfico de influencias eran “mentiras”, atribuyendo ambos hechos a la derecha opositora. La derecha es experta solo en la mentira. “La oposición solo perjudica a la nación”, aseveró.
El martes, la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia aprobó un informe de la Comisión Especial Mixta, en el que se descarta la existencia de supuestas irregularidades en contratos suscritos entre el Estado y la empresa china CAMC, de la que Zapata fue gerente.
El asunto salió a la luz pública poco antes del referendo del 21 de febrero, en el que los bolivianos debían decidir si Morales podía postularse a un cuarto mandato (2020-2025).
