Las estadísticas indican "una tendencia creciente en el número de imputados con arresto domiciliario", señaló el estudio realizado en todo el país y que abarca el período comprendido entre marzo de 2015 y el 1 agosto de 2016, cuando se cerró el relevamiento.
La Procuraduría a cargo del fiscal general Jorge Auat y que coordina Carolina Varsky elaboró el cuadro a partir de la información que periódicamente le remiten los fiscales federales que intervienen en todo el país en causas judiciales por crímenes del terrorismo de Estado.
El 1 de agosto último había en todo el país 1.055 detenidos, de los cuales estaban detenidos en cárceles 535 y bajo el régimen de prisión domiciliaria 489, con una diferencia de apenas 46, "un dato que discute con cualquier manifestación que sugiera que este beneficio se deniega en forma sistemática", subrayó.
Entre marzo y diciembre de 2015 "aumentó tanto el número de personas con arresto domiciliario como el de detenidos en el servicio penitenciario", con "una distribución pareja, consistente con el aumento del total de imputados detenidos que se dio durante ese periodo", explicó.
"Esto cambia en 2016, donde la tendencia es a la baja para el total de detenciones y para el número de detenidos en cárceles, pero el arresto domiciliario aumenta", puntualizó el estudio de la PCCH.
Según el informe, "no puede inferirse que el aumento de un tipo de detención es la consecuencia directa de la baja del otro, pero este cambio se da en un escenario en el que además se dictan menos detenciones o se producen excarcelaciones".
En en este marco sostuvo que "el aumento de la cantidad de detenidos en prisión domiciliaria es sostenido desde marzo de 2015, junto con una tendencia a la baja de la cantidad de detenidos en el servicio penitenciario y de los detenidos en general".
"Los datos muestran además que en ningún caso se trata de cambios abruptos o representativos de un alto número de imputados", concluyó sobre este punto.
Entre los 1.055 imputados detenidos, 522 están procesados (casi el 50 por ciento), 509 condenados (48 por ciento) y hay 11 absueltos (1 por ciento) pero procesados en otras causas.
Las restantes 13 personas comprenden a imputados con falta de mérito o sobreseídos pero indagados y detenidos en otras causas sobre los que a la fecha de cierre del estudio no se había resuelto su situación procesal.
Si el foco se sitúa sólo sobre el total de 692 condenados al 1° de agosto, las estadísticas muestran que el 73,5 por ciento (509) se encuentra detenido y el 17 por ciento (116) está en libertad, mientras que el restante 9,5 por ciento está integrado por fallecidos y por un prófugo.
Entre los procesados, el 62 por ciento está detenido y el 38 por ciento en libertad. La mayoría de los procesados detenidos está en la fase del juicio oral o en causas con la elevación a juicio.
El 16 por ciento de quienes resultaron absueltos en juicios orales se encuentran detenidos por estar procesados con prisión preventiva en otras causas. El informe abarca en detalle la situación relevada en las diversas secciones judiciales del país respecto de las variables consideradas en el orden nacional.
