La CIDH acaba de notificar que "La denuncia ha sido registrada bajo el número P-1712-16 Adolfo Pérez Esquivel y otros (...) La denuncia se encuentra bajo estudio conforme a las normas reglamentarias vigentes", mediante una carta con la firma del secretario ejecutivo del Tribunal, Paulo Abrão.
Los cuestionamientos a las armas eléctricas Taser en nuestro país, comenzó en 2010 cuando desde el ODH junto con la Agrupación HIJOS iniciamos una acción de amparo al enterarnos que la Ciudad de Buenos Aires había decidido comprar este tipo de armamento para la Policía Metropolitana.
En el amparo se demostraba que las Taser implicaban un elemento de tortura y se denunciaba la existencia de gran cantidad de antecedentes a nivel mundial. Ponía en evidencia la “letalidad” de esas armas que ya provocaron varias muertes de personas que padecían diversas afecciones, como enfermedades cardíacas, trastornos psiquiátricos, o incluso niños y mujeres embarazadas.
Allí se señaló que organizaciones internacionales como las Naciones Unidas y Amnistía Internacional alertaban sobre su uso y exhortaban a los distintos Estados a discontinuar con el equipamiento de las fuerzas de seguridad con estas armas, en tanto consisten en “elementos de tortura”.
Logramos dos fallos favorables en primera y segunda instancia. Sin embargo, en 2015 el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad decidió rechazar el amparo por cuestiones estrictamente de índole procesal.
Esta decisión fue recurrida por este Observatorio de Derechos Humanos ante la CSJN. En marzo de 2016 los jueces supremos Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda decidieron no analizar el caso, lo declararon "inadmisible" y autorizaron a los policías metropolitanos a salir a la calles con las pistolas eléctricas en la cintura.
Agotadas las instancias en el ámbito nacional, el ODH decidió presentar la denuncia ante la Comisión Interamericana por que se considera que configura una clara violación al deber por parte del Estado Argentino de prevenir la tortura.
De esa manera, esperamos que la Comisión Interamericana adopte la resolución adecuada del caso y obligue a nuestro país a prohibir la utilización de las neopicanas Taser por parte de las fuerzas de seguridad locales.
El Poder Ejecutivo pretende proveer con Taser a la "fuerza de paz" que la Argentina comparte con Chile llamada "Cruz del Sur". El programa periodístico Economía Política dentro del pedido de equipamiento solicitado por el país a Estados Unidos también se incluían unas 20 pistolas de electrochoque de 50.000 voltios, consideradas por Naciones Unidas como un "arma de tortura".
