Según se conoció, el robo del expediente ocurrió la tarde del miércoles, cuando desconocidos asaltaron a la magistrada de la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán, María Luisa Ramos a quien despojaron de su vehículo.
Ramos llevaba consigo el expediente supuestamente para estudiarlo con fines de redactar en su vivienda una sentencia sobre la apelación que los abogados de los imputados en el caso de Berta Cáceres interpusieron en su momento.
En ese sentido, este jueves un equipo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), del Ministerio Público, encabezado por su director Ricardo Castro, se presentó a las instalaciones de la CSJ para iniciar la investigación sobre el extravío del expediente y el robo del vehículo de la magistrada.
Por su parte, las autoridades del Poder Judicial no han querido referirse al respecto y solamente indicaron que el equipo de la ATIC, llegó a esa institución para brindarle asistencia a la magistrada.
Pero una alta fuente de la Corte Suprema, que pidió el anonimato, informó que existe una copia completa del expediente del caso de la asesinada ambientalista Cáceres y que por eso el juicio no sufrirá ningún retraso, ni habrá otro tipo de repercusiones.
El vehículo que fue robado a Ramos es un turismo del que fue despojada cuando salía de su trabajo y se conducía por un sector de la colonia Humuya, cerca de las instalaciones de la Universidad Privada José Cecilio del Valle.
La información establece que dos individuos la interceptaron y le cerraron el paso con otro vehículo y le hicieron señal para que se detuviera y abriera el vidrio del conductor amenazándola con arma de fuego.
En el expediente robado se encuentran los casos de los presuntos autores materiales e intelectuales que participaron el crimen de Berta Cáceres, entre los cuales figuran Douglas Bustillo, Mariano Díaz Chávez, Sergio Rodríguez Orellana, Edilson Atilio Duarte Meza y su hermano Emerson Duarte Meza.
La dirigente indígena y lideresa ambientalista, Berta Cáceres, fue asesinada el pasado 3 de marzo en su vivienda de la ciudad de La Esperanza, Intibucá, occidente de Honduras.
Por las implicaciones y repercusiones que ha tenido ese crimen para Honduras a nivel interno e internacional, el caso fue asignado a un juzgado con jurisdicción nacional.
