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El Bloque FpV Quilmes solicitó informes sobre el revalúo fiscal; Seguridad, Salud y Servicios Públicos

Publicado por: Redacción Hora de publicación: 6:00

(15/09/16 - Quilmes)-.El bloque de concejales del FPV Quilmes presentó una serie de minutas de comunicación referidas a seguridad, infraestructura educativa, salud, servicios públicos y el revalúo inmobiliario dispuesto por el gobierno de la provincia de Buenos Aires.

En la última sesión ordinaria, el bloque de concejales del FPV Quilmes presentó una serie de minutas de comunicación en las que solicitan al gobierno de Martiniano Molina informes y medidas concretas referidas a:

 En primer término, la concejal Edith Llanos solicitó información acerca de los vecinos beneficiarios de subsidios sociales, ya que la misma no se encuentra publicada en el Boletín Oficial. 

 Asimismo, la edil solicitó informes sobre la muerte de Adrián Díaz y Sergio Díaz ocurridas el 16 de agosto en La Ribera, cuyo presunto autor estaría prófugo; al mismo tiempo que se reclamó mayor patrullaje en las calles Ortiz de Ocampo, Dreyfus y Perú y zonas de Quilmes Oeste; así como la instalación de  un móvil policial en Camino General Belgrano y Avenida Ribereños.

 Por su parte, la concejal Nancy Espósito solicitó la realización de las obras de conexión a la red de cloacas de la escuela 41 y acompañó el pedido de reparación de los baños de la Escuela Técnica Nº3 de San Francisco Solano realizado por el bloque de Juntos por Quilmes. La concejal también pidió la aceleración del tiempo de entrega de los carnets de discapacidad por parte del gobierno municipal.

 Asimismo, el presidente del bloque, José Migliaccio, solicitó la reparación de luminarias, bacheo y limpieza en toda la zona de Ezpeleta.

Revalúo inmobiliario
Finalmente, el concejal David Gutiérrez solicitó informes al Ejecutivo acerca de la conformación de la comisión encargada de realizar el revalúo inmobiliario en el distrito.

 El edil recordó que “cada 10 años se debe realizar el revalúo de la tierra de la Pcia. De Buenos Aires (la última fue en 2005 y se puso en vigencia en 2006), por lo este año debe realizarse. En este sentido, la gobernadora Vidal instrumentó este procedimiento mediante el Decreto 790/16. Este decreto establece en todos los municipios una comisión que debe analizar los valores que propone ARBA. Esta comisión está compuesta por dos integrantes de ARBA, uno del ejecutivo municipal y uno del Concejo deliberante, y se dio un plazo de 30 días que finaliza el 30 de septiembre, con la posibilidad de extenderlo hasta el 10 de octubre”.

 Asimismo, Gutiérrez indicó que “tenemos información de otros municipios en los que ARBA propuso aumentos de las valuaciones de alrededor de un 2500-3000 %, algo imposible de soportar por los ya castigados bolsillos de los vecinos quilmeños”.

 Cabe destacar que esta nueva valuación es la base imponible sobre la cual se calculan el impuesto inmobiliario, de sellos y el impuesto nacional a los bienes personales.

Especialistas en salud, rechazaron la orden de Bonadío de destruir 60 mil moisés del kit Qunita

Publicado por: Redacción Hora de publicación: 6:00

(15/09/16 - Partido Judicial)-.En conferencia de prensa realizada en la Unidad Sanitaria N° 9 de la Isla Maciel, Avellaneda, un grupo de referentes de la salud, pediatras, neonatólogas, y organizaciones sociales, solicitaron a la Justicia anular la irracional orden emitida por el Juez Federal Claudio Bonadío al Ministerio de Salud para incinerar más de 60 mil moisés y sacos de dormir del kit Qunita.

 Durante el contacto con la prensa, la doctora Gabriela Bauer, médica pediatra del Hospital Garrahan, y el Padre Francisco “Paco” Olivera, integrante del Grupo de Curas en Opción por los Pobres, dieron a conocer una serie de datos que desmienten los argumentos utilizados por el Juez respecto de los informes del Instituto Nacional de Tecnología Industrial y la Sociedad Argentina de Pediatría citados como antecedentes.

