En el mismo, se plantean duras críticas a las gestiones de los gobiernos. En diciembre pasado, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires reconoció la situación de colapso y las consecuentes vulneraciones a los derechos humanos.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó en el anexo del Senado bonaerense su décimo Informe Anual sobre sistema de encierro y políticas de seguridad. El informe constata, una vez más, el fracaso de las políticas punitivistas, el colapso del sistema penal y la existencia de la tortura como práctica sistemática.
Más de 700 personas acompañaron la presentación del Informe Anual 2016. Como cada año, esta presentación no sólo busca exponer las cifras alarmantes que se relevan en las inspecciones a los lugares de encierro y el control de las prácticas policiales y judiciales sino que, principalmente, busca incidir en la transformación de un sistema penal que viola los derechos humanos de los sectores más vulnerables de la sociedad.
Ante las nuevas autoridades, y en un contexto de reciente cambios de las gestiones del gobierno provincial y nacional, los datos de este décimo Informe Anual sobre el sistema de encierro y las políticas de seguridad son representativos de una gestión política de la seguridad que trasciende el último año y que todavía permanece intacta: la persecución y el disciplinamiento de los sectores más pobres como la matriz que moldea el funcionamiento del sistema penal.
Política de seguridad
Según plantearon en la presentación, esta política de seguridad se sustenta en la demagogia punitiva y la saturación territorial que no busca controlar el delito sino administrarlo, y que se basa en la persecución de los eslabones más débiles de los mercados ilegales. “Bajo este paradigma, la policía emplea prácticas inconstitucionales como forma de control territorial de los sectores populares.
Un dato basta para reconocer este sistema: el 90% de las detenciones se realizaron sin orden judicial, esto es la policialización de la justicia”, explicó el secretario del organismo Roberto Cipriano García.
El resultado de esta estrategia punitivista fue el aumento constante de la tasa de prisionización que conllevó el agravamiento de las condiciones de detención y profundizó la práctica sistemática de la tortura como forma de gobierno de los lugares de encierro.
En diciembre de 2015, la Provincia había alcanzado un nuevo récord histórico de detenidos: 39.927, de los que un 56 % tiene prisión preventiva, lo que significa además una sobrepoblación del 59%.
En el último año, hubo 145 muertes por cárcel dónde el 65 % fue por cuestiones de salud que habrían podido evitarse, y se registraron 18.557 hechos de torturas y de agravamiento de las condiciones de detención. Estas prácticas violentas suceden con la connivencia de la Justicia: de las 3.582 causas penales iniciadas contra agentes de seguridad, sólo 11 fueron caratuladas como torturas y las restantes tuvieron penas leves.
En diciembre pasado, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires reconoció la situación de colapso y las consecuentes vulneraciones a los derechos humanos.
