Los partidos políticos y los electores permanecen sin obtener explicaciones oficiales sobre los fallos del montaje, su desarrollo y la conclusión final del certamen electoral.
Sobre el tema, ayer el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario, refirió que el Pleno del organismo resolutó que una vez concluyan las labores del cómputo pondrá en agenda, reparos e impugnaciones para decidirlos.
“Después de ese momento procederemos presentar al país las informaciones disponibles que contestaran satisfactoriamente algunas interrogantes”, manifestó a través de su cuenta personal Twitter, única vía por la cual se ha expresado en los últimos días.
Aún con juntas electorales contando, sólo se manejan los datos ofrecidos en el boletín 12, que recoge la relación provisional final de los resultados de los tres niveles de elección, y en los que Danilo Medina fue declarado ganador como presidente, así como 21 senadores y 59 diputados electos.
Esos resultados sólo han sido aceptados, con críticas, por la oposición en el nivel presidencial.
Sin embargo, en torno a los otros niveles, los candidatos presidenciales Minou Tavárez Mirabal, de Alianza Por la Democracia (APD); Soraya Aquino, del Partido de la Unidad Nacional (PUN); Guillermo Moreno, de Alianza País (Alpaís); Pelegrín Castillo, de la Fuerza Nacional Progresista (FNP); Elías Wessin Chávez, del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC) y Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), han argumentado que hubo irregularidades graves.
En una rueda de prensa en conjunto mostraron a la nación las supuestas pruebas irrefutables que aseguran tener sobre las elecciones que afirman estuvieron caracterizadas por un patrón sistemático de manipulaciones fraudulentas.
Esas críticas no han encontrado respuestas del organismo electoral, cuyo Pleno tiene pendiente pronunciarse en torno a un pedimento de ese grupo opositor de realizar un conteo manual de la totalidad de los votos en los tres niveles de elecciones y en los de ultramar.
Pero la JCE no sólo ha callado ante las exigencias de la oposición, tampoco ha dado respuestas a las reflexiones de organismos internacionales, quienes pusieron en telas de juicio la operatividad del certamen.
En el caso de la Organización de Estados Americanos (OEA), citó dificultades del personal para operar los equipos destinados al escrutinio y el registro de concurrentes utilizado en los comicios. Mientras la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE) criticó que el órgano electoral no cumplió con la previsión de instalar esos equipos dos días antes de las elecciones.
Ambos organismos destacaron, además, la tardanza en las aperturas de los colegios electorales.
Las elecciones también trajeron consigo luto, pues unas seis personas habrían muerto en el proceso electoral, todas después de cerrado el horario de votación, según lo revelado por el propio presidente de la JCE.
A ello se suma que durante los días de cómputos se registraron incidentes frente a las sedes electorales de por lo menos 22 juntas electorales que llevó a reforzar la seguridad de los recintos.
Además, protestas de grupos sociales que se trasladaron frente a la sede electoral, en repudio los resultados de los comicios.
En el ínterin, la Junta Central decidió hacer un puente laboral hasta el lunes, aprovechando el feriado, conjuntamente con las juntas electorales que hayan terminado el escrutinio de los votos. La medida ha sido denominada como un acto de justicia institucional por Rosario, debido a las intensas jornadas de trabajo fruto de las elecciones.
Sobre el proceso y la JCE
El retraso sobre los resultados de las elecciones, según ha señalado en varias ocasiones el presidente de la JCE, Roberto Rosario, obedece a que en muchas juntas electorales, los partidos solicitaron un reconteo manual de los votos.
Hubo mesas, de acuerdo a lo indicado, en las que los votos fueron contados tres y cuatro veces, sin que la JCE pudiera intervenir.
Se espera que el Pleno de la JCE se reúna para conocer múltiples informes sobre el proceso de elecciones, así como decidir sobre peticiones realizadas por los partidos políticos.
