La Ley de Amnistía, promovida por la derecha para poner en libertad a los presos políticos, busca burlar la justicia e imponer la impunidad para crímenes de lesa humanidad cometidos en el país desde 1999, ha denunciado este jueves Delcy Rodríguez durante un encuentro mantenido en Caracas (capital) con familiares y amigos de las Víctimas de la Guarimba y el cuerpo diplomático.
La jefa de la Diplomacia venezolana, luego de declarar que la nación bolivariana considera la citada iniciativa como una “ley de amnesia criminal”, ha recalcado que esta ley —rechazada por el chavismo— “vulnera el Estado de derecho” para generar violencia en el país sudamericano.
En la misma reunión, el vicepresidente venezolano, Aristóbulo Istúriz, ha denunciado que la oposición procura librar de responsabilidad a quienes perpetraron delitos graves contra el pueblo y la Revolución Bolivariana durante las manifestaciones antigubernamentales de 2014, orquestadas por la ultraderecha para posibilitar un golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro, y que dejaron un saldo de 43 muertos y cientos de heridos, además de provocar daños en edificios gubernamentales.
A juicio de Istúriz, el título de “presos políticos” se aplica a quienes sufren la crueldad de un "régimen tiránico o antidemocrático". Sin embargo, ha proseguido, los llamados así en Venezuela disfrutan de la protección de la justicia.
La nueva ley, presentada al Parlamento el 4 de febrero por la opositora Delsa Solórzano, del partido Un Nuevo Tiempo (UNT), será previsiblemente avalada en segundo debate en los próximos días, dado que el hemiciclo está controlado por la oposición. No obstante, para que entre en vigor la normativa requiere de la promulgación por el presidente Maduro, quien ya ha anunciado que la vetará.
En noviembre de 2015, el Comité de Víctimas de las Guarimbas y Golpe Continuado de Venezuela denunció ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (CDHNU) la violencia impulsada por la oposición en los disturbios de 2013 y 2014.
