Según el presidente del órgano judicial, José Ayú, pese a las restricciones que impone la Constitución y la Ley, acordamos que la comisión acceda a ‘esa información valiosa que existe en los archivos, que no fueron destruidos y que están aquí perfectamente guardados’.
En reciente reunión con miembros de la Comisión del 20 de diciembre de 1989, se acordó el acceso a los documentos que atesora la CSJ con respecto a todos los sumarios por supuesta causa de muerte de personas que sufrieron la intervención foránea y que fueron tramitados por las fiscalías superiores y el Segundo Tribunal.
También podrán consultar las presunciones de muerte tramitadas en la jurisdicción civil por parte de los juzgados de circuitos, archivadas en estas instalaciones que guardan expedientes que datan de inicios de la República, refiere una nota de la CSJ publicada en su web.
Por su parte, el presidente de la Comisión, Juan Planells, reconoció el apoyo brindado por el órgano judicial, en especial de Ayú, quien los invitó a montar una pequeña oficina para consultar los documentos de la época.
‘Los expedientes están perfectamente ordenados, lo que nos da esperanzas de que podamos hacer nuestro trabajo sin mayores inconvenientes, incluso hoy hicimos la búsqueda de dos casos y se pudieron ver en pocos minutos y revisar cuál era el estatus de los expedientes’, sostuvo.
Instalada en 2016 por el Gobierno, la Comisión 20 de Diciembre intenta recabar los testimonios de testigos presenciales y entrevistarse con instituciones como la Cruz Roja, el Tribunal Electoral y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, aseguró Planells en diciembre último.
Para ello cuentan con un presupuesto de 900 mil dólares, que permitirá contribuir al esclarecimiento de la verdad, el número e identidad de las víctimas fatales y de las violaciones de los derechos humanos ocurridas desde el 20 de diciembre de 1989 hasta la retirada de las fuerzas armadas estadounidenses, recordó la CSJ.
El grupo de expertos también estudia la conveniencia de declarar ese día de duelo nacional, desarrollar propuestas de reparación con el apoyo de juristas internacionales, elaborar un Informe de la Verdad, evaluar la instalación de monumentos conmemorativos e investigar la existencia de posibles fosas, entre otras actividades.
La maniobra invasora fue denominada Operation Just Cause (Operación Causa Justa) por el comando militar estadounidense, el cual bajo el pretexto de capturar al entonces jefe de estado Manuel Antonio Noriega, provocó al menos tres mil muertes de civiles y militares, además de cuantiosos daños materiales.
Estados Unidos hasta el momento no indemnizó a las víctimas sobrevivientes, ni a los familiares de los muertos en la acción bélica.
