Desde la Coordiandora 13 de enero denuncian que este viernes, policías de la Comisaría de Gómez –Fiske Menuko, Río Negro- llevaron a la madre de Pablo Vera por la fuerza a declarar por supuestas amenazas al policía que mató a su hijo.
“El operativo se desarrolló de manera absolutamente irregular ya que no había llegado ninguna notificación para esta declaración”, explican a través de un comunicado: “María fue sacada de su casa en un móvil policial sin posibilidades de ser acompañada por ningún integrante de su familia, así como tampoco se de le dio tiempo para tomar las medicaciones que tiene indicadas por su estado de salud”, por lo que luego tuvo que ser llevada al hospital.
Desde la Coordinadora explican que “en la causa por la que fue llamada a prestar declaración indagatoria, María se encuentra imputada por el delito de amenazas contra el policía Villegas” y que “esta denuncia fue llevada adelante por el fiscal Luciano Garrido, quien actuó de oficio fundándose en un video en el que María es entrevistada en el momento inmediatamente posterior a la detención violenta que sufrió su familia y amigos de Pablo por parte de policías de la comisaría 21”. Recuerdan que el mismo fiscal “fue uno de los funcionarios judiciales que se negó a recibir la denuncia por las torturas que la familia y amigos de Pablo estaban recibiendo durante su detención en la Comisaría 21 de la Ciudad”.
Pablo Vera, de 23 años, fue asesinado de un disparo en la nuca por el policía Jorge Villegas el septiembre del 2014. En noviembre, en el marco de una manifestación por la liberación del homicida policial, una represión terminó con hombres, mujeres (una de ellas embarazada) y niños detenidos y torturados.
La causa por torturas está trabada desde entonces, sin embargo la iniciada por el Estado contra las y los manifestantes avanza. En febrero de este año, tras una enorme lucha librada por la familia del joven acompañada por organizaciones, se consiguió que el miembro de la fuerza sea condenado a perpetua y esta semana el Tribunal Superior de Justicia de Río Negro aceptó permanezca encerrado hasta tanto la sentencia quede firme.
“Este hecho constituye un acto más de criminalización, que abundan desde el momento en que Pablo fue asesinado”, resaltan desde la Coordinadora 13 de enero: “como venimos denunciando desde ese momento, es una práctica sistemática que conjuga el accionar policial y judicial desplegado sobre quienes se organizan y luchan, en este caso contra el accionar del sistema represivo”.
El comunicado concluye: “María no bajó los brazos ante la indiferencia y la impunidad que tejían la policía y el poder judicial, es irregular y violentamente llamada a declarar en una causa que no posee más fundamento que la necesidad del poder judicial de acallar la lucha de lxs familiares de Pablo que continúan pidiendo justicia ante el asesinato policial”, asegurando que “no es una casualidad ni un hecho aislado, el archivo de las causas contra el juez Camarda, los (7-8) procesamientos a participantes de las marchas y los privilegios de detención de Villegas configuran una trama que persigue a lxs que luchan a la vez que garantiza la impunidiad de policías y funcionarios judiciales; pero con la fuerza de la organización y la solidaridad de diversos espacios repudiamos el accionar judicial y volveremos a manifestarnos hasta que cese la persecución y estigmatización a los familiares y amigos de Pablo Vera”.
*Por El Zumbido. RNMA
