En la provincia de Buenos Aires comenzó el proceso de reglamentación de una ley que impulsó junto con otras organizaciones y que llevará su nombre: la 14.783 de Cupo Laboral Trans. ”Una ley de estas características parecía ser imposible, pero lo logramos. Es una forma de hacer justicia por ella”, dijo a Cosecha Roja Sasha Sacayán, su hermana y miembro del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación.
La ley dice que el 1 por ciento de los puestos en la administración pública deberán ser ocupados por personas travestis, transexuales y transgénero. El estado deberá garantizar el acceso al puesto y que haya permanencia en él. “Hará falta el acompañamiento y la capacitación. Las compañeras tienen una práctica poco usual en los espacios de la institucionalidad”, dijo a Cosecha Roja Claudia Vásquez Haro, directora de la Asociación Civil Otrans.
Antes de ser asesinada en su departamento de Caballito, Diana vio la sanción de esta ley en septiembre del año pasado. Tuvo que pelear para que las autoridades asumieran su responsabilidad. Ella no quería que se reglamente la prostitución porque no veía a la calle como la única salida. Conocía bien la situación que vivían a diario sus compañeras. Decía que la 14.783 las convertiría “ciudadanas de primera clase”, aquellas que pueden acceder a la salud, a la educación y al trabajo. A la par de Diana, Lohana Berkins fue otro ejemplo para esa comunidad: se transformó en la primera trans del país en ser contratada para un puesto estatal. “Curar las heridas que deja la prostitución no es un trabajo fácil”, dijo Sasha.
Las chicas se acercan a Otrans para contar sus historias. Denuncian la discriminación aunque les cuesta demostrarla. Casi siempre es sutil, poco explícita. Llevan sus currículums y los encargados las miran de arriba a abajo. Les dicen que las van a llamar y no lo hacen nunca o les aseguran que alguien más fue contratado para ese cargo. A Yamila Ramirez la rebotaron cuando se anotó para ser guardiacárcel en el Servicio Penitenciario Bonaerense. Pero también pasa en lugares más comunes como los locales de ropa y otros negocios con venta al público.
A la Ley Diana Sacayán le hacen falta retoques para que se reglamente del todo. El lunes se debatieron las cuestiones más políticas y técnicas como la precisión del artículo 5, es decir, quiénes son las beneficiarias: “las personas travestis, transexuales y transgénero, mayores de 18 años de edad, hayan o no accedido a los beneficios de la Ley N° 26.743 de Identidad de Género y que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo que deben ocupar de acuerdo a sus antecedentes laborales y educativos”.
Uno de los problemas es que no todas tienen el secundario y el primario completo. La modificación hará para que se acerque a la realidad de la comunidad trans. Los antecedentes penales también influyen en los requisitos y es un problema que hay que reveer. “Nuestro colectivo es perseguido por la policía. Hay algunas que tienen más de 100 causas armadas”, dijo Vásquez Haro.
La última conquista de Diana fue la Ley de Cupo Laboral Trans. Lideró el Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación y la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays y Bixesuales. Consiguió que el Ministerio de Salud publicará una resolución para que se respete la identidad autopercibida en los hospitales bonaerenses. Tuvo el DNI con el nombre que decidió tener.
El proyecto de ley fue presentado en 2010 y 2012 por las organizaciones Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación, Asociación de Lucha por la Identidad Travesti Transexual y Abogadxs por los Derechos Sexuales, Conurbanos Por La Diversidad-Jóvenes Por La Diversidad y la diputada Karina Nazábal (FPV). Fue sancionado en septiembre de 2015. En mayo, el Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires había pedido al gobierno la reglamentación.
