Patrón Costas (foto), que ingresó a la reunión con Rodrigo Caro Figueroa, añadió que Avruj se "comprometió a recibir denuncias por situaciones humanitarias que afectan a los militares detenidos por delitos de lesa humanidad".
El Centro de Estudios en Historia, Política y Derechos Humanos se fundó en 2014 por iniciativa de quienes auspiciaban y rodaban el documental "La escuelita de Manchalá" de Sandro Rojas Filártiga, una reivindación puntual de los soldados que se enfrentaron con los efectivos de la "Compañía de Monte" del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y, en general, de lo actuado por el Ejército Argentino en el Operativo Independencia.
Rojas Filártiga ya había hecho antes otro documental sobre el asalto al Regimiento de Infantería 29 de Formosa por Montoneros el 5 de octubre de 1975.
El centro salteño está intimamente vinculado a la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia que preside Alberto Solanet y persigue la libertad de los militares condenados por delitos de lesa humanidad, a quienes consideran "presos políticos".
"Se violan derechos fundamentales de los detenidos mayores de 70 años en penales de todo el país. Le planteamos a Avruj que desde el 10 de diciembre hubo 31 muertos en prisión. No hay un trato igualitario con el resto de los detenidos", explicó Patrón Costas, así, en general, aunque no se refería a los detenidos en general, sino solo a los militares.
Sucede que la inmensa mayoría de los presos civiles tienen entre 21 y 34 años. Casi todos los mayores de 70 años son militares condenados o procesados con prisión preventiva por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.
Patrón Costas y Caro Figueroa dijeron haber advertido a Avruj "sobre los casos de detenidos que iniciaron huelga de hambre para obtener el beneficio de la detención domiciliaria", puntualiza la crónica de La Nación.
"Entre los detenidos en causas relacionadas con la guerra durante el terrorismo, hubo 373 fallecidos y 1769 permanecen detenidos", continúa.
Sin embargo, estas cifras no coinciden con las oficiales. En Julio había 2.436 imputados, 937 (38,5%) esperando libres que se loz juzgue, 395 (16%) fallecidos (más que los apuntados por los visitantes de Avruj), 48 (2%) prófugos y 1056 (43,5%) detenidos.
Lo que quiere decir que los visitantes de Avruj inflaron en más de 700 el número de detenidos. Con el agravante de que estos 1056, 462 gozan del beneficio de la prisión domiciliaria, mientras que solo 568 permanecen en cárceles comunes. La cifra se completa con 12 sin datos, 8 en hospitales y 6 en dependencias de las Fuerzas de Seguridad según detalló Alejandra Dandan en Página 12 hace unos dias, el pasado 31 de julio.
Dandan puntualizó también que hay una acción concertada para pedir que a todos los represores que han cumplido 70 años, esto es, la mayoría, independientemente de su estado de salud, reciban el beneficio de la prisión domiciliaria, algo con lo Avruj ya había adelantado en marzo que está de acuerdo.
"El secretario de Justicia Santiago Otamendi habló de gastos y de costos: un preso, dijo, le cuesta al Estado cincuenta mil pesos al mes y una pulsera electrónica seis mil", consignó la periodista.
Caro Figueroa y Patrón Costas le pidieron a Avruj que la Secretaría de Derechos Humanos deje de presentarse como querellante en las causas por delitos de lesa humanidad, a lo que el funcionario no accedió.
"Avruj dijo que no quiere interferir con la Justicia y que el organismo se seguirá presentando como querellante", admitió Patrón Costas.
"La Secretaría de Derechos Humanos no puede asumir el rol de querellante en los llamados juicios de lesa humanidad sin traicionar, necesariamente, su misión de velar por los derechos humanos de todos", argumentaron los dirigentes de la entidad en un escrito que le entregaron en mano a Avruj.
La Secretaría de Derechos Humanos recibió unos doscientos pedidos de defensores y familiares pidiendo que se conceda el beneficio de la detención domiciliaria.
Hasta el pasado 10 de diciembre casi no se presentaban estos pedidos porque la respuesta era invariable: que se debia "reclamar a la Justicia porque el Estado está obligado a realizar estos procesos porque así lo mandan los mecanismos de internacionales", recuerda Dandan.
Los pedidos también han recrudecido en los juzgados. "Un primer relevamiento en los principales juicios del país permite plantear a modo de interrogante si lo que hasta ahora era considerado una excepción", la prisión domiciliaria, no "comienza a estandarizarse", reflexionó.