 Además participaron Adriana Gorenstein, neonatóloga; Alicia Benítez, ex jefa de Unidad de Neonatología  de la Maternidad Sardá; Inés Belaustegui, trabajadora social de la Maternidad Estela de Carlotto de Moreno; Carolina Gailliard, diputada nacional del PPV – PJ y presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de la Nación; el Padre Ricardo Carrizo, de la Parroquia de San Francisco Solano; e integrantes de la Comisión de Salud del Instituto PATRIA, entre otros. 

 Gabriela Bauer abrió la conferencia,  destacando que “en distintas partes del país se están organizando para frenar esta medida y para que el ministro defienda el derecho de los niños”. 

 Afirmó que los moisés en lugar de estar donde tienen que estar que es con los niños, están en un depósito y el juez acaba de indicar al Ministerio que se deben destruir. 
"Las cunas forman parte de la identidad de los niños, representan el lugar seguro. Le exigimos al Ministerio de Salud que las distribuya", afirmó la médica.

 El Padre Paco Olivera manifestó: “Nos dijeron que podíamos vivir mejor. Y les están quitando la posibilidad a los chicos de tener un lugar mejor”, al tiempo que afirmó que el Juez tiene que elegir "si ser María y José o Herodes", en una analogía bíblica. Estuvo acompañado del párroco de San Francisco Solano Ricardo Carrizo, integrante del mismo grupo.

 Los elementos retenidos desde junio por una resolución judicial formaban parte del Plan Qunita, un programa lanzado en julio de 2015 por la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. 

 Durante los seis meses que funcionó el programa el gobierno distribuyó 74.408 kits a 289 maternidades en todo el país, logrando incrementarse en 21 el número de maternidades seguras, pasando de 89% de partos realizados en esas condiciones de máxima seguridad a más del 94%.

 Por su parte Alicia Benítez relató que durante los meses que funcionó el programa se habilitó una línea 0800 para llamadas sobre el tema: “se recibieron alrededor de 20 mil llamados. No se registraron situaciones de riesgo”. Además subrayó que el programa no fue una política pública aislada, sino que era parte de un plan integral que permitió reducir en más del 50 por ciento la cifra de mortalidad infantil en todo el país.

 “Nacen más de trescientos mil niños en el sector público. Los que no tienen posibilidad de acceder al moisés deben correr con el problema de que sus hijos e hijas terminen durmiendo con otras personas y el colecho es justamente uno de los factores que puede desencadenar la muerte súbita del lactante”, dijo.

 Gorenstein expresó  total desacuerdo “con la destrucción de un material valioso” y señaló que “el programa Qunita previene el síndrome de muerte súbita del lactante y provee un lugar seguro”. 

 En relación a los informes en los que baso su orden el Juez Bonadío explicó: “He leído las declaraciones de la Sociedad Argentina de Pediatría. No ha hecho ninguna negativa. Son recomendaciones de cuidado general”. 

 La diputada Carolina Gailliard, informó que ya se ha presentado un Proyecto de Declaración, firmado por diputados y diputadas del Frente para la victoria, para expresar la preocupación de los legisladores ante la decisión de la Justicia de destruir los elementos, y adelantó que la próxima semana citará a la Comisión de Salud de la Cámara baja para tratar el tema. "Hacer justicia es entregar las cunas y no destruirlas.El juez ha manejado tendenciosamente la información del INTI".

 Por último tomó la palabra Silvia, mamá de Alison de 4 meses, quien no pudo recibir el kit: “Me hice todos los controles y estamos muy apenados porque es una ayuda todo lo que traían. Ojalá que esto se pueda revertir”.

Abre hoy la edición de TXI La Plata

Publicado por: Redacción Hora de publicación: 6:00

(15/06/19 - Derechos Humanos)-. Fue presentada formalmente ayer la segunda edición de Teatro por la Identidad La Plata, ciclo que se extenderá hasta el sábado venidero en forma libre y gratuita.

