Además, exigió que se investigue la denuncia de Pérez Corradi acerca de los 200 mil dólares que le habría dado a Ernesto Sanz cuando era consejero para atacar a un magistrado.
Rodolfo Tailhade aseguró que Claudio Bonadio, a pesar de haber sido apartado de esa investigación en noviembre de 2005 entre otras razones por su amistad con el ex comisario Jorge “Fino” Palacios y una actuación plagada de irregularidades, mantuvo una causa “paralela” que tenía indudable conexidad con la formal, en la que produjo pruebas para favorecer a Palacios, uno de los acusados de encubrir el atentado.
En esa causa “paralela”, el juez federal "simulaba" investigar al propio Palacios por haber frustrado allanamientos en el marco de la denominada “pista siria”, pero en rigor estaba trabajando para su desvinculación, ya que esos mismos hechos estaban siendo investigados por el juez Lijo, único magistrado competente para investigar el encubrimiento.
De esa manera, Bonadio replicaba ilegalmente en su causa, trabajando en espejo, la prueba que obtenía Lijo, posibilitando que Palacios tuviera por adelantado los resultados de las medidas. Incluso mientras lo “investigaba”, el juez Bonadio visitó a su amigo en la cárcel de Marcos Paz, mientras el ex comisario se encontraba detenido por el caso de las escuchas ilegales por las que también se procesó al presidente Mauricio Macri.
Otro dato remarcado en el escrito de Tailhade es que la denuncia contra Bonadio, Palacios y Carlos Corach fue realizada por el fallecido fiscal Alberto Nisman y el ex agente de inteligencia Antonio Stiuso.
“Hoy Bonadio quiere “honrar” al fiscal Nisman y presentarse como un abanderado de la causa AMIA, pero fue un histórico conspirador contra el fallecido fiscal y encubridor de los encubridores del atentado”, señaló el diputado del FpV.
En 2010 la Cámara Federal apartó a Bonadio también de esta causa paralela y remitió las actuaciones al juez Lijo, quien de inmediato anuló todo lo actuado. Los hechos denunciados por Tailhade son investigados por el juez Sebastián Casanello, en una causa en la que el fiscal requirió numerosas medidas de prueba y deslizó la posibilidad de que Bonadio sea convocado a prestar declaración indagatoria.
Por otra parte, Tailhade también solicitó al Consejo de la Magistratura que investigue las manifestaciones de Ibar Pérez Corradi sobre el radical cercano a Macri Ernesto Sanz. Sostuvo que es necesario que “el Plenario le ordene al Cuerpo de Auditores la apertura de una información sumaria para deslindar responsabilidades por los dichos del narcotraficante Perez Corradi que, luego de haber sido traído con honores y recibido como si fuese un jefe de estado por la ministra Bullrich, declaró ante el Juzgado de Servini de Cubría que le había dado 200 mil dólares a Sanz que era consejero para que atacara a Faggionato Márquez a fin de impulsar un juicio político”.
"Los hechos son extremadamente graves como para que nos hagamos los distraídos, nos afecta a todos como sociedad, a este Consejo, a los consejeros que estuvieron en aquel momento y a los que estamos ahora mismo, por lo que debemos saber si esos hechos sucedieron o no y en su caso, determinar la responsabilidad que le cabe a cada quien”, evaluó Tailhade.
El bloque oficialista del órgano judicial rechazó tratar el planteo hoy, por lo que seguramente será tratado en el plenario próximo del 11 de agosto.
