El ejemplo más reciente es el caso del complejo hidroeléctrico Renace, un proyecto promovido por el grupo guatemalteco Corporación Multi-Inversiones (CMI) y construido por la española Cobra-ACS, cuyo presidente y consejero delegado es Florentino Pérez. Un proyecto de cerca de 270 millones de dólares.
La intervención se extiende a lo largo de 30 kilómetros del río Cahabón, en la región de Alta Verapaz, y está llamada a convertirse en la mayor hidroeléctrica del país. Como consecuencia de la obra, el flujo del agua está desapareciendo casi por completo, y con él las comunidades que desarrollan su vida en torno a esta área fluvial. El problema actualmente está afectando a alrededor de 29.000 indígenas quekchí a los que en ningún momento se ha consultado para la puesta en marcha del proyecto, a pesar de la obligación recogida en el Convenio Internacional 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales que Guatemala ratifica.
En este sentido, una investigación realizada por la ONG Alianza por la Solidaridad durante los dos últimos años, y en la que ha participado el colectivo guatemalteco Madre Selva, revela que el cauce del Cahabón, considerado uno los 15 mejores ríos del mundo por la CNN, con esta hidroeléctrica -que será la más grande del país-, pierde el 90% de su caudal, hasta el punto de quedarse prácticamente sin agua en época seca, cuando más necesitan de ella las comunidades del entorno.
Ante esta situación, la ONG presentó el pasado mes de junio una campaña de recogida de firmas que busca sensibilizar y presionar a la compañía por la, a su juicio, “masiva violación de derechos que esta acción empresarial está suponiendo para la comunidad quekchí de Guatemala”. La iniciativa se enmarca dentro de TieRRa, una campaña que vela por el desarrollo empresarial ético y respetuoso con los recursos naturales y los derechos humanos, y vigila que los intereses de las grandes corporaciones no se impongan a ellos.
Campaña de recogida de firmas que ya ha finalizado y que ha supuesto la recogida de muiles de ellas, todavía se están contando en la sede de la ONG, y que serán entregadas en los próximos días en la embajada de Guatemala en Madrid.
Julio González, de la ONG Madre Selva de Guatemala, destacó en su día, durante la presentación de la campaña, la importancia que tiene el río para la comunidad quekchí y cómo la instalación del complejo hidroeléctrico va a afectar a su día a día: “La empresa sólo deja coger agua desde las siete de la mañana hasta las cinco de la tarde, pero el agua es fundamental para la vida.
No tiene horario”. Así mismo, destacó la responsabilidad del Grupo Cobra-ACS en permitir que estas violaciones de derechos sucedan: “Una empresa que elige contribuir a este desastre, es cómplice de las muertes que se puedan producir, no puede lavarse las manos respecto a lo que pasa en el territorio”.
Detrás de CMI está la familia Gutiérrez Bosch, una de las más poderosas e influyentes de Guatemala, con intereses en múltiples sectores, particularmente en la industria avícola. Monopolizan la producción de pollo y derivados, son los propietarios de la cadena de restaurantes Campero, en expansión por todo el mundo, y de Telepizza para Centroamérica, entre otros. En el caso de Renace, poseen una concesión para explotar el río Cahabón durante 50 años.
“El negocio de la electricidad es uno de los más lucrativos porque la generación de energía no paga impuestos, no lo hacen para dar luz al país, no hay tales beneficios ni modelo de desarrollo. En los últimos 12 años lo que ha aumentado es la pobreza”, denuncia González.
Índice de pobreza del 88%
En San Pedro Carchá, donde se ubica Renace, el índice de pobreza es de un 88% y el de pobreza extrema, del 53,6%. En Guatemala, el crecimiento del PIB (un 4% en 2015 respecto al año anterior) viene acompañado de un aumento de la desigualdad: el 10% más rico acumula casi la mitad del total de ingresos, según un informe del Procurador de Derechos Humanos.
El informe de Alianza por la Solidaridad Destaca que el Grupo COBRA/ACS, que participa en tres de las cuatro fases de este proyecto Renace (la fase V no se ha iniciado) no se considera responsable de los impactos sociales y ambientales de la inversión, y por tanto se mantiene a margen de cualquier obligación con las comunidades indígenas afectadas.
Alianza por la Solidaridad considera que la única alternativa aceptable es suspender las obras de Renace IV y de la futura Renace V hasta que exista la evaluación exhaustiva de todo el complejo, “que debe incluir la dimensión de género, el derecho al agua y la participación, el acceso a la información y la no discriminación, así como mecanismos de reparación o resarcimiento necesarios”.
