Los cambios planteados se centran en el capítulo II, del Ordenamiento Político de la República, título II, de la Estructura y de la Organización del Estado; capítulo III, del Poder Judicial, previsto en el artículo 289 de la Constitución.
Según el Art. 289 de la Carta Magna, el proceso de la reforma puede ser iniciado por solicitud del 25% de los parlamentarios de cualquiera de las dos cámaras legislativas, por pedido del presidente de la República, o por un mínimo de 30 mil electores en petición firmada.
La propuesta cuenta con el respaldo de treinta tres mil seiscientos noventa y siete firmantes (33.697), comprobados por el Tribunal Segunda Sala de la Justicia Electoral.
El pedido de reforma intenta modificar la sección I, de las disposiciones generales; artículo 251 de la designación, 252 de la inamovilidad de los magistrados, y 253 del
Enjuiciamiento y de la Remoción de los magistrados. También la sección II de la Corte Suprema de Justicia, artículo 258 de la integración y de los requisitos, 259 de los deberes y atribuciones, numeral 7, artículo 260 de los deberes y atribuciones de la sala constitucional, y 261, de la Remoción y Cesación de los Ministros de la Corte Suprema de Justicia. A su vez, la Sección III, del Consejo de la Magistratura: Artículo 262, de la Composición; 263, de los Requisitos y de la Duración; 264, de los Deberes y de las Atribuciones.
Igualmente, la Sección IV, del Ministerio Público: Artículo 266, de la Composición y de las Funciones; 269, de la Elección y de la Duración; 271, de la Posesión de los cargos; y 272, de la Policía Judicial. Además, se pretende debatir la inclusión del Ministerio de la Defensa Pública dentro de la Constitución.