 Abuelas de Plaza de Mayo realizó el lanzamiento de Teatro por la Identidad La Plata, ayer a las 19 en el Teatro Coliseo (Calle 10 Nº 733 entre 46 y 47 ). Se trata del segundo ciclo realizado exclusivamente en esa ciudad.

 Durante hoy, mañana y el sábado se podrán ver 35 obras en diferentes teatros independientes de la ciudad, nucleados en ATEPLA. 

 Para el cierre será el domingo 18 de septiembre en la Vieja Estación Provincial , en las calles 71 y 17, en el barrio Meridiano V. 

 Actuarán, Okupas del Andén; Orquesta de Cámara municipal La Plata; La Malagua Fosforescente; La mucicleta; Las taradas, La Minga e Ignacio Carlotto.

 La entrada es libre y gratuita... Hasta encontrar al último nieto.

Treinta mil indígenas se rebelan contra una presa construida por ACS en Guatemala

Publicado por: Redacción Hora de publicación: 6:00

(15/09/16 - Guatemala)-.Guatemala es el segundo país del mundo con mayor proporción de población indígena, por detrás de Bolivia. El número de habitantes estimado alcanza los 6 millones, lo que equivale al 60% del total del país. A pesar de constituir más de la mitad de la población, las comunidades indígenas ven a menudo vulnerados sus derechos básicos y los de sus territorio.

 El ejemplo más reciente es el caso del complejo hidroeléctrico Renace, un proyecto promovido por el grupo guatemalteco Corporación Multi-Inversiones (CMI) y construido por la española Cobra-ACS, cuyo presidente y consejero delegado es Florentino Pérez. Un proyecto de cerca de 270 millones de dólares.

 La intervención se extiende a lo largo de 30 kilómetros del río Cahabón, en la región de Alta Verapaz, y está llamada a convertirse en la mayor hidroeléctrica del país. Como consecuencia de la obra, el flujo del agua está desapareciendo casi por completo, y con él las comunidades que desarrollan su vida en torno a esta área fluvial. El problema actualmente está afectando a alrededor de 29.000 indígenas quekchí a los que en ningún momento se ha consultado para la puesta en marcha del proyecto, a pesar de la obligación recogida en el Convenio Internacional 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales que Guatemala ratifica.

 En este sentido, una investigación realizada por la ONG Alianza por la Solidaridad durante los dos últimos años, y en la que ha participado el colectivo guatemalteco Madre Selva, revela que el cauce del Cahabón, considerado uno los 15 mejores ríos del mundo por la CNN, con esta hidroeléctrica -que será la más grande del país-, pierde el 90% de su caudal, hasta el punto de quedarse prácticamente sin agua en época seca, cuando más necesitan de ella las comunidades del entorno.

 Ante esta situación, la ONG presentó el pasado mes de junio una campaña de recogida de firmas que busca sensibilizar y presionar a la compañía por la, a su juicio, “masiva violación de derechos que esta acción empresarial está suponiendo para la comunidad quekchí de Guatemala”. La iniciativa se enmarca dentro de TieRRa, una campaña que vela por el desarrollo empresarial ético y respetuoso con los recursos naturales y los derechos humanos, y vigila que los intereses de las grandes corporaciones no se impongan a ellos.

 Campaña de recogida de firmas que ya ha finalizado y que ha supuesto la recogida de muiles de ellas, todavía se están contando en la sede de la ONG, y que serán entregadas en los próximos días en la embajada de Guatemala en Madrid.

 Julio González, de la ONG Madre Selva de Guatemala, destacó en su día, durante la presentación de la campaña, la importancia que tiene el río para la comunidad quekchí y cómo la instalación del complejo hidroeléctrico va a afectar a su día a día: “La empresa sólo deja coger agua desde las siete de la mañana hasta las cinco de la tarde, pero el agua es fundamental para la vida.

 No tiene horario”. Así mismo, destacó la responsabilidad del Grupo Cobra-ACS en permitir que estas violaciones de derechos sucedan: “Una empresa que elige contribuir a este desastre, es cómplice de las muertes que se puedan producir, no puede lavarse las manos respecto a lo que pasa en el territorio”.

