Publicado por: Redacción
Hora de publicación: 0:00
Latinoamerica
(15/09/16 - Paraguay)-.La espiral de violencia contra campesinas y campesinos que luchan por la tierra, la soberanía nacional y un medio ambiente saludable recrudece en el asentamiento San Juan (Puente Kyha, distrito de Caballero Àlvarez, Canindeyú), con fuerzas policiales apresando, haciendo desaparecer personas y disparando arbitrariamente contra una comunidad compuesta por hombres, mujeres, niños y niñas, adolescentes, ancianas y ancianos.
La Federación Nacional Campesina (FNC) pidió la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Senado y presentó denuncia además ante la Comandancia de la Policía Nacional en Asunción.
Una bala de plomo en los intestinos fue la respuesta policial recibida por el joven campesino Carlos Ariel Garcete (25 años), padre de dos niños y sujeto legítimo de la reforma agraria, cuando intentó impedir que sojeros brasileños, junto con su máquina fumigadora, aniquilen los cultivos campesinos (maíz, maní, habilla, mandioca, poroto, entre otros) en los lotes recuperados vía ocupación. Los sojeros vinieron respaldados por policías que actuaron como matones alquilados, en forma totalmente arbitraria. La resistencia de las compañeras y compañeros limitó la fumigación sojera a una pequeña parte de los cultivos campesinos, quedando gran parte a salvo aún, gracias a esa defensa comunitaria. Sucedió el pasado jueves 8 de setiembre de 2016.
La comunidad está en lucha por la recuperación del asentamiento de manos de sojeros brasileños que en forma totalmente ilegal usurpan tierras destinadas a la reforma agraria, en complicidad con autoridades corruptas.
"Usen y Abuesn del Paraguay": Tierra liberada para sojeros brasileños
La tierra en el asentamiento San Juan es roja, como la sangre derramada por campesinas y campesinos en el marco de la lucha por la tierra en el Paraguay. Es una tierra muy fértil, propiedad del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), destinada a la reforma agraria. Sin embargo, sojeros brasileños y empresas transnacionales han ido usurpando superficie al asentamiento en forma totalmente ilegal, amparados en el respaldo de autoridades corruptas (Gobernadora de Canindeyú, Intendente de Puente Kyha, policías, jueces y fiscales). La comercialización de los lotes del asentamiento es una evidencia más de como el INDERT funciona como una inmobiliaria de tierras públicas (tal como denunciara y demostrara recientemente una investigación periodística del Diario Ùltima Hora).
Los sojeros brasileños y las empresas transnacionales operan en el lugar sin documentación legal alguna, demostrando un dominio absoluto sobre las autoridades de la zona, a las que mueven como marionetas según sus intereses. La lucha por la tierra en el asentamiento es de larga data y es espeluznante: si se observa el recuento de denuncias a lo largo de los años se encuentran secuestros (incluyendo de menores), torturas (incluso a jóvenes mujeres embarazadas), amenazas y amedrentamientos de civiles armados que portaban incluso armas del ejército brasilero y que cometen bajo la protección de la Policía Nacional, de todo tipo contra la población campesina para que despeje la tierra y deje de reclamar sus derechos y de luchar por un modelo de desarrollo y de país diferente.
Patriotas que luchan y resisten
La particularidad del asentamiento San Juan es que es como un lunar en el medio de un mar de soja. Alrededor del asentamiento se extienden miles de kilómetros de sojales que crecen en medio de inmensos latifundios. Y, sin embargo, en ese lunar de tierra roja y fértil viven y resisten patriotas –mujeres, hombres, niñas y niños, adolescentes, ancianas y ancianos- que luchan por la tierra, por una patria nueva, por un país distinto. Luchan por su derecho -y el derecho de sus hijas e hijos- a crecer y producir en tierra propia, con dignidad y con futuro. Y luchan porque nuestra tierra roja y fértil siga siendo paraguaya.
