Como contraparte, más grupos de familiares afectados han decidido tomar una varilla y una pica para desenterrar cientos de fosas clandestinas en los últimos tres años y medio. Así como el Presidente copió las propuestas de seguridad del Mando Único y la lucha contra las drogas de su antecesor, especialistas creen que omitió las acciones en contra de las desapariciones.
México se estancó en la lucha contra las desapariciones. Especialistas en seguridad consideraron que las acciones en el tema de seguridad de la actual administración de Gobierno son una replica de las implementadas por el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa. Los resultados muestran un retroceso. En tres años y medio el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto ha igualado el número de desapariciones ocurridas durante los seis años de su antecesor Felipe Calderón Hinojosa.
Datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) detallan que del 2013 al mes de abril del presente año hubo 13 mil 156 desapariciones; 72 más que las registradas entre el 2007 al 2012, cuando Felipe Calderón gobernaba y el auge de la guerra contra el narcotráfico inició una ola de violencia.
“El problema es que la política en estos temas se ha concentrado en tratar de contener y controlar las emergencias, y no en resolver nuestros problemas de fondo. Así se creó la Subprocuraduría Especializada en Desaparición Forzada y se planteó la posibilidad de una Ley. Pero todas son pequeñas acciones que no terminan de engarzarse en una gran estrategia”, consideró Édgar Cortez Morales, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.
Los datos oficiales refieren que el 74 por ciento de los desaparecidos son hombres y el 26 por ciento mujeres. Mientras que el rango de edad con mayor número de casos registrados es de entre 15 a 19 años, un 15 por ciento del total.
Ante la impotencia, familias que esperaban los resultados de parte del Gobierno federal y de las autoridades estatales han terminado por asociarse en grupos de búsqueda. Un fenómeno que proliferó en todo el país. “Es la respuesta de autotutela de derechos humanos frente a la incapacidad y la negligencia de las autoridades. Aquí no queda otro remedio que ellos mismos buscar la localización de los suyos”, dijo Cortez.
La noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre marcó al sexenio de Peña Nieto y a su estrategia de seguridad en el país, cuando se destapó el caso de la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. A 22 meses de los incidentes –en los cuales estuvieron involucradas autoridades locales– ninguno de los muchachos ha sido hallado.
Apenas ayer, representantes de los padres hicieron una breve visita a los comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, Estados Unidos, con el propósito de pedir un mecanismo de seguimiento a las recomendaciones hechas por el Grupo de Expertos Independientes (GIEI).
“Cuando se terminó el periodo acordado para el GIEI se hicieron una serie de recomendaciones que tocan temas estructurales, como la mayor capacidad de investigación, investigación de contexto y mejoramiento de los servicios periciales”, dijo Cortez.
Nuevas fosas tras 43
La crisis por la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa y las investigaciones que le sucedieron revelaron la extensión de este flagelo en Guerrero. Las fosas clandestinas aparecen con regularidad y, sin más, ayer fue encontrada una de esas sepulturas en el paraje llamado Panteón de la Joya.
“Fuimos a escarbar y encontramos otra fosa clandestina en un cerro que le llaman La Joya. Se ve grande. Ya antes habían trabajado ahí [otra parte del cerro] la Fiscalía del estado de Guerrero, la SEIDO [Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada] y la unidad de desaparecidos de la PGR [Procuraduría General de la República]. Pero fuimos nosotros los que encontramos 26 cuerpos”, dijo Mario Vergara Hernández, representante de Los Otros Desaparecidos de Iguala.
Este colectivo, que nació el 16 noviembre por iniciativa de 50 feligreses de la Iglesia San Gerardo, en Iguala, tiene en su haber el hallazgo de 147 cuerpos en fosas clandestinas, 30 cuerpos en una fosa común de un panteón de Iguala y más de 100 cuerpos recuperados de los Servicios Médicos Forenses (Semefos) previstos para ir a una fosa común, además de más de mil fragmentos de huesos.
Vergara Hernández se mostró satisfecho por el hallazgo de ayer. Y recordó la incidencia que tuvo la desaparición de los 43 para que iniciasen otras búsquedas.
“Tuvieron que desaparecer para que mucha gente nos diéramos cuenta de que sí podíamos buscar a nuestros familiares. En las búsquedas por los estudiantes, las autoridades encontraron cinco fosas con 30 cuerpos calcinados en el paraje ‘Las Parotas’ [al poniente del municipio] y se dieron cuenta de que eran otras personas, porque había mujeres. Ahí las dejaron, como si fueran animales, como si no tuvieran derechos, o no fueran nada”, recordó.