 Detrás de CMI está la familia Gutiérrez Bosch, una de las más poderosas e influyentes de Guatemala, con intereses en múltiples sectores, particularmente en la industria avícola. Monopolizan la producción de pollo y derivados, son los propietarios de la cadena de restaurantes Campero, en expansión por todo el mundo, y de Telepizza para Centroamérica, entre otros. En el caso de Renace, poseen una concesión para explotar el río Cahabón durante 50 años.

 “El negocio de la electricidad es uno de los más lucrativos porque la generación de energía no paga impuestos, no lo hacen para dar luz al país, no hay tales beneficios ni modelo de desarrollo. En los últimos 12 años lo que ha aumentado es la pobreza”, denuncia González.

 Índice de pobreza del 88%
En San Pedro Carchá, donde se ubica Renace, el índice de pobreza es de un 88% y el de pobreza extrema, del 53,6%. En Guatemala, el crecimiento del PIB (un 4% en 2015 respecto al año anterior) viene acompañado de un aumento de la desigualdad: el 10% más rico acumula casi la mitad del total de ingresos, según un informe del Procurador de Derechos Humanos.

 El informe de Alianza por la Solidaridad Destaca que el Grupo COBRA/ACS, que participa en tres de las cuatro fases de este proyecto Renace (la fase V no se ha iniciado) no se considera responsable de los impactos sociales y ambientales de la inversión, y por tanto se mantiene a margen de cualquier obligación con las comunidades indígenas afectadas.

 Alianza por la Solidaridad considera que la única alternativa aceptable es suspender las obras de Renace IV y de la futura Renace V hasta que exista la evaluación exhaustiva de todo el complejo, “que debe incluir la dimensión de género, el derecho al agua y la participación, el acceso a la información y la no discriminación, así como mecanismos de reparación o resarcimiento necesarios”.

Egipto construye 16 prisiones desde golpe de Estado de 2013

Publicado por: Redacción Hora de publicación: 6:00

(15/09/16 - Egipto)-.Ante la falta de datos oficiales, la Red Árabe para la Información de los DDHH ha realizado una investigación sobre el número de prisiones en Egipto.

 Noticias sobre prisiones de las que nunca habían oído hablar impulsaron a un grupo de investigadores y abogados egipcios a indagar sobre el tema.

 Cincuenta días de pesquisas resultaron en un informe que revela un incremento exponencial en el número de centros penitenciarios. Desde el golpe de Estado de 2013, se han construido 16 cárceles, ello sin contar un número indeterminado de centros secretos de detención.

 Como pudieron comprobar, los investigadores de la Red Árabe para la Información de los Derechos Humanos (ANHRI, por sus siglas en inglés), la Web del Ministerio del Interior de Egipto no actualiza sus datos de prisiones desde 2008.

 Informaciones del Boletín Oficial del Estado, declaraciones de funcionarios del Gobierno y testimonios de detenidos dieron contenido al informe. Las fuentes hablan de cárceles con seguridad reforzada y una mayor capacidad.

 La desmedida construcción de cárceles durante los Gobiernos de Adli Mansur y Abdel Fatah al-Sisi está pensada para dar cabida a los disidentes arrestados, según la Red Árabe. Descongestionar las ya existentes sería un motivo secundario.

 Los investigadores calculan que los centros penitenciarios egipcios albergan 106.000 reclusos de los cuales 60.000 serían presos políticos.

 Testimonios de presos y abogados describen prácticas de las autoridades que violan las leyes egipcias. Periodos de prisión preventiva más allá de los límites legales, prohibición de recibir visitas o encierros interminables en régimen de aislamiento son algunas de ellas.

Visita municipal a Industrias Diransa

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(15/09/16 - Almirante Brown)-.En el marco de la tarea de acompañamiento que realiza el Municipio de Almirante Brown con las empresas del distrito, el secretario de Producción y Empleo,  Adrián López visitó la Industria Diransa emplazada en el Sector Industrial Planificado de Almirante Brown (SIPAB) desde el año 2001.

 La actividad contó con la presencia del director de PyMe municipal, Juan Pablo Yovovich, y Gabriela Pellegrini –asesora del área-, además del director de la firma,  Norberto Mancuso.