Flagrante ocupación brasileña
La situación de ilegalidad en que operan los sojeros brasileños y las empresas transnacionales es tan flagrante y evidente que hasta el INDERT dictó una resolución de intervención del asentamiento, con el objetivo de recuperar las tierras a favor de los legítimos sujetos de la reforma agraria. También en base a un reclamo de la FNC, la Secretaría del Ambiente (SEAM) visitó el lugar y caratuló la situación generada por los sojeros brasileños como un “desastre ambiental”. Sin embargo, cuando fueron al lugar, los propios funcionarios estatales fueron agredidos por los civiles armados de sojeros brasileños que asolan el lugar, protegidos por la Policía Nacional.
Ante esta situación, la comunidad decidió avanzar en la recuperación de los lotes del asentamiento vía ocupación. Durante esta última etapa se ocuparon 13 lotes de 10 hectáreas, donde se cultivó producción de consumo.
Cronología de las últimas represiones y amedrentamientos
17 de agosto de 2016: legítimos sujetos de la reforma agraria fueron desalojados de lotes recuperados vía ocupación en el asentamiento San Juan, distrito de Caballero Àlvarez (Canindeyú). El fiscal ISRAEL VILLALBA RAMÍREZ, en defensa de la ilegalidad, encabezó a más de un centenar de policías para desalojar a 13 familias (aproximadamente 100 personas) que recuperaron vía ocupación 13 lotes que estaban destinados a la refoma agraria y sin embargo están en manos de poderosos agroexportadores no sujetos de la reforma agraria, pero que cuentan con toda la protección judicial y policial en la región, instrumentando la justicia contra los derechos del campesinado. Las familias desalojadas quedaron acampadas frente a los lotes. El desalojo ocurrió ante la ausencia de autoridades del INDERT, entidad con la cual existe el compromiso de recuperar los 121 lotes del asentamiento que no están en manos de sujetos de la reforma agraria, y sí en manos de grandes empresas extranjeras, principalmente brasileñas.
Martes 23 de agosto de 2016: el Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional apresó e hizo desaparecer por unas horas a Felicita Ríos (35 años), madre de cinco hijos; Alejandro Acosta (34 años) y Francisco Noé, también padres de familia y Claudia Mercedes González (16 años). La policía actuó en forma totalmente arbitraria, sin orden alguna de detención. La FNC inicia una campaña de denuncia pública que obliga a la policía a dar cuenta del paradero de los apresados, en la cárcel de Salto del Guairá.
Miércoles 25 de agosto de 2016: la comunidad de San Juan inicia movilizaciones en la ciudad de Puente Kyha, acampando en la plaza pública, realizando marchas y volanteadas explicando a la gente lo sucedido, mientras un grupo de dirigentes y compañeros acompañan la situación de los presos en Salto del Guairá.
Jueves 26 de agosto de 2016: gracias a la lucha organizada de la FNC, en 24 hs se logra la liberación de los presos, que sin embargo quedan con medidas sustitutivas. El encuentro con la comunidad en lucha se produce en la plaza de Puente Kyha, donde se reafirma el compromiso y determinación de continuar con mayor firmeza la lucha por la tierra.
Miércoles 7 de setiembre: policías incendian ranchitos campesinos e impiden que los labriegos continúen la siembra en los lotes recuperados. La humareda se extiende como una niebla amenazante por la comunidad, pero no consigue apagar los colores de la bandera paraguaya que sigue flameando en medio de esa destrucción.
Jueves 8 de setiembre: sojeros brasileños, respaldados por la policía, traen su máquina fumigadora para matar los cultivos campesinos, que son defendidos por la comunidad. La policía dispara con balas de plomo en los intestinos a Carlos Ariel Garcete (25 años), quien queda internado en Salto del Guairá. Comunidad se moviliza con marchas y volanteadas, denuncias públicas, en la ciudad de Puente Kyha.
Viernes 9 de setiembre: la FNC pide la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Senado y presentó denuncia además ante la Comandancia de la Policía Nacional en Asunción.
