Gonçalves Granada, quien recuperó su identidad en 1995, tenía apenas seis meses de vida cuando el 19 de noviembre de 1976 fue el único sobreviviente de una operación conjunta de las policías Federal, bonaerense y santafesina en la ciudad de San Nicolás, norte de la provincia de Buenos Aires, en la que fueron asesinados todos los demás ocupantes de una vivienda.
El bebé quedó entonces a disposición del Tribunal de Menores de esa localidad, que estaba a cargo del juez Marchetti, recordó el sitio fiscales.gob.ar al informar sobre el dictamen del fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal.
En primera instancia, la fiscalía imputó a Marchetti porque “evitó voluntariamente la identificación” de la familia pese a que "el juez no pudo desconocer en absoluto la situación de Manuel por el contexto en que lo hallaron y las irregularidades fueron tantas que no se puede hablar de desconocimiento”.
A su vez, la Cámara Federal de Rosario señaló en mayo de 2011 que el juez federal de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo había sobreseído a Marchetti y otros imputados sin tomar medidas básicas para reconstruir cómo fue entregado el bebé a personas desconocidas y sin realizar intentos por hallar a su familia biológica.
Villafuerte Ruzo los sobreseyó con el argumento de que la culpa de la supresión de identidad la había tenido la madre de Manuel, Ana María Granada, una de las cinco personas asesinadas en la llamada Masacre de Juan B. Justo en San Nicolás, meses después de la desaparición de su compañero Gastón Gonçalvez. Este último había sido detenido ilegítimamente y asesinado en marzo de 1976 en Escobar, hecho por el cual fue condenado el ex comisario Luis Abelardo Patti.
En la investigación iniciada de oficio por la fiscalía federal de San Nicolás, se requirió al juez Villafuerte Ruzo que citara a declaración indagatoria a los ex magistrados que intervinieron en el expediente de la guarda y posterior adopción de Manuel Gonçalvez Granada con otra identidad, entre quienes se encuentra Marchetti.
No obstante, Villafuerte Ruzo denegó el pedido y dictó el sobreseimiento, lo que motivó que fiscalía y querella recurrieran ante la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, tribunal que el 9 de mayo de 2011 revocó el sobreseimiento y dispuso la realización de una serie de medidas.
Pese a las nuevas directivas, el juez de San Nicolás rechazó otra vez el pedido de citación a indagatoria de los imputados y sobreseyó a Marchetti, resolución que, tras ser apelada por fiscalía y querellas, fue nuevamente revocada por la Cámara Federal de Apelaciones.
En este punto de la causa, la defensa de Marchetti interpuso recurso de Casación por considerar que el juez de instrucción es soberano y que la decisión de la Cámara de apelaciones conculcó su potestad de determinar el presupuesto de una indagatoria.
El recurso fue denegado, lo que motivó la interposición de una queja que la Sala I de la Cámara de Casación abrió el 4 de mayo de 2015, sobre cuya inadmisibilidad dictaminó ahora el fiscal de esta instancia al entender que la resolución atacada por la defensa de Marchetti no es una sentencia definitiva ni equiparable a tal.
De Luca señaló que la revocación de un sobreseimiento sólo impone la obligación del imputado de seguir sometido a proceso -además, en este caso, sin restricción de la libertad- conforme la tradicional jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