 DIRANSA  fue fundada hace 40 años en la localidad de Avellaneda, luego de su paso por Sarandí y San Luis, se  instaló en el distrito de Almirante Brown,  donde adquirió tecnología para fabricar sus productos; la materia prima para la confección de pinturas e impermeabilizantes para Arte Gráfica, Adhesivos, textil, construcción, entre otros.

 Cabe señalar además que la firma trabaja en el fortalecimiento de capacitaciones técnicas para sostener la posición de vanguardia en la Industria y exporta a más de diez países, entre los que se destacan Indonesia, India y Venezuela.

 Durante la visita y recorrida por las instalaciones del establecimiento fabril, López señaló: “Tenemos el mandato del intendente Mariano Cascallares de acompañar a las empresas de nuestro sector industrial potenciando las posibilidades en el mercado local y también en el exterior".​

La Cámara de Diputados aprobó la Ley de Acceso a la Información Pública

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(15/09/16 - Congreso de la Nación)-.La Ley establece además la creación de un órgano de aplicación por cada poder del Estado con autarquía y con funcionarios elegidos por concurso y sistema de impugnaciones.

 El oficialista Cambiemos logró de esta manera incorporar al temario el debate del proyecto sobre tablas, ya que no contaba aún dictamen de comisión y necesitaba una mayoría especial para incluirlo en la sesión.

 Tras convertirse en comisión, el plenario aprobó por 182 votos y 16 en contra el dictamen original de la Cámara baja y rechazó los cambios incorporados por el Senado en la última sesión del cuerpo.

 Entre otras cuestiones, y a instancias principalmente del Frente para la Victoria, el Senado había propuesto que el director de la autoridad de aplicación requiera acuerdo del Senado y eliminó además el artículo que exigía a dicho funcionario no haber ocupado electivos o partidarios en los últimos cinco años previos a su designación.

 Al fundamentar la decisión del oficialismo, el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Pablo Tonelli, puso de relieve que “luego de consultas hemos llegado a la conclusión que es conveniente que la Cámara insista en la sanción originaria de este cuerpo”.

 Según el proyecto de Acceso a la Información Pública impulsado por el Poder Ejecutivo, cualquier persona tiene derecho a solicitar y recibir del Estado información completa, adecuada, oportuna y veraz; pronta respuesta y que el Estado tendrá 15 días para proveer la información solicitada, con posibilidad de prorrogar el plazo por 15 días más una sola vez.

 Al destacar la importancia de la sanción del proyecto, la diputada Karina Banfi (UCR), que integró el grupo de expertos que elaboró la Ley Modelo Interamericana de Acceso a la Información Pública y su guía de implementación para la OEA, puso de relieve que a partir de ahora “por ejemplo el Poder Judicial va a tener que difundir sus declaraciones juradas”.

 Tras sostener que se trata de “una ley para los funcionarios más que para los ciudadanos”, Banfi destacó que el objetivo de la norma apunta a "conocer cómo el Estado administra el dinero de los argentinos".

 Se trata de una deuda del Congreso y un reclamo de organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles que fue tratado varias veces en ambas cámaras pero que nunca logró suficiente consenso como para llegar al recinto.

 Al anunciar el envío al Congreso del proyecto, el presidente Mauricio Macri destacó la importancia del proyecto para lograr la transparencia en organismos públicos y aseguró que la ley “va a permitir que cualquier persona pueda pedir datos, documentos, registros y que el funcionario tenga que contestar en 15 días, sino podrá ser sancionado".

 Entre otras cuestiones, la ley establece que en caso de no recibir contestación en tiempo y forma, el solicitante podrá reclamar por vía administrativa o judicial.

 La Ley establece además la creación de un órgano de aplicación por cada poder del Estado con autarquía y con funcionarios elegidos por concurso y sistema de impugnaciones.

 A través del proyecto se crea una Agencia de Información Pública ante la cual cualquier persona tendrá el derecho a solicitar y a recibir del Estado información completa, adecuada, oportuna y veraz.

 La iniciativa regirá para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el Ministerio Público Fiscal, organismos centralizados, descentralizados, empresas, sociedades estatales y cualquier entidad privada que reciba subsidios o aportes del Estado Nacional.
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