La inquietud de que sus desaparecidos pudieran hallarse en los alrededores de Iguala hizo que los lugareños se organizaran. Uno de sus líderes fue el policía comunitario Miguel Ángel Jiménez Blanco, quien halló cientos de cadáveres en las veredas del estado, antes de su asesinato en agosto del 2015. El riesgo para estas familias que buscan está siempre presente. “Si nos matan no serán delincuentes sino las autoridades”, destacó Vergara.
Sabuesos de Sinaloa
El grupo Sabuesos de Sinaloa se formó a partir de octubre del año pasado para rastrear desaparecidos. El estado afronta la desaparición de 2034 personas, de acuerdo con datos del RNPED.
“Nosotros no confíanos en el Gobierno. No nos compran, no nos convence que nos den unas galletitas y unas palmaditas. Lo que se ha logrado aquí en Sinaloa es lo que las familias hemos trabajado. A pesar de que es un trabajo del Gobierno, no les interesa hacerlo. Por eso nosotros agarramos picos y varillas, y ahora hemos logrado que nos volteen tantito, para que nos acompañe la Fiscalía”, dijo Rosa Nery, miembro de Sabuesos de Sinaloa.
El Subprocurador de Justicia estatal, Jesús Martín Robles Armenta, rechazó hace 15 días el acompañamiento del grupo de rastreo hacia un lugar en el municipio El Rosario, donde aparecieron los huesos de tres personas.
“Nosotros ya teníamos un punto y queríamos ir por esos huesos que estaban ahí y qué pasa, no nos dejaron ir. La Fiscalía actuó y ahora resulta que esos huesos son de animal. Afortunadamente, yo tenía fotos y las mostré con antropólogos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y sí son de humano”, dijo Rosa Nery.
El colectivo de 23 personas sale cada viernes en busca de sus familiares. Su mayor parte pertenece a la Brigada Nacional de Búsqueda, un esfuerzo que une a diferentes familiares del país para buscar a sus desaparecidos, y que en noviembre estará realizándose en Sinaloa.
“A ellos [las autoridades] no les interesa buscar. Son indolentes ante el dolor de las familias”, dijo Nery, quien busca a su cuñado Daniel Zavala Martínez, y a sus dos hermanos Rafael Zavala Martínez y Rafael Zavala Contreras, vistos por última vez el 23 de abril del 2010 en Monclova, Coahuila.
Trabas en Veracruz
Ayer, el colectivo Solecito decidió desplegar una serie de rastreos en Veracruz. Iniciaron en la zona norte del Puerto de Veracruz; un esfuerzo que también comprenderá los alrededores de los municipios de Boca del Río y Medellín.
Lucía de los Ángeles García Henao, coordinadora del Colectivo Solecito denunció las trabas interpuestas por la administración del Gobernador Javier Duarte de Ochoa para que los rastreos se hagan a cabalidad.
“La Fiscalía está poniendo muchos obstáculos y nos está bloqueando mucho la búsqueda. La tratamos de hacer con ello, pensando en que nos iban a apoyar, en el resguardo, hasta ahora estamos viendo que está siendo contraproducente. Están tratándonos como si nosotros fuéramos personas sin inteligencia ni sentido común y nos están bloqueando. No nos dejan pasar a ciertos lugares, [nos dicen] que no podemos tomar fotos, que no podemos llevar prensa”, externó García.
La entidad acaba de ser testigo de la Segunda Brigada Nacional de Búsqueda de Desaparecidos, que se llevó a cabo del 15 al 29 de julio. Pese al hallazgo de una fosa en el municipio Paso del Macho, los participantes acusaron la resistencia de las autoridades a brindarles seguridad.
Ahora, por el contrario, son las autoridades las que limitan el transcurso normal de las búsquedas, denunció el Colectivo. “Está siendo a modo de la Fiscalía y así no podemos salir nosotras. Estamos invirtiendo dinero nuestro y esfuerzo impresionante, para que esa gente nos quiera condicionar. No es justo”, reclamó García, por lo que el grupo asevera que podría desmarcarse de las autoridades para continuar los trabajos.
En registros oficiales, Veracruz cuenta con 682 personas desaparecidas. Pero, organizaciones civiles han expuesto que el número sería mucho más alto, por la complicidad del Gobierno en muchos de los casos. Como en el caso de Tierra Blanca, donde cinco jóvenes desaparecieron a manos de policías estatales, y que por la colusión de las autoridades con el crimen asemeja un operativo como el de Iguala.
Sin embargo, el Gobierno federal ha sido incapaz de lanzar estrategias que encuentren similitudes, aseguró Cortez.
“Están en la lógica de que busquemos a los desaparecidos uno por uno. Y eso no tiene ningún sentido, porque además imposibilita resultados, porque muchas desapariciones son responsabilidad de las autoridades, o contaron con la participación de autoridades”, dijo el investigador y activista.
*Por Juan Luis García Hernández
