Según Vidulfo Rosales Sierra, abogado y vocero de los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, la Administración Federal impidió la inclusión de un encuentro con los padres de los desaparecidos en la agenda del papa durante su visita a México, entre los días 12 y 18 de febrero.
“Parte de la estrategia gubernamental fue señalar que existen diferencias o confrontaciones entre los grupos de víctimas, lo cual no es cierto. Todos tenemos el anhelo de encontrar a nuestros familiares y no tenemos ningún problema con otras organizaciones de desaparecidos”, ha explicado este jueves Vidulfo Rosales Sierra, abogado y vocero de los familiares de los 43 estudiantes.
Antes del inicio de la gira del papa Francisco a México, Eugenio Lira, coordinador de la visita, afirmó que el sumo pontífice no podría reunirse con los padres de los 43 “porque que existen muchas personas que han sufrido la tragedia de perder un familiar en México y en este marco existen muchos colectivos”, ha explicado Rosales Sierra.
En tanto, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, sostiene que nadie impidió a Francisco reunirse o acudir a los lugares que el mismo eligió durante los seis días de su estancia en México.
No obstante, agrega Rosales Sierra, los padres de las víctimas hicieron llegar al papa Francisco, a través de jesuitas, una carta para pedir la intercesión del pontífice entre ellos y el Gobierno, y que se atiendan los problemas de la violencia en su país.
“Se le pide (al papa) que pueda interceder con el Gobierno mexicano a efecto de que se haga una investigación exhaustiva, que la ley de desapariciones forzadas pueda terminar de crearse con perspectiva y amplia participación de las víctimas, y que se esclarezca el caso de los 43”, detalla el abogado sobre el contenido de la carta, entregada el pasado domingo.
También afirma que la misiva incluía un resumen de “varias problemáticas”, empezando por las “desapariciones forzadas, los feminicidios y las ejecuciones extrajudiciales”.
El 26 de septiembre de 2014, estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa sufrieron fuerte represión policial cuando se manifestaban para exigir la reparación de las instalaciones del centro educativo, un aumento de su presupuesto y la garantía de plazas en el sector público para el 100 por ciento de los egresados. 43 de ellos desaparecieron.
La desaparición de los 43 estudiantes ha suscitado masivas marchas de protesta en México y ha expuesto al Gobierno de Peña Nieto a duras críticas nacionales e internacionales por la falta de justicia en este caso.
El pasado mes de octubre, la Procuraduría General de la República (PGR) divulgó la versión pública del expediente, de alrededor de 54.000 hojas, del caso de Iguala, divididas en 85 tomos y 13 anexos, con el objetivo de “garantizar de mejor manera el derecho al acceso a información de la ciudadanía”.
