Durante el contacto con la prensa, la doctora Gabriela Bauer, médica pediatra del Hospital Garrahan, y el Padre Francisco “Paco” Olivera, integrante del Grupo de Curas en Opción por los Pobres, dieron a conocer una serie de datos que desmienten los argumentos utilizados por el Juez respecto de los informes del Instituto Nacional de Tecnología Industrial y la Sociedad Argentina de Pediatría citados como antecedentes.
Además participaron Adriana Gorenstein, neonatóloga; Alicia Benítez, ex jefa de Unidad de Neonatología de la Maternidad Sardá; Inés Belaustegui, trabajadora social de la Maternidad Estela de Carlotto de Moreno; Carolina Gailliard, diputada nacional del PPV – PJ y presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de la Nación; el Padre Ricardo Carrizo, de la Parroquia de San Francisco Solano; e integrantes de la Comisión de Salud del Instituto PATRIA, entre otros.
Gabriela Bauer abrió la conferencia, destacando que “en distintas partes del país se están organizando para frenar esta medida y para que el ministro defienda el derecho de los niños”.
Afirmó que los moisés en lugar de estar donde tienen que estar que es con los niños, están en un depósito y el juez acaba de indicar al Ministerio que se deben destruir.
"Las cunas forman parte de la identidad de los niños, representan el lugar seguro. Le exigimos al Ministerio de Salud que las distribuya", afirmó la médica.
El Padre Paco Olivera manifestó: “Nos dijeron que podíamos vivir mejor. Y les están quitando la posibilidad a los chicos de tener un lugar mejor”, al tiempo que afirmó que el Juez tiene que elegir "si ser María y José o Herodes", en una analogía bíblica. Estuvo acompañado del párroco de San Francisco Solano Ricardo Carrizo, integrante del mismo grupo.
Los elementos retenidos desde junio por una resolución judicial formaban parte del Plan Qunita, un programa lanzado en julio de 2015 por la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Durante los seis meses que funcionó el programa el gobierno distribuyó 74.408 kits a 289 maternidades en todo el país, logrando incrementarse en 21 el número de maternidades seguras, pasando de 89% de partos realizados en esas condiciones de máxima seguridad a más del 94%.
Por su parte Alicia Benítez relató que durante los meses que funcionó el programa se habilitó una línea 0800 para llamadas sobre el tema: “se recibieron alrededor de 20 mil llamados. No se registraron situaciones de riesgo”. Además subrayó que el programa no fue una política pública aislada, sino que era parte de un plan integral que permitió reducir en más del 50 por ciento la cifra de mortalidad infantil en todo el país.
“Nacen más de trescientos mil niños en el sector público. Los que no tienen posibilidad de acceder al moisés deben correr con el problema de que sus hijos e hijas terminen durmiendo con otras personas y el colecho es justamente uno de los factores que puede desencadenar la muerte súbita del lactante”, dijo.
Gorenstein expresó total desacuerdo “con la destrucción de un material valioso” y señaló que “el programa Qunita previene el síndrome de muerte súbita del lactante y provee un lugar seguro”.
En relación a los informes en los que baso su orden el Juez Bonadío explicó: “He leído las declaraciones de la Sociedad Argentina de Pediatría. No ha hecho ninguna negativa. Son recomendaciones de cuidado general”.
La diputada Carolina Gailliard, informó que ya se ha presentado un Proyecto de Declaración, firmado por diputados y diputadas del Frente para la victoria, para expresar la preocupación de los legisladores ante la decisión de la Justicia de destruir los elementos, y adelantó que la próxima semana citará a la Comisión de Salud de la Cámara baja para tratar el tema. "Hacer justicia es entregar las cunas y no destruirlas.El juez ha manejado tendenciosamente la información del INTI".
Por último tomó la palabra Silvia, mamá de Alison de 4 meses, quien no pudo recibir el kit: “Me hice todos los controles y estamos muy apenados porque es una ayuda todo lo que traían. Ojalá que esto se pueda revertir”.